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La política laboral y sus impactos sobre la clase trabajadora en la primera etapa del gobierno de Cambiemos en Argentina (2016-2017)
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ISSN 1851-2577

#21 | Deporte(s), sociabilidad(es) y política(s). Intersecciones para el análisis del mundo contemporáneo

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La política laboral y sus impactos sobre la clase trabajadora en la primera etapa del gobierno de Cambiemos en Argentina (2016-2017)

Por Julia Strada11. Consejo Nacion (…)

Resumen

El presente artículo tiene por objetivo analizar las políticas laborales implementadas bajo la gestión de Cambiemos en Argentina y los impactos de las mismas en el conjunto de la clase trabajadora, a partir de la presentación de indicadores relativos al nivel de empleo y evolución salarial, junto con las problemáticas del empleo no registrado, la tercerización laboral y las desigualdades de género en el mercado de trabajo. El período estudiado se abre a finales del año 2015 y se extiende hasta los datos disponibles a mitad de 2017, efectuando comparaciones en la evolución de determinados indicadores laborales con el período 2004-2015.

La metodología de investigación recoge, a través de un trabajo bibliográfico, los principales estudios y trabajos académicos en torno a las tendencias en la política laboral y los principales impactos en la clase trabajadora de las decisiones gubernamentales, y se conjuga con el análisis de una serie de fuentes periodísticas y documentales que permiten reconstruir los hitos del período 2016-2017. Ello se complementa con una estrategia cuantitativa que toma como fuentes de datos las publicaciones de boletines, series e informes de organismos oficiales y de instituciones de investigación privadas.

Palabras clave

Política laboral, clase trabajadora, empleo, tercerización laboral, desigualdad de género.

Abstract

This article aims to analyse the labour policies implemented under the administration of Cambiemos in Argentina and the impacts on the working class, by the presentation of indicators relating to employment and wages, and the problems of non-registered employment, labor outsourcing and gender inequalities in the labour market. The studied period starts at the end of the year 2015 and extends to 2017 (using de last available data). The information also allows to make comparisons with the previous period, 2004-2015.

The research methodology is based in a bibliographic work of main studies and academic papers about the labour market policy and the main impacts on the working class of Government decisions, combinated with the analysis of journalistic and documentary sources that allow to reconstruct the main facts of the period 2016-2017. This is complemented by a quantitative strategy that is based on the publications of newsletters, series and reports from government agencies and private research institutions.

Key words

Labour policy, working class, employment, labour outsourcing, gender inequality.

 

recibido: 4/1/2018

aceptado: 18/6/2018

 

Introducción

El articulo efectúa un análisis sobre las políticas laborales implementadas bajo la gestión de Cambiemos en Argentina y los impactos que éstas han tenido en el conjunto de la clase trabajadora. El período estudiado se abre a finales del año 2015 y se extiende hasta los datos disponibles a mitad de 2017, efectuando comparaciones en la evolución de determinados indicadores laborales con el período 2004-2015.

En un primer punto se efectúa una caracterización de la configuración del nuevo bloque de poder en la Argentina a partir de 2015. Se esbozan, en este marco, las concepciones que se vertieron desde la cúpula del gobierno nacional en lo relativo al papel de los trabajadores y de los sindicatos, expresadas tanto en discursos públicos como en el diseño de las políticas laborales. En un segundo punto, se presentan datos estadísticos sobre la evolución reciente de los principales indicadores del mercado de trabajo, no sólo en lo referido al empleo registrado y no registrado, la tasa de desocupación y subocupación, sino además focalizando el análisis en el dinamismo del empleo en el sector manufacturero. A este desarrollo se incorpora el análisis de dos sectores vulnerables en el mercado de trabajo, que se ven particularmente afectados en etapas de creciente desregulación en el orden laboral: los trabajadores tercerizados y las mujeres. Seguidamente, se analiza la evolución de la distribución funcional del ingreso, considerando la participación de los asalariados en el reparto de PBI. Finalmente, en el tercer apartado se presentan las conclusiones del artículo.

