Entre sus varias acepciones, la Real Academia Española define al sustantivo independencia como la “libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro”. A partir de esta definición es evidente que la Argentina no es ni ha sido un país independiente, sino más bien todo lo contrario. Por eso, antes que reflexionar sobre la independencia nacional, resulta más atinado hacerlo sobre los factores que concurren a explicar la matriz dependiente de la economía.

Más específicamente, y desde nuestra perspectiva teórica, en lo que sigue presentaremos de modo esquemático las que, a nuestro entender, constituyen las principales restricciones estructurales para que la economía argentina rompa con su cuadro histórico de dependencia.
Antes de abocarnos a ello, conviene explicitar algunas de las principales dimensiones características de una situación de dependencia económica.

La primera se vincula con la noción de dependencia tecnológica. Ésta surge de la incapacidad que ha tenido la Argentina para acceder a niveles crecientes de autonomía y de integración y diversificación del tejido productivo por la vía del desarrollo nacional de industrias de alto contenido tecnológico. Se trata de ámbitos manufactureros que, como lo demuestra la copiosa evidencia disponible, no casualmente han sido (y siguen siendo) centrales para el desarrollo de la mayoría de los países que lideran la fase actual del capitalismo a escala mundial.

La segunda dimensión pasa por lo que podríamos llamar la dependencia conceptual. Pese a los vaivenes que ha experimentado el ciclo económico, político e ideológico en el país, el cuadro de dependencia económica se asocia a la larga hegemonía del postulado de las ventajas comparativas. Según el mismo, lo mejor que le puede suceder a nuestro país es afianzar un perfil de especialización y de inserción internacional asentado en aquellos rubros en los que somos genuinamente competitivos; esto es, en sectores asociados básicamente al procesamiento de recursos naturales y unos pocos commodities fabriles. Y que, amplia apertura comercial mediante, nos aboquemos a importar gran parte de los bienes industriales que sostienen la demanda productiva y la de los consumidores. Por lo general, en estos planteos, ampliamente difundidos en ámbitos ortodoxos, pero también recuperados por acción u omisión en no pocos espacios heterodoxos, no se consideran los límites marcados que este tipo de perfil le impone a la generación de empleo, a la capacidad de sostener en el tiempo una ecuación distributiva relativamente equitativa, a la reducción de la dependencia tecnológica y, con ello, la difusión de aprendizajes y progreso técnico y, en suma, al propio desarrollo económico nacional.

Finalmente, un tercer plano sería el de la dependencia de divisas, que alude al hecho de que, por razones específicas que varían a lo largo de distintas coyunturas históricas (aunque muchas veces se repiten), suele ser habitual que en su funcionamiento efectivo la economía argentina requiera un volumen de divisas que no se logra generar de manera endógena, de allí las recurrentes crisis externas que ha afrontado el país. Se trata de una cuestión relevante por múltiples aspectos, particularmente porque el actor económico que “pone” las divisas para sostener la dinámica del modelo de acumulación local, asume y detenta una centralidad estructural decisiva o, en otras palabras, cuenta con un poder de veto ostensible y determinante sobre el accionar estatal, que generalmente hace pesar a su favor y que se puede manifestar de maneras diversas (corridas cambiarias, subas de precios, reticencia inversora, obtención de diversos tipos de prebendas, “colonización” de ciertos espacios de la gestión pública, etc.).

Si bien se trata de tres dimensiones complementarias de la dependencia económica, aquí nos focalizaremos puntualmente en la última y le daremos relevancia a dos cuestiones. Por un lado, a la enunciación de los carriles más relevantes por los cuales suelen salir divisas desde la Argentina hacia el “resto del mundo”. Por otro lado, al señalamiento de los principales mecanismos a través de los cuales ingresan divisas al país, las que pueden o no compensar los flujos salientes, dando lugar a escenarios de restricción externa manifiesta o a la postergación de tal desenlace crítico.

En nuestra aproximación analítica, esto es importante no sólo para entender la trayectoria de la balanza de pagos en algún período específico, sino esencialmente para aproximarnos al carácter social de los procesos económicos, con la debida identificación de los actores que sacan/ingresan divisas al país (muchas veces un mismo actor aparece en “los dos lados del mostrador”, lo cual amplifica sobremanera su poder económico). Y, en ese marco, del mapa de ganadores y perdedores que, en términos de clases sociales y fracciones de clase, resulta de la articulación de una amplia gama de variables, entre las que sobresalen el contexto internacional y, en el nivel interno, la naturaleza de las políticas públicas (acciones y omisiones estatales en diversos frentes), las estrategias desplegadas por los diferentes actores económicos, el conflicto de intereses, las bases sociales de sustentación de los diferentes planteos económicos y, en definitiva, el propio desenvolvimiento del modelo de acumulación.

