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Un recorrido sobre las formas jurisdiccionales de gobierno en la transición a la modernidad política

Un recorrido sobre las formas jurisdiccionales de gobierno en la transición a la modernidad política

Agustín E. Casagrande

Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho/Universidad nacional de San Martin, Argentina
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Justicias, agentes y jurisdicciones. De la Monarquía Hispánica a los Estados Nacionales (España y América, siglos XVI-XIX).

Elisa Caselli (coord.). Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2016, 462 pp.

Justicias, Agentes y Jurisdicciones, coordinado por Elisa Caselli, es el resultado de un encuentro de variados investigadores especialistas en la historia de la justicia que se dieron cita en el marco del proyecto sobre la construcción de los Estado nacionales que dirigiera Juan Carlos Garavaglia. Como su subtítulo lo indica (De la Monarquía Hispánica a los Estados Nacionales, España y América siglos XVI-XIX), la investigación conjunta pretende brindar una dimensión analítica sobre el proceso de construcción del poder estatal partiendo del gobierno jurisdiccional de la tradición hispánico-indiana, para observar su progresiva –y nunca total– desarticulación, y el ascenso de nuevas lógicas de saber-poder, de cuyos pliegues ha emergido la particular estatalidad Latinoamericana.

El marco institucional, entonces, debe jugar como una advertencia importante. Ello así, dado que esta obra no se circunscribe solo a un glosario de las prácticas judiciales del antiguo régimen en el pasaje a la modernidad sino, más bien, a la problemática acuciante de la particular estatalidad latinoamericana que encuentra en el derecho y la justicia claves hermenéuticas para comprender la dinámica del poder, incluso en el presente. Esa dimensión que ataca la obturación precomprensiva del Estado, se ve intercambiado por el consiguiente interés hacia el particularismo local. Especialmente, ello se observa cuando Elisa Caselli remarca la importancia de asumir una posición crítica contra la historia del derecho decimonónico. A partir de allí, emerge la conciencia de los desajustes de esa particular historiografía, dado que esta última había extrapolado al mundo premoderno los sentidos inscriptos en su presente de escritura, el cual –en resumidas cuentas– equiparaba derecho a Estado-Ley, desoyendo otras voces y saberes que eran estructurales para el ordo iuris del mundo premoderno, y que ahora merecen ser recuperados. Así, la vuelta sobre el mundo del derecho desde la historia requiere otras herramientas heurísticas para desmontar la aparente transparencia que reposaba sobre la operación dogmática, la cual obturaba la comprensión de otras formas de gobierno.

Claramente, la operación que exhibe la autora al alertar sobre la tensión entre el paradigma conceptual decimonónico y la alteridad radical que se imponía en el lenguaje de las fuentes, resulta familiar al lector interesado en la historia conceptual. Es que el efecto de extrañamiento y la clave antropológica para recomponer órdenes simbólicos y racionalidades que escapan al presente del investigador parecen encontrar un eco en la pregunta radical por la constitución política [Verfassung] que activara Otto Brunner –por mor schmittiano– en el estudio de la historia constitucional alemana.1 Así, el efecto de antropologización de la historia se vuelve pieza central en cada uno de los enfoques seguidos por los autores. Por ejemplo, dicho interés antropológico, y la deriva conceptual que lo acompaña, se ve actualizado mediante dispositivos categoriales creados por los observadores –por ejemplo, infrajusticia, en el caso del arbitraje en el estudio de Mantecón Movellán–; o por la encarnadura histórica y la capacidad de agencia de los vecinos y oficiales en la actuación del derecho –extremo observado, con particular insistencia en los artículos de Herzog, Albornoz Vázquez y Velazco Herrera–. De esta manera, la necesidad de suspender las categorías transparentes para adentrarse en el mundo político por vía de la justicia deviene un elemento que aúna los trabajos del volumen.