La metodología de investigación recoge en un trabajo bibliográfico los principales estudios y trabajos académicos en torno a las tendencias en la política laboral y los principales impactos en la clase trabajadora de las decisiones gubernamentales, conjugada con el análisis de una serie de fuentes periodísticas y documentales que permiten reconstruir los hitos del período 2016-2017. Ello se complementa con una estrategia cuantitativa que toma como fuentes de datos las publicaciones de boletines, series e informes de organismos oficiales y de instituciones de investigación privadas. En este orden, se utilizan los indicadores socio-económicos de la Encuesta Permanente de Hogares respecto de la tasa de empleo, desocupación abierta, subocupación horaria y empleo no registrado. Esta es, por otro lado, la fuente que fundamentalmente permite arribar a conclusiones que incluyen una perspectiva de género a los indicadores laborales. A su vez, se utilizan las cifras provistas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación (MTEySS), con datos que cubren hasta agosto 2017 y tienen basamento en el Sistema Integrado y Previsional Argentino (SIPA), fuente construida a partir del universo de declaraciones de empleadores, tanto del sector privado (diferenciando las ramas de actividad) como del sector público. Esta información se combina con la provista por los Boletines de Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde se detallan las evoluciones de la cantidad de trabajadores y de empleadores registrados a partir de una segmentación según tamaño de empresa. Se utiliza, a lo largo del trabajo, una serie de indicadores extraídos de INDEC (Índice de Valor Físico, Índice de Precios Implícitos, Índice de Salarios, entre otros) y específicamente por el relevamiento de despidos y suspensiones, que detalla la cantidad de trabajadores expulsados en bruto junto con los nombres de las empresas y ramas de actividad que protagonizan los despidos, proveniente de una fuente privada, el Centro de Economía Política Argentina –CEPA-. El relevamiento de despidos de CEPA utiliza datos tanto de fuentes primarias –con testimonios de trabajadores en primera persona- como secundarias, a partir de información periodística que cubre en distintos puntos del país movilizaciones, denuncias, concentraciones frente a la administración pública y/o empresas, y distintos hechos de conflictividad socio-sindical. Se consultaron, por otro lado, fuentes sindicales que aportaron datos agregados sectoriales sobre cantidad de despidos y suspensiones en cada rama de actividad o en empresas específicas.

La configuración de un nuevo bloque de poder en Argentina

El cambio de gobierno que tuvo lugar en la Argentina en el año 2015 (con elecciones presidenciales celebradas el 25 de octubre, ballotage el 22 de noviembre y asunción de nuevas autoridades el 10 de diciembre) significó una profunda modificación en la etapa, donde la llegada al poder político por la vía electoral de sectores representantes de la “derecha” política y económica expresó un hito en la historia argentina, reiteradamente atravesada por fraudes “patrióticos” y golpes militares.22. W. Ansaldi (19 (…) Se trató de la victoria del frente Cambiemos sobre la propuesta del Frente para la Victoria, partido gobernante entre 2003 y 2015. Cambiemos se conformó por Propuesta Republicana (PRO), partido original de Mauricio Macri con base en Ciudad de Buenos Aires, un sector de la Unión Cívica Radical (UCR), que mayoritariamente decidió unirse a las filas del macrismo en el Congreso de Gualeguaychú, y la Coalición Cívica.

El cambio electoral produjo relevantes transformaciones en la composición del bloque de poder –en tanto alianza entre distintas fracciones del capital- (Poulantzas, 1975). Las fracciones de clase que detentan el predominio en la estructura económica lograron posicionarse al frente de la estructura del estado ocupando posiciones estratégicas para el reparto de recursos sensibles de cada área. Si el punto de coincidencia fue la cristalización de un retroceso de la clase trabajadora en la apropiación del excedente, lo cierto es que se observaron disputas entre fracciones por la hegemonía al interior del bloque, reapareciendo el conflicto entre el sector financiero y actores agroexportadores, al que se incorporaron las empresas energéticas.

A diferencia de la Valorización Financiera 1976-2001 donde la conducción del bloque estaba en manos de los grupos económicos locales -en alianza con el capital financiero internacional y sectores terratenientes-, en el gobierno de Cambiemos la hegemonía es detentada por sectores del capital financiero internacional y capital extranjero no industrial (Manzanelli, P., Gonzáles, M. y Basualdo, E., 2017).

La designación de un representante del mundo de las finanzas al frente de la cartera económica –Alfonso Prat Gay, vinculado a JP Morgan y secundado por un funcionario proveniente de Deutsche Bank, Luis Caputo- fue el primer síntoma del cambio de rumbo donde el capital financiero internacional se posicionó como protagonista. Ello se corroboró un año más tarde, el 2 de enero de 2017, cuando se creó específicamente el Ministerio de Finanzas donde Luis Caputo siguió manteniendo los vínculos centrales con los organismos de crédito y la banca internacional.33. Al frente de l (…) La influencia de los intereses empresariales se visualizó en que el 31,3% de los funcionarios del gabinete nacional se desempeñó previamente como CEO o gerente en el sector privado (Canelo y Castellani, 2016).