La salida de divisas de un país suele discurrir por los carriles más variados. Desde nuestro enfoque, en el caso argentino sobresalen cinco factores estructurales:

1 La economía argentina presenta niveles elevados de concentración y extranjerización. Por ejemplo, las 200 empresas más grandes del país explican alrededor del 20% del PBI y algo más del 60% de las exportaciones. Dentro de ese universo de firmas líderes, un total de 137 pertenece a capitales extranjeros (sea mediante el control accionario total o mayoritario, o bien en asociación con actores locales).

El notable predominio que ejerce el capital extranjero en nuestra economía responde a diversas cuestiones, entre los que se destacan: la vigencia de una Ley de Inversiones Extranjeras sumamente permisiva que fue sancionada durante la última dictadura militar y se amplió aún más en el menemismo, la suscripción en la década de 1990 de numerosos Tratados Bilaterales de Inversión con cláusulas leoninas en contra del país (la gran mayoría de los mismos todavía está en curso), y la debilidad manifiesta de buena parte del empresariado nacional.

Esto incorpora un elemento crítico sobre la balanza de pagos en la medida en que las empresas extranjeras suelen ser grandes “consumidoras” de divisas por distintas razones: remisión de utilidades y dividendos, pagos de honorarios, regalías e intereses, establecimiento de precios de transferencia por diferentes medios, etc. Ello, generalmente en el marco del control oligopólico que estos capitales ejercen en una multiplicidad de sectores, las ganancias extraordinarias que logran internalizar por distintas vías y su relativamente baja propensión a la reinversión en escenarios donde la intervención estatal suele apuntalar todos estos elementos.

2. Salvo en momentos puntuales, la industria argentina ha registrado abultados desequilibrios comerciales, con las consiguientes implicancias negativas sobre la balanza de pagos.

En el transcurso del modelo de sustitución de importaciones, los denodados esfuerzos realizados sentaron las bases para dinamizar a muchas actividades fabriles y lograr una cierta diversificación sectorial, pero no para revertir la dependencia de divisas y la tecnológica, toda vez que, por diferentes razones, resultó muy complejo avanzar en la integración del entramado productivo a instancias del desarrollo sustitutivo de muchos insumos intermedios de uso difundido y, fundamentalmente, de maquinarias y equipos. Se trató de un período en el que el sector agropecuario y los grandes terratenientes perderían predominio económico, pero preservarían su centralidad estructural en calidad de abastecedores de divisas.

A partir de la dictadura militar de 1976-1983, el cuadro externo desfavorable se agrava sobremanera en el marco del despliegue de un proceso de desindustrialización y de reestructuración sectorial profundamente regresivo y de largo alcance que, con sus más y sus menos, perdura hasta nuestros días. Entre sus manifestaciones más salientes, este proceso va a implicar un vuelco de la estructura industrial local hacia el procesamiento de recursos naturales (reprimarización) y un desmantelamiento de numerosas ramas industriales, sobre todo las que presentan mayores potencialidades en lo atinente a la generación, la difusión y el uso de tecnologías. Ello, a raíz de la implementación de políticas económicas cuyo sustrato conceptual encuentra sus raíces en planteos centrales de la teoría de las ventajas comparativas y que tuvieron un neto sesgo anti-industrial y desembocaron en el desplazamiento de producción nacional por bienes importados (por caso, el shock aperturista de Martínez de Hoz y el aplicado en el decenio de 1990, la “tablita”, el propio plan de convertibilidad, algunas regulaciones para rubros manufactureros específicos, etc.). Como consecuencia de todo esto, a la par que se simplificó el entramado fabril, se potenció notablemente la dependencia tecnológica y tuvo lugar un proceso acelerado de concentración y centralización del capital, se registraron déficit comerciales sumamente pronunciados, con la excepción de unas pocas industrias procesadoras de materias primas y controladas por grandes corporaciones extranjeras y un puñado de grupos económicos locales.