Ahora bien, más allá de dichas dimensiones teóricas que importan posicionarse desde la perspectiva de una sociología de las prácticas, aparece como central, en los estudios que componen el volumen, la práctica del historiador envuelto en el mundo de la fuente judicial y sus fuentes correlativas que la integraban –literatura jurídica, leyes, escrituras, porcones–. Esa atracción por el archivo determina no solo una posición enunciativa que diversifica la mirada del historiador de aquella del jurista, sino también que es allí donde se redescubre un campo fértil para el reencuentro con la dimensión social: es decir, con el agente envuelto en las redes de la justicia. De esta forma, como consecuencia necesaria de partir de las causas judiciales, el mundo procesal ha servido de eje axial para, por un lado, observar los usos de la justicia como campo de disputa social y, por otra parte, como mirilla para hallar, tras los espesos textos de la praxis jurídica, un entramado social escindido del texto de la ley. Los matices corren por cuenta de los autores y se ven determinados por su particular interés. Para esta mirada general de la obra, cabe señalar, finalmente, que el Ordo Iudiciorum presenta la doble problemática del análisis de saberes jurídicos que estaban allí para ser activados por los actores en los diversos niveles jurisdiccionales en soluciones de conflictos entre vecinos, hasta llegar a las Visitas de altos Ministros,2 lo cual da cuenta de una duplicidad de complejidades. La primera es la compleja indiferenciación entre el saber letrado y el mundo lego en la apropiación del sentido del derecho, cuya comunicación nunca puede ser escindida del todo. La segunda, pone en tensión el uso popular de la justicia. Ello así, toda vez que ese uso nunca era del todo libre, sino que al contrario, estaba atravesado por el sentido que le otorgaba a las prácticas el universo simbólico del derecho.3 Es aquí donde la intuición del historiador es clave para reconocer la agencia en un mundo de actores que a primera vista parecen estar siendo hablados por la semiosis jurídica.

Dicho diálogo ha devenido fructífero, para situar y seleccionar las fuentes que inspiran a la reflexión, las cuales se ven recortadas por intereses del historiador pero dimensionadas por el mundo jurídico que sirvió a su producción como objeto cultural, hoy resguardado en el archivo. Entonces, frente a un posible al ataque frente a la dispersión de estudios, la bandera de la antropología jurídica se levanta. Es que la lógica de una cultura jurisdiccional determinaba un criterio territorial experimentado por la espacialización de los actores, pero no por ello ajeno a un sentido cultural históricamente determinado. La dimensión política –constitucional– hace que los estudios reunidos en el libro, lejos de mostrar una dispersión de casos, sean más bien un fiel resultado de un condicionamiento político-histórico que excede a la simple elección de la escala por los historiadores. Así, saber jurisdiccional, por un lado, y agentes y justicias, por otro, se encuentran mediatizados no solo por la “costumbre” en el sentido thompsoniano, sino por el saber jurídico que constituía las prácticas. Ello también determina la escala microfísica de los casos estudiados, donde las redes de conocimiento entre los agentes de la justicia –en su doble espada secular y eclesiástica– y los vecinos, los malentretenidos, los pueblos de indios, etc. expresan una experiencia social de tipo local –de pequeña escala– que habilita a la pregunta: ¿quiénes eran estos actores y qué relaciones tenían? De esta forma, con la conciencia de hallarse frente a dicho condicionamiento cultural la mirada sobre las redes sociales, las amistades-enemistades, las técnicas jurídicas que vehiculaban el poder, se convierten en materia central de la obra. A su vez, ello permite una muy interesante integración de las partes de la obra dependiendo de aquello que busca cada investigador, en su mirada sobre el mundo social de la justicia. Dicho esto, puede observarse el interés que media en cada parte del trabajo.

Los estudios de la primera parte se concentran en el recorte sobre los usos políticos de la justicia. El ya señalado arbitraje como modo de infrajusticia en la región cantábrica en el antiguo régimen; los estudios sobre la negociabilidad de la política por la vía jurídica que nos acerca Pilar López Bejarano para la Nueva Granada entre los siglos XVIII-XIX y Tamar Herzog para las visitas al presidente de la Audiencia de Quito en el siglo XVIII; las tensiones entre agentes –protectores-defensores– y los pueblos blancos-mestizos y los pueblos indígenas de Viviana Velasco Herrera en la sierra ecuatoriana entre 1830-1857; y, finalmente, las técnicas jurídicas para refrenar los extensos pleitos por injurias que recupera María E. Albornóz Vásquez para Chile en el período que va desde 1790-1873. Estos trabajos exhiben una posibilidad de reconstrucción histórica, donde el camino de lo social aparece mediatizado por el espacio de poder judicial, el cual brindaba legitimidad a las acciones de vecinos y demás agentes. Pero que no obstante dicha carga debían corresponderse con las acciones concretas que son aquí reubicadas en el contexto del conflicto político-jurídico.