En línea con la transformación del bloque de poder, en el orden estructural, resaltaron como medidas de política económica los amplios beneficios otorgados a sectores financieros, energéticos y agroexportadores, en desmedro de una política de promoción de la industria característica de los gobiernos precedentes, que había sostenido una protección arancelaria al ingreso de importaciones. Ello tuvo lugar junto con una alteración de la correlación de fuerzas en las relaciones capital-trabajo, en detrimento de la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales. No solo se vieron afectados los asalariados formales, sino que particularmente lo hicieron los sectores informales, los trabajadores tercerizados y las mujeres.

Principales concepciones y lineamientos de la política laboral y sindical

La primera señal enviada hacia el conjunto de la economía fue la decisión adoptada desde el Ministerio de Modernización de avanzar en una serie de despidos en el sector público, que tuvieron lugar en el primer trimestre de 2016. En dicho lapso tuvieron lugar cerca de 60 mil despidos de trabajadores estatales. La cifra corresponde a una estimación realizada desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En igual línea, en los datos de empleo registrado del sector público, la diferencia entre diciembre 2015 y marzo 2016 arroja 56.904 trabajadores menos. Estos sirvieron de virtual habilitación, a grandes empresas, para efectuar el ajuste de planteles exigido en los años precedentes desde importantes cámaras empresariales, bajo la consigna de eficientizar su funcionamiento.

Ello también inauguró una nueva forma de administración de los conflictos, con un creciente corrimiento del Ministerio de Trabajo de las conciliaciones obligatorias, donde al proceso de expulsión de trabajadores seguían infructuosas negociaciones que, según la intensidad del conflicto, podían derivar en reincorporaciones parciales (Ottaviano y O’ Farrell, 2016).

El 23 de mayo de dicho año el Congreso aprobó una Ley Antidespidos que tuvo por objetivo colocar un límite a esta práctica empresarial que se había naturalizado en pocos meses. Ese mismo día, el veto presidencial significó una concesión hacia las grandes empresas que habían resistido fuertemente el proyecto de Ley. En efecto, previo al veto presidencial y cuando contaba con media sanción en el Senado, desde la Casa Rosada se intentó una solución anticipada con la firma de un acuerdo con empresarios que se comprometían a “no reducir nuestros planteles de empleados durante al menos los próximos 90 días” y en su último punto calificaba al proyecto de Ley Antidespidos como un “cepo al trabajo”.44. “Qué dice el d (…)

La continuidad en la pérdida de empleo -a pesar de la firma de dicho acuerdo- llevó a un segundo pacto, esta vez con participación de la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT). El 23 de noviembre de 2016 los empresarios firmantes se comprometieron a sostener los puestos hasta marzo de 2017.

En materia de evolución de los ingresos, tuvo lugar una escalada inflacionaria producto de la devaluación del tipo de cambio (el 16 de diciembre de 2015) que se extendió a lo largo de 2016 arrojando un acumulado de 41,1% de acuerdo a Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Instituto de Estadísticas de Ciudad de Buenos Aires y deteriorando sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios. Los acuerdos paritarios de 13 gremios en el año 2016 (Bancarios, Metalúrgicos, Papeleros, Comercio, Construcción, Gráficos, Alimentación, Sanidad, Administración Pública, Gastronómicos, Encargados de Edificios, Petroleros y Camioneros) arrojaron un promedio acordado de 29,5%. Para el período 2015-2016 en sus respectivos meses base (ubicados entre abril y julio) dieron cuenta de una sustancial pérdida de poder adquisitivo, que se ubicó en un promedio de 7,02% (CEPA, 2016b). Cabe indicar, no obstante, que los sindicatos más representativos por su cantidad de trabajadores cubiertos, como Comercio, Construcción y Metalúrgicos, acordaron 27%, lo que acrecentó la pérdida en la mayoría de los registrados.

Las negociaciones colectivas se vieron asimismo resentidas en virtud de un radical cambio de escenario: la pugna de las dirigencias sindicales no sólo se acotó al ítem salarial sino que, en una serie de sectores, comenzaba a incorporar la merma en puestos de trabajo. Hacia junio de 2016 se constataban 112.881 despidos y suspensiones en el sector privado, siendo 58.475 el dato de la Construcción, 46.258 en Industria (con protagonismo del sector metalúrgico, automotriz y textil) y 8.148 en servicios, siendo centrales los casos en gastronomía, comercio y medios de comunicación (CEPA, 2016a).