Durante los gobiernos del kirchnerismo, pese a los escenarios y los planteos aparentemente más proclives a la “reindustrialización”, buena parte de los sesgos heredados (reprimarización, dependencia tecnológica, concentración y extranjerización, desaprovechamiento de la masa crítica existente, etc.) se profundizaron y, salvo en unos pocos años, se manifestaron desequilibrios comerciales abultados. Uno de los principales elementos para dar cuenta del afianzamiento de estos rasgos del sector manufacturero pasa por el peculiar “fomento industrial” que se instrumentó que, entre otras cosas, trajo aparejado el desplazamiento de producción nacional por importaciones, “sustitución inversa” que se verificó en numerosos rubros fabriles como, entre otros, el automotriz, el de bienes de capital, la electrónica de consumo y los proveedores del sector energético.

Es en ese marco que se manifiesta una “paradoja” interesante: si bien durante los gobiernos kirchneristas la industria fue catalogada como la “locomotora del crecimiento” y el sector dinamizador y ordenador de un “modelo de crecimiento con inclusión social”, en los hechos la no reversión de la dependencia sectorial de divisas terminó fortaleciendo la centralidad estructural y el poder de veto de los grandes proveedores de divisas en la Argentina, cuyo ciclo de acumulación y reproducción ampliada del capital en la esfera productiva gira alrededor de actividades con un bajo o nulo grado de industrialización.

3. En el derrotero de la dependencia de la economía argentina, a comienzos del decenio de 2010 irrumpe con fuerza un factor que erosiona de manera considerable los saldos externos. Nos referimos al déficit comercial del sector energético. En la explicación de este elemento “nuevo” confluyen principalmente dos tendencias que se generaron al calor de las reformas neoliberales de los años 1990 (desguace y venta de YPF, “desregulación” del mercado hidrocarburífero, privatizaciones en el segmento del gas natural y la energía eléctrica, etc.), y que, lejos de corregirse, se reforzaron bajo los gobiernos del kirchnerismo. Por un lado, la marcada dependencia que presenta la matriz energética nacional respecto de los combustibles fósiles. Por otro, la estrategia desplegada por el oligopolio petrolero –y convalidada por muchas acciones y omisiones estatales– de jerarquizar la sobreexplotación y la subexploración.

Para tener una dimensión de este nuevo dato estructural de la dependencia externa, basta con señalar que entre 2013 y 2015 el nivel de actividad prácticamente no se expandió en la Argentina y el déficit comercial acumulado del sector energético se aproximó a los 17 mil millones de dólares.

4. Entre 1976 y 2001, sobre todo durante la dictadura militar y en la convertibilidad, el gran empresariado argentino y las clases altas remitieron cuantiosos recursos fuera del territorio nacional, principalmente a través de la compra de activos en el exterior, tanto físicos (por ejemplo, vía inversiones inmobiliarias y en empresas), como financieros (divisas, títulos, acciones, etc.), aunque las evidencias disponibles indican que esta última fue la modalidad privilegiada.

Bajo los gobiernos kirchneristas la fuga de capitales por parte de estos grupos también fue sumamente dinámica, en particular en algunas coyunturas económicas y/o políticas puntuales.

Esa línea de continuidad en lo que hace a la “formación de activos externos” por parte del sector privado no debería hacer perder de vista la existencia de algunas modificaciones en ese proceso de internacionalización.

En el marco de la hegemonía neoliberal la fuga de capitales estuvo básicamente relacionada con el despliegue por parte del capital local más concentrado de estrategias de valorización financiera, así como con la salida al exterior de buena parte de los recursos generados por la venta de empresas y grupos nacionales al capital extranjero. En la fase más reciente, si bien algunos de estos elementos se mantuvieron (como la remesa de recursos generados por la desnacionalización de algunas empresas oligopólicas), lo que parece haber primado es el envío al exterior de las abultadas ganancias internalizadas por este segmento del poder económico en un escenario de fuerte crecimiento durante varios años y relativa reticencia inversora.

5. El último aspecto estructural de la dependencia de la economía argentina que queremos remarcar, pero no por eso el menos importante, remite al peso de la deuda externa.

En el transcurso del largo período de auge del neoliberalismo el incremento del endeudamiento externo se asoció o, más atinadamente, resultó plenamente funcional a la internacionalización financiera que llevaron a cabo las fracciones predominantes del capital. De allí el crecimiento exponencial que experimentaron la deuda externa y la fuga de capitales locales al exterior: en 2001 el stock de estas variables se aproximó, en cada caso, a los 140 mil millones de dólares (a mediados del decenio de 1970 comprometían, respectivamente, algo más de 7 mil millones de dólares y cerca de 4 mil millones).