En la segunda parte de la obra, el orden procesal y la institución que compone la práctica jurisdiccional se ve atravesada por el punto nodal de la acción: los oficiales de justicia. Los oficios y su ejercicio, amén del componente social de prestigio en una comunidad política de tantas personas como estados, también eran fuentes importantes de acrecentamiento del peculio personal de los jueces, quienes no obstante su interés en la justicia, se servían de los mismos para obtener algún rédito. Ello impactaría doblemente en la dinámica social. Por ejemplo, en el estudio de Elisa Caselli sobre Castilla en la edad moderna, la venalidad, las estrategias de cobro y los frenos jurisdiccionales a la práctica de subsumir el bene commune al “interés particular” motivan una hipótesis muy interesante que propone que la conflictividad jurisdiccional no solo era constitutiva de la pluralidad de jurisdicciones entramadas profundamente, sino que eran también insufladas por mor del beneficio personal de los agentes. Con ello se complejiza la consecución de la quietud perseguida por el ordo iuris de la época. Por otra parte, las acciones de los magistrados encontraban límites institucionales. Así, no era extraño, como lo destaca el capítulo de Inés Gómez González, que los ministros salieran en defensa de sus actos frente al control institucional. En este caso, la autora recupera el valor de los Porcones que, como alegaciones de derecho, hacían imprimir los magistrados frente a las visitas. El carácter impreso facilitaba la circulación dentro del Consejo, buscando favorecer la decisión exponiendo de manera erudita aquellas posiciones que negaban las acusaciones en su contra. El universo jurídico-conceptual de allí extraído permite conocer más sobre la fama y la honra, sobre merecido favor del Rey a sus ministros, etcétera.

Más allá de los ministros y justicias, la obra presenta un variopinto mundo jurisdiccional que se contorneaba mediante la acción de otros agentes. Así, Aude Argouse recupera la experiencia de los notarios en Santiago de Chille entre mediados del siglo XVII y comienzos del XVIII. En su fresco la representación –jurídica no política– sirve para pensar las distancias, es decir, en cómo una persona podía hacerse en otro lugar por medio del mandato, volviendo a la vida las experiencias de intermediación social de la práctica notarial. Por su parte, Juan Carlos Ruíz Guadalajara se detiene sobre los suplicios capitales en San Luis Potosí en 1767, donde la emergencia del discurso ilustrado pareciera no haber podido refrenar la acción del “brazo ejecutor”, es decir, del Verdugo, en una práctica que tenía al cuerpo como factor que aunaba precomprensión política y castigo. Cierra la segunda parte, el estudio de Víctor Gayol sobre los gobernadores militares de Tlaxcala entre 1786-1821, donde se pone en juego la tirantez entre el gobierno económico-militar y la justicia tradicional. En un marco de reformas borbónicas, la complicada situación de Tlaxcala le da pie para observar el funcionamiento de la jurisdicción frente al avance de la lógica borbónica de gobierno. Allí, diversas justicias aparecerán para explicar el balance complejo que adquiere el mundo novohispánico en los intentos por gobernar la justicia. Tendencias no del todo cerradas y que lejos de resolverse en un desenlace teleológico exhiben la tensión entre lógicas de gobierno, que importan ya de por sí la totalidad de una tesis.

La tercera parte del volumen observa el conflicto jurisdiccional entre diversas instancias que podía manifestarse tanto por la tensión entre la justicia seglar y la eclesiástica, o entre diversos órdenes seculares. Manfredi Merluzzi se detiene en el conflicto jurisdiccional despertado entre la Audiencia de Lima y el Virrey, como también en los choques interaudienciales en el siglo XVI. Ello no solo se observaba entre distintas instituciones, sino que también se radicaba en la acumulación de oficios en un mismo actor. Para este último caso, aparece el estudio sesudo de Miriam Moriconi y María Elena Barral, quienes brindan luz sobre los problemas de la jurisdicción y justicia eclesiástica para el Río de la Plata en tiempos de reformismo borbónico. Claramente, que estos estudios dimensionan y ofrecen una mirada muy relevante para comprender las tensiones inherentes al oficio de justicia en un universo semantizado por la experiencia católica postridentina. Si bien muchas veces obturado por el refuerzo de la mirada seglar, la relevancia de estas indagaciones, amén de la particularidad social apresada en ellos, devuelve voces que se alinean con la dimensión religiosa del discurso social de los agentes de justicia.