En este marco, sobresale la discontinuación de facto del Programa de Recuperación Productiva sostenido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (REPRO) como subsidio monetario a empresas con problemas de solvencia económica, política de espíritu contra-cíclico –testeada en la crisis de 2009– que permitía morigerar los impactos recesivos. En 2016 se dedicaron menos de un tercio de los recursos de 2015 (de 1.174.092.576 en 2015 a 359.756.000 pesos corrientes en 2016). También se vieron reducidas la cantidad de empresas alcanzadas: de 402 en 2015 a 89 casos en 2016, una disminución de 79%.

Ello se combinó con una política de apertura económica que afectó sensiblemente a empresas radicadas en el país. La adhesión a los postulados clásicos del libre comercio que restringen las políticas de control comercial reflejó la alineación a las exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el reforzamiento del vínculo bilateral con Estados Unidos, donde el presidente argentino juega un rol medular en la inclinación del tablero político regional (Morgenfeld, 2017). Fueron eliminadas las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), y se relajaron los controles en materia de Licencias No Automáticas. A su vez, el corrimiento del Estado en el control de sectores estratégicos y la desfinanciación del sector científico-tecnológico se ubica en la tendencia general de los intereses norteamericanos (Dvorkin, 2017; García Delgado, 2017).

En consonancia con los efectos de la política aperturista, en septiembre de 2016 se presentó el “Plan Productivo Nacional” conjuntamente entre los Ministerios de Producción y el de Trabajo.55. “Plan Producti (…) Allí se propuso una reconversión laboral para las industrias “sensibles”, en línea con aumentar la productividad para lograr mayor competitividad a nivel internacional. La primera línea del documento indicaba: “Los sectores transables contienen cerca de 400 mil empleos con necesidades de reconversión” (CEPA, 2017c).

Según el documento ministerial, la reconversión significaría la reducción del “20% del empleo industrial”. El documento seleccionaba sectores “sensibles” como los textiles, calzado, electrónica de consumo y muebles, con 821.000 empleos en su totalidad de los cuales se planeaba reconvertir 255.000 trabajadores (el 31%). A ellos, se sumaban 109.000 empleos adicionales de sectores “latentes” (38% de los 300.000 estimado en dichas actividades: automóviles y autopartes, maquinaria agrícola y medicamentos).

El año 2017 mostró una continuidad de la expulsión de fuerza de trabajo, pero con características diferenciales: por un lado, menor magnitud de los despidos y por otro, despidos cualitativamente asociados a cierre de empresas, particularmente industriales.

La evolución de la fuerza de trabajo no es homogénea sino que tiene características diferenciales. Por un lado, referidas al tamaño de las empresas que contratan o despiden trabajadores y, por otro, se evidencia un comportamiento heterogéneo según las ramas de actividad.

La dinámica salarial, si bien prometía a comienzos de año una recuperación parcial de lo perdido en 2016 –a partir de una meta inflacionaria de 17% fijada por el Banco Central y de un promedio de acuerdos paritarios del 23,7%66. Promedio de la (…) –, no se cumplió. Con una inflación de 24,8% anual (IPC-INDEC), se registró nuevamente una pérdida en el promedio de los convenios acordados.

Sobre la cuestión paritaria, el conflicto docente extendido a nivel nacional a inicios de 2017 fue otro hito relevante en el frente sindical y la institucionalidad laboral. Cabe indicar que Argentina se ha caracterizado, desde 2004, por poner en marcha una estructura de tripartismo institucionalizado conformado por el Consejo del Salario, la Paritaria Nacional Docente y la Comisión Nacional del Trabajo Agrario (Etchemendy, 2011). Precisamente una de las apuestas del nuevo oficialismo nacional se dirigió a eliminar la Paritaria Nacional Docente, provincializando la discusión para evitar que se produjera un piso de acuerdo salarial unificado.