En referencia a estas cuestiones, caben dos comentarios.

El primero es que al calor de los ciclos de endeudamiento externo, así como de otros procesos estrechamente relacionados (como la estatización de la deuda externa privada a comienzos de la década de 1980), se produce el ingreso al seno del poder económico local de los acreedores externos que, al menos hasta el final de la convertibilidad, pasarían a ocupar un lugar prominente en la definición de la política económica y en la captación del excedente generado socialmente.

El segundo es que el predominio de “lo financiero” como uno de los ejes más salientes del modelo de acumulación vigente entre 1976 y 2001 no implica que los grandes ganadores fueran exclusivamente los actores del sector (como los bancos). También resultaron ampliamente beneficiadas numerosas grandes empresas y grupos económicos que, aun basando su acumulación en actividades productivas, pudieron apropiarse por distintos medios de una proporción considerable del excedente y, en lugar de reinvertir esos recursos en la esfera de la producción, los canalizaron hacia diversas modalidades de especulación financiera y/o a la fuga de capitales. Este accionar fue convalidado e impulsado por la propia intervención estatal y, fundamentalmente, por el “combustible” que brindó la deuda externa (en especial, la contraída por el sector público).

Durante las administraciones kirchneristas se priorizó una estrategia diferente. El llamado “desendeudamiento” alude a la declinación del peso de la deuda pública en el PBI. Dicho proceso se debió, en lo sustantivo, a la confluencia de tres factores: una reducción inicial del monto adeudado tras el canje de deuda realizado en 2005 (luego reabierto en 2010), el pago “al contado” de vencimientos de capital con reservas internacionales (entre ellos, el pago por adelantado al FMI) y la expansión del nivel de actividad. Esto no quita que el stock de deuda pública se haya incrementado en términos absolutos, pero asociado a un cambio relevante en términos de acreedores (con un lugar destacado de deuda entre organismos estatales) y en la significación de la deuda expresada en moneda nacional (aproximadamente la mitad frente a menos del 10% antes de la reestructuración). Tal fue el crecimiento absoluto de la deuda en tiempos del kirchnerismo que la ex presidenta destacó en más de una ocasión el carácter de “pagador serial” de la Argentina.

Pese al “desendeudamiento”, el capital y los intereses de la deuda externa siguen representando un lastre enorme para nuestro país. En la actualidad este elemento crítico merece ser tenido en cuenta, máxime ante la estrategia que ha venido desplegando el gobierno de Macri. A la par de un ajuste profundamente regresivo, dicha estrategia se inscribe en el intento (hasta el momento exitoso) de restablecer las bases para un nuevo y virulento ciclo de endeudamiento externo funcional a los intereses del capital extranjero predominante en el plano estructural y de los sectores domésticos que motorizan la fuga de capitales, la financiación de importaciones que muchas veces desplazan producción nacional y, por ende, afianzan la dependencia tecnológica y la reprimarización, y un nuevo auge de la especulación financiera. En ese marco, el “re-endeudamiento” ha vuelto a posicionar a “lo financiero” como uno de los ejes del modelo de acumulación y está posibilitando el “regreso triunfal” de los acreedores externos y el capital financiero al núcleo duro de los sectores dominantes de la Argentina.

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En una economía con tanta “sangría estructural” de divisas, y en ausencia de una estrategia nacional de desarrollo que ataque decididamente los nodos centrales de la dependencia económica, resulta inevitable garantizar flujos de recursos (divisas) que ingresen al país y permitan compensar en mayor o menor grado los recursos salientes. En otras palabras, las vías a través de las cuales ingresan divisas al país serán decisivas para morigerar o postergar la inevitable ocurrencia de episodios de restricción externa que, por lo general, suelen ser “solucionados” con políticas de ajuste con un claro (y procurado) perjuicio sobre el campo popular. Para el analista, la identificación de los canales escogidos para “financiar” la dependencia arroja interesantes elementos de juicio para aproximarse al referido carácter social de los procesos económicos.