Los últimos tres ensayos exhiben las diversas modalidades de construcción del orden en el proceso de formación de una justicia moderna montada sobre un paradigma pretendidamente legal. Así, el trabajo de Federica Morelli, mediante el análisis de una condena a muerte de un esclavo y la mirada crítica sobre el proceder del jefe político y militar, que devolvió el fiscal de la Audiencia de Quito en 1829, exhibe la conflictividad jurisdiccional en clave temporal. De allí sale la luz la tensión entre tradición constitucional y el anhelado “imperio de la ley”. El artículo de la autora explora una cuestión central para la comprensión de la cultura jurídica hispano-indiana, en clave de armado político del territorio, en tiempos de la emergencia de la política moderna. Dicha cuestión se ve también revisitada en los últimos dos artículos que aparecen en el volumen, en los cuales se observa el dificultoso y progresivo pasaje de una justicia de jueces tradicional a una de leyes. Melina Yangilevich aborda la creación de instituciones de gobierno –policía, justicia de paz y justicia letrada–, la modificación legislativa y las prácticas de control social en la campaña bonaerense entre 1821 y 1886. Allí, exhibe la forma de mediación que cumplió la justicia de paz en el pasaje hacia una particular forma de estatalidad, tensionada entre las lógicas jurisdiccionales del pasado hispánico y las nuevas demandas de una justicia legal-letrada como ideario de la modernidad política. En sintonía con la propuesta de Yanguilevich, Darío Barriera da cuenta de la experiencia santafecina en relación con la justicia de paz que se creara a partir de la tardía supresión del Cabildo local, el cual –a diferencia de lo acaecido en otras áreas del territorio rioplatense– vio su cierre en el año de 1833. La justicia –y en particular la de paz– emerge como uno de los factores claves para cuadrar las problemáticas de dicho pasaje, tras el cual no solo se formaba una nueva legitimidad, sino que se actuaban en prácticas concretas diversas formas de autoridad y de gobierno local para mantener la quietud pública y el orden de la comunidad.

El largo recorrido propuesto por la obra repercute sobre la problemática del derecho en la cotidianeidad de lo contemporáneo. Así, lejos de ser un panorama sobre lo pasado, exhibe las estratificaciones de sentido que se incorporan, muchas veces, sin saberlo en la discusión del presente. Es así que la dinámica conceptual sale una vez más al reencuentro del lector. No solo por la semántica inscripta en los conceptos que se piensan transparentes y que ocultan tras sí una totalidad radicalmente diversa a la del presente, sino también por esos significantes que reaparecen con extrañeza en las fuentes concretas visitadas por los autores. Entonces, la atención desborda la fuente e inquieta la lectura guiada por la conceptualidad contemporánea. Como se preguntaba Bartolomé Clavero :

¿Qué mundo era aquel donde estas cosas cabían? Porque repárese bien en que se admitían, en que no eran corruptelas ni nada clandestino. ¿Y qué eran exactamente estas cosas? Pues eran lo que decían: la gracia y la amistad, la clemencia y el amor, la misericordia y la caridad, cosas que entonces efectivamente se entendían virtudes anteriores y superiores a la justicia, otra virtud ella misma.4

Preguntarse por aquel mundo postula irremediablemente la vuelta de la mirada sobre este que habitamos.

Notas

1.

Reinhart Koselleck. Begriffsgeschichtliche Probleme der Verfassungsgeschichtsschreibung, en Begriffsgeschichten. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006.

2.

Verbigracia: el clásico recurso de la amistad del testigo con el beneficiario de su declaración para su descrédito, que del ius commune fue sintetizado en la Las Partidas; la figura del Iudex Perfectus, como símbolo de autorictas, etcétera.

3.

Aquí, en la lógica del ordo iudiciorum se ve, tal vez, la distancia entre la historia del derecho contemporánea y la historia social de la justicia, donde la primera fugando hacia el mundo de los textos jurídicos otorga mayor interés en la recomposición del orden jurídico-conceptual que mediatizando lo decible y pensable daba sentido a las prácticas de los agentes; mientras que la segunda se detiene en la recomposición de la experiencia “al ras” que retrovierte confirmando o problematizando la historia de textos. No obstante, como se ve en la obra y en el cuerpo erudito que acompaña cada intervención, el diálogo entre ambas escuelas es fértil y ultra productivo. Ello se manifiesta, por ejemplo, en las citas a los trabajos de Víctor Tau Anzoátegui, Carlos Garriga, António M. Hespanha, Bartolomé Clavero, entre otros.

4.

Bartolomé Clavero. “Sevilla, Concejo y Audiencia: Invitación a sus ordenanzas de justicia”, en: Ordenanzas de la Real Audiencia de Sevilla. Sevilla, Audiencia/Diputación/Universidad/Fundación El Monte, [1603-1632] 1995, pp. 7-95, aquí p. 34.

TEI – Métopes

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