En junio de 2017, por su parte, la reunión del Consejo del Salario (que se ocupa de la definición del piso salarial o Salario Mínimo Vital y Móvil para todos los trabajadores asalariados del país, sin diferenciarlo por rama de actividad ni lugar de trabajo) tuvo una particularidad: ante las dificultades para llegar a un acuerdo en torno al nuevo piso del SMVM, por primera vez se decretó desde el gobierno nacional un aumento del mínimo en tres partes. Este incremento se alejó de los reclamos de la CGT y las dos CTA,77. El 27 de junio (…) lo que debilitó una institución alineada con el precepto del “diálogo social” pregonado desde OIT.88. El Consejo Nac (…)

El impulso de una tríada de reformas (fiscal, previsional y laboral) constituyó un tema de agenda presente a lo largo de 2017, siendo las dos primeras aprobadas en el Congreso en diciembre de dicho año. La reforma previsional marcó una modificación regresiva del cálculo de movilidad (AUTORA, 2017c) y la fiscal significó centralmente la reducción, desde 2018 en adelante, de los principales tributos de recaudación provincial. En lo que respecta a la laboral, su tratamiento parlamentario constituye una parte clave de la agenda gubernamental del año 2018. Si bien se remarcó que el principal objetivo consistía en un “blanqueo laboral” a partir de la reducción de los costos de contratación de personal que habilitara el registro de trabajadores “informales” (vía condonación de deudas de seguridad social y reducción de contribuciones patronales), los principales vectores del proyecto oficial avanzaron hacia la alteración del articulado de la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde el año 1976 (Ley. 20.744).

Estas decisiones se dieron en un marco de declaraciones oficiales que señalaron la necesidad de reducir costos laborales y vertieron un diagnóstico sobre la situación económica que colocó en cabeza de los trabajadores la responsabilidad de la falta de competitividad y la postergación de la llegada de inversiones. Los despidos de estatales que tuvieron lugar en el primer trimestre de 2016 se acompañaron de una estigmatización hacia el empleo público: “tenemos que dejar de lado la intervención nociva de la política en transformar el Estado en aguantadero, en lugar de algo que jerarquiza y potencia”99. “Mauricio Macr (…) . En un acto del 1° de mayo, por el Día del Trabajador, el Presidente señaló que “el ausentismo, el no cumplir con el trabajo o el abuso de las licencias nos perjudican a todos”1010. “En el Día del (…) . El 22 de agosto de 2016 pidió a los trabajadores que “no pongan palos en la rueda a las empresas”1111. “Mauricio Macr (…) y el 12 de junio de 2017 Mauricio Macri cuestionó la cantidad de juicios laborales: “Tenemos que enfrentar la mafia de los juicios laborales, hay que enfrentarlos y terminarlos. Eso destruye la generación de empleo futuro”.1212. “Mauricio Macr (…) En el marco de la firma del Pacto Fiscal con los gobernadores provinciales, en noviembre de 2017, el Presidente sugirió rebajar los sueldos de los trabajadores estatales “Si le competimos con salarios más altos, el sector privado no va a poder generar la mano de obra que necesita para su crecimiento”.1313. “Macri quiere (…)

En esta línea, se sucedieron distintas políticas que fueron calificadas como “persecutorias” por parte de dirigentes sindicales opositores, como el retiro de la personería gremial al sindicato de los trabajadores del subte –enmarcado en la CTA, crítica al gobierno- en marzo de 2017 y, en junio, la suspensión de las elecciones en el gremio judicial de la provincia de Mendoza.1414. “La CGT denunc (…) El 3 julio de 2017 tuvo lugar la intervención judicial del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Buenos Aires (comúnmente denominado “Canillitas” y también opositor al gobierno), lo que disparó una denuncia de “persecución gremial por parte del Gobierno” realizada desde el triunvirato que conforma la cúpula de la CGT integrado por Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid.

Se acrecentó, por otro lado, un comportamiento represivo ante la conflictividad laboral. Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2017 se registraron 111 casos de conflictos socio-laborales seguidos de represión, contabilizando 55 en 2016 y un total de 56 en once meses de 2017 (CEPA, 2017a).

Estos acontecimientos tuvieron, como contracara, la germinación de iniciativas desde centrales sindicales y organizaciones de Derechos Humanos que se dirigieron a alertar ante organismos internacionales sobre las características del gobierno electo. El jueves 13 de julio de 2017 fueron denunciados el gobierno argentino y su presidente, Mauricio Macri, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco de un consenso alcanzado por 50 sindicatos que repudiaron “los sistemáticos ataques a jueces, abogados y las leyes laborales”.1515. “Sindicatos ar (…) En octubre del mismo año, el dirigente del gremio docente de Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, encabezó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de las Audiencias Públicas del 165º Período de Sesiones celebrado en Uruguay.1616. La denuncia fu (…) El 18 de diciembre de 2017, a colación de movilizaciones seguidas de represión por parte de fuerzas de seguridad en el marco de la votación de la reforma previsional en el Congreso, unas cuarenta organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos le pidieron a la CIDH que advierta al Estado argentino que estaba violando “los estándares de protección de los derechos humanos en materia de protesta social”.1717. “Una escalada (…)