De modo excesivamente sintético, la experiencia de nuestro país permite identificar al menos cinco mecanismos (no excluyentes entre sí) por los cuales pueden ingresar (o ahorrarse) divisas:

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El endeudamiento externo: se trata de un instrumento tan “seductor” como complejo ya que si bien entran recursos a la economía local, en el “minuto siguiente” hay que afrontar el pago del capital y los intereses adeudados, con el riesgo serio de caer en recurrentes crisis de deuda en tanto los créditos externos generalmente no se utilizan para apalancar el desarrollo nacional;

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El fomento a la radicación de inversiones extranjeras: con un problema similar que la deuda en “t+1” en la medida en que el capital foráneo suele remitir cuantiosos recursos al exterior por múltiples vías (a lo cual habría que adicionar el hecho de que su accionar ha tendido sistemáticamente a potenciar el cuadro de dependencia tecnológica y el tipo de especialización e inserción internacional prevaleciente)

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La repatriación de capitales de argentinos en el exterior: mediante “blanqueos” de distinta naturaleza, en diferentes momentos de la historia reciente se apostó a este objetivo con escasísimos resultados efectivos y muy altos y variados costos para la sociedad;

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La obtención de un superávit de balanza comercial: el mismo puede generarse merced al despliegue de un proceso virtuoso de sustitución de importaciones y/o de un crecimiento pronunciado de las exportaciones. En este último aspecto, será importante contemplar en base a qué tipo de bienes (y de actores) se sostiene la inserción exportadora: desde el punto de vista del desarrollo del país, no es lo mismo exportar soja y derivados, minerales y commodities industriales, que productos sofisticados en materia tecnológica y con efectos multiplicadores en el plano interno, por caso en términos de creación de empleo, encadenamientos productivos, innovaciones e inversiones; y

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Un ajuste de la economía que, principalmente vía la reducción del poder adquisitivo de los salarios y la consiguiente redistribución regresiva del ingreso, procure “planchar” el nivel de la demanda interna y, por ese medio, los requerimientos de importaciones.

Desde el punto de vista del carácter social de los procesos económicos, no es lo mismo que el modelo de acumulación se expanda a partir de “dólares financieros”, que de “dólares comerciales” o de “dólares por inversiones extranjeras”. Es evidente que en un caso el esquema económico escogido y la correlación de fuerzas tenderá a favorecer a los acreedores externos y el capital financiero, en el otro a los grandes exportadores y/o a sectores de la burguesía industrial que sustituyen importaciones, y en el último al capital extranjero. Sin duda, una caracterización objetiva del carácter de un modelo de acumulación en una etapa histórica determinada no puede obviar la elucidación de cuál/es es/son el/los instrumento/s y el/los actor/es privilegiado/s para “financiar” la dependencia económica en términos de divisas.

En esa clave interpretativa, y de manera esquemática, una lectura de la trayectoria de la economía argentina en las últimas décadas indica que: en la dictadura militar de 1976-1983 se privilegió el “financiamiento” vía endeudamiento externo; en el transcurso del primer gobierno de la recuperación de la democracia la centralidad la asumieron los grandes exportadores (sobre todo de commodities industriales) y el ajuste recesivo; bajo la convertibilidad se priorizó la deuda, las inversiones extranjeras y, desde mediados de la década de 1990, el ajuste de la economía; durante buena parte de las administraciones del kirchnerismo el eje del “financiamiento” pasó por los grandes exportadores (en especial de materias primas y algunos derivados manufacturados); y en lo que va del gobierno de Macri todo parece indicar que el epicentro se ha desplazado nuevamente hacia el endeudamiento externo y el ajuste recesivo.

De esto se sigue que a pesar de las indudables líneas de continuidad existentes, principalmente referidas a la profundización de la dependencia económica de la Argentina, cada una de las etapas aludidas tiene su especificidad histórica en términos de la dinámica del modelo de acumulación, la correlación de fuerzas entre las distintas clases sociales y fracciones de clase y la composición del bloque de poder. La captación de tal singularidad reviste importancia desde un punto de vista analítico, pero también en clave política.

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Las consideraciones que anteceden aluden al carácter dependiente de la economía argentina. Es indudable que para transitar el “camino a la independencia” se necesita reflexionar y problematizar socialmente la naturaleza de los factores estructurales que lo bloquean (aquí esbozamos algunos, los que a nuestro criterio son los más importantes). Sin duda, ese tránsito involucra un desafío harto complejo desde el punto de vista técnico, pero particularmente en términos políticos en la medida en que los grupos sociales más favorecidos con la dependencia económica de nuestro país seguramente harán jugar todos los elementos a su alcance para preservar y multiplicar su poderío económico y, con eso, el cuadro de dependencia. De allí que resulte imperiosa la construcción de una amplia fuerza social en pos de una genuina independencia económica nacional.