Evolución reciente y principales transformaciones en indicadores ocupacionales y salariales

Más allá de innumerables limitaciones y continuidades de elementos estructurales de la etapa previa, el proceso político abierto con la crisis orgánica de diciembre de 2001 y extendido en los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015), apuntó a propiciar un proceso de reindustrialización, generación de empleo y mayor participación en el ingreso por parte de la clase trabajadora. Autores como Basualdo, E. (2008, 2011), Palomino (2007), Santarcángelo (2011), Neffa y Panigo (2010), Neffa (2013), Porta (2011, 2014), Kulfas (2016) y Manzanelli y Basualdo (2017), entre otros, enfatizan la existencia de cambios en distintas líneas de política social y económica y la aplicación de políticas redistributivas.

En el sector privado se crearon 3.056.192 puestos (un aumento de 89%) y en el sector público el empleo creció 77%, según el Boletín de Seguridad Social de AFIP. En el período entre 2003 y 2015, el aumento del salario real en 52,5% fue otro de los pilares de la recomposición. Aunque, si se considera el período noviembre 2001-octubre 2015 vis à vis, la evolución salarial real sólo fue de 25,87%, dada la importante caída sufrida con la devaluación de enero de 2002: entre noviembre de 2001 y mismo mes del año siguiente la caída alcanzó el 23,8%.1818. La estimación (…)

A su vez, la cantidad de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva al año 2015 ascendía a 4.350.000 y un 90% de los asalariados privados registrados se encontraba bajo convenio. Ello se vio reforzado por un importante grado de centralización: en 2015 el 93% de los trabajadores alcanzados por convenios colectivos estaban cubiertos por convenios sectoriales y cerca de 81% de los convenios son firmados por sindicatos de alcance nacional (Boletín de Estadísticas Laborales, MTEySS). De acuerdo a datos de Basualdo (2017), entre 2003 y 2015 la participación de los asalariados en el ingreso ascendió de 25,4% a 37,4%.

La contracara de los cambios positivos en la gestión anterior tuvo que ver con una serie de continuidades sumamente perjudiciales, signadas por la persistencia del empleo no registrado, la expansión de la tercerización laboral como estrategia de grandes empresas, el creciente peso de firmas extranjeras en la economía y la persistente desigualdad de género en el mercado de trabajo. A ello cabe adicionar las serias dificultades para democratizar internamente las estructuras sindicales -fundamentalmente en los principales sindicatos ubicados en ramas estratégicas de la economía-, y para solidificar centrales sindicales anti-burocráticas.

En este escenario, las medidas adoptadas a partir del gobierno de Mauricio Macri se han traducido, en el corto plazo, en una reversión de las tendencias positivas y en un agravamiento de sus fenómenos más perjudiciales para la clase trabajadora.

Incrementos de la tasa de desocupación e informalidad y reducción del salario real

Al observar los datos provistos por la Encuesta Permanente de Hogares, el empleo mostró un importante crecimiento luego de la crisis de 2001, reduciéndose – como contracara- tanto la tasa de desocupación abierta como de subocupación horaria, tendencias que muestran una incipiente reversión en los trimestres correspondientes a 2016 y 2017 (Cuadro Nº 1). La desocupación abierta ascendía al 14,65% en 2004 y desciende a 6,54% en segundo trimestre 2015. La subocupación horaria llegaba al 19,37% en 2004 y se redujo a 10,27% en 2015. Ambos indicadores muestran un incremento en los segundos trimestres de 2016 y 2017, siendo de 8,71% y 13,04%, respectivamente.1919. Respecto de la (…) Los indicadores relativos a la desocupación abierta en la Provincia de Buenos Aires –principal distrito del país- dan cuenta de guarismos más elevados (desocupación de 10,9% y subocupación de 12,6% al segundo trimestre 2017), que se reiteran en los principales centros urbanos como Gran Rosario (10,8% y 11,1%), Gran Plata (10,2% y 12,1%), Mar del Plata (11,9% y 15,7%) y Gran Córdoba (8,1% y 15%, respectivamente). La tasa de informalidad ascendía a 47,66% en segundo trimestre 2004, y alcanzó una reducción cercana a los 10 puntos hacia el mismo trimestre de 2008 (36,56%). Desde ese punto se evidencia un relativo estancamiento en la caída del empleo no registrado, que termina el período en 2015 con 33,14%. Los dos años sucesivos reflejan un leve incremento (de 1,8%) que arroja un guarismo de 33,75% de empleo no registrado hacia el segundo trimestre 2017.

Cuadro N° 1. Evolución de la tasa de actividad, desocupación abierta, subocupación horaria y empleo no registrado, 2004-2017, segundos trimestres (valores absolutos y porcentuales)
Período Trabajadores activos Tasa de actividad Trabajadores desocupados Tasa de desocupación abierta Trabajadores subocupados horarios Tasa de subocupación horaria Trabajadores no registrados (informales) Tasa de empleo no registrado (informalidad laboral)
% % % %
II 2004 10.778.772 46,65 1.579.465 14,65 1.782.066 19,37 3.260.346 47,66
II-2005 10.716.448 45,95 1.282.171 11,96 1.463.743 15,51 3.292.715 46,72
II-2006 11.051.312 46,92 1.141.038 10,32 1.424.335 14,37 3.253.880 43,65
II-2007 11.188.709 46,31 927.296 8,28 1.215.236 11,84 3.178.148 40,56
II-2008 11.170.459 45,79 888.505 7,95 1.037.083 10,08 2.855.429 36,56
II-2009 11.393.267 46,26 995.678 8,73 1.290.702 12,41 2.825.972 35,88
II-2010 11.442.300 46,03 898.292 7,85 1.227.902 11,64 2.855.429 36,56
II-2011 11.681.917 46,56 858.462 7,34 1.049.111 9,69 2.867.523 34,57
II-2012 11.674.256 46,1 842.171 7,21 1.172.860 10,82 2.861.198 34,63
II-2013 11.843.326 46,35 858.019 7,24 1.236.962 11,26 2.863.641 34,45
II-2014 12.072.839 45,17 836.864 6,93 1.201.974 10,69 2.767.180 33,08
II-2015 11.920.216 44,4 783.497 6,54 1.144.048 10,27 2.828.861 33,14
II-2016 12.503.010 45,97 1.165.321 9,32 1.499.143 13,22 2.862.070 33,41
II-2017 12.483.270 45,42 1.088.449 8,71 1.486.329 13,04 2.889.171 33,75

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

El aumento de la desocupación tiene un vector de análisis asociado al tamaño de las empresas que expulsan trabajadores, ejercicio que puede realizarse tomando como fuente los Boletines de Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Si se analiza el período diciembre 2015 y agosto 2017 vis à vis en función de la tasa de despidos según tamaño de empresa, se observa un aumento de la expulsión de fuerza de trabajo a medida que se incrementa el tamaño de la empresa. Las empresas del segmento más pequeño, con menos de 100 trabajadores, han reducido su plantilla de trabajadores, a una tasa de 0,44% en el período analizado. En términos absolutos se computan 14.674 trabajadores menos. Por su parte, las empresas de entre 101 y 2.500 trabajadores cesantearon a razón de 0,10%, por debajo del promedio general de 1,08%. Registran en todo el período un neto de 2.545 trabajadores menos. En contraste, las empresas que detentan más de 2.500 trabajadores concentraron el grueso de los despidos, ya que han reducido sus planteles laborales desde diciembre con una caída de 8,06% entre diciembre de 2015 y agosto de 2017, totalizando 54.121 despidos (el 75,86% del total del período: 71.340 despidos).

En el orden salarial, la inflación minorista registrada en 2016 alcanzó el 41,1% (dato interanual a diciembre de dicho año), marcando un record sólo comparable a la hiperinflación de 1989-1990.2020. Según Rapoport (…) Con un promedio de acuerdos paritarios ubicado entre el 27% y el 30%, en 2016 los ingresos de los asalariados registrados sufrieron, en promedio, una reducción real del 7%, mientras que los trabajadores informales tuvieron una caída superior, cercana al 10%. La mediana de las principales paritarias celebradas en 2017 fue de 23,5%. Es decir, la mitad de los acuerdos fue equivalente o inferior a ese valor. No obstante, si se analizan los convenios más representativos, estos realizaron negociaciones de 20% (como los mercantiles y trabajadores de la construcción) y 23% en el caso de sanidad y metalúrgicos. Otro convenio importante, como gastronómicos, arregló una cifra de 24%.

Si bien la meta de inflación para el año 2017 se ubicó entre el 10 y 17%, en los la inflación alcanzó 24,8% acumulada (IPC-INDEC), lo cual indica que con un promedio de acuerdos paritarios ubicado en el 23%, indica la inexistencia de recuperación del poder adquisitivo perdido el año anterior.

Retracción del empleo en el sector manufacturero

Las transformaciones experimentadas por el mercado de trabajo en su conjunto manifiestan una particular agudización en el sector manufacturero argentino desde finales del año 2015, el cual se vio afectado por políticas de apertura, caída del consumo interno y altas tasas de interés. De acuerdo al INDEC, entre enero y julio de 2015, las importaciones de bienes finales totalizaron 3.735 millones de dólares, con una participación sobre el total de las compras del 11%. En igual período de 2017, la cifra avanzó hasta 4.698 millones, lo que significó un incremento de 25,7% respecto de 2015, y la participación subió al 12,8%.2121. Según el INDEC (…) El Estimador Mensual Industrial (EMI) publicado por el INDEC, en el que se observa un desplome de la actividad en todos los meses de 2016 (salvo enero que mantiene un signo positivo de 1,2%) y de 2017 hasta abril. En junio 2017 se manifiesta un cambio de tendencia con un crecimiento del 6,6%, pero a partir de allí comienza un ciclo descendente para finalmente ubicarse en septiembre del mismo año en 2,3% (variación interanual).

A junio de 2004 la AFIP arrojaba un total de 875.457 trabajadores industriales registrados, cifra que a junio 2015 se acrecentó a 1.257.850 (un aumento de 382.393 empleos). Si bien la industria mostró dificultades en la generación de empleo desde 2012 en adelante, a partir de finales de 2015, se visualiza una acumulación, mes a mes, de trabajadores expulsados en dicho sector (Gráfico Nº 1). La base del SIPA, construida a partir de la cantidad de trabajadores que los empleadores declaran tener registrados, indica una expulsión de 63.445 trabajadores entre diciembre 2015 y junio 2017 (y ascienden a 64.561 hasta octubre 2017). Ello alcanza al 5,3% del empleo industrial en Argentina. La evolución de los despidos de CEPA arroja una cifra de 60.188 trabajadores industriales expulsados hacia junio 2017, en tanto dato bruto. Como tercera fuente, la evolución del indicador para la industria de la EIL – Encuesta de Indicadores Laborales elaborada por el Ministerio de Trabajo, la cual se conforma con respuestas de una muestra representativa de empresas radicadas en Argentina – indica una persistente variación acumulativa negativa.

Gráfico N° 1. Evolución de la cantidad de trabajadores industriales expulsados según el empleo industrial registrado en SIPA (acumulado noviembre 2015 – junio 2017), evolución de despidos industriales registrados por CEPA (noviembre 2015 - marzo 2017) y evolución mensual de la EIL (noviembre 2015 - junio 2017). Fuente: elaboración propia en base a SIPA y EIL (MTEySS) y CEPA.

Gráfico N° 1.
Evolución de la cantidad de trabajadores industriales expulsados según el empleo industrial registrado en SIPA (acumulado noviembre 2015 – junio 2017), evolución de despidos industriales registrados por CEPA (noviembre 2015 - marzo 2017) y evolución mensual de la EIL (noviembre 2015 - junio 2017). Fuente: elaboración propia en base a SIPA y EIL (MTEySS) y CEPA.

Esta dinámica expulsiva puede analizarse a partir de dos grandes etapas. Una primera caracterizada por el ajuste de planteles, y una segunda donde la crisis económica de una gran cantidad de empresas determina el cierre de plantas fabriles. Al analizar las ramas de actividad, en el primer semestre de 2017 la amplia mayoría de los despidos (casi el 70%) se concentraron en la industria. Es de destacar que 1 de cada 4 despidos del segundo trimestre se relacionaron con cierre de empresas o plantas. En el caso de la industria la proporción es aún mayor: 1 de cada 3 casos estuvieron vinculados a cierres de plantas fabriles (CEPA, 2017b).

En 2017 las principales firmas industriales en crisis fueron del sector textil, con suspensiones en Alpargatas, Kalpakian y Medias Ciudadela y despidos en empresas Dass, Puma, Globito. Entre los casos de alimentos y bebidas sobresale el caso de los despidos en Pepsico, a los que se suman casos en Bimbo, Alicorp, Quilmes, Trenel, Ingenio La Esperanza, Ingenio Ledesma, Coca Cola, Granjas Riojanas y La Rioja Vitivinícola y BRF, en el sector frigorífico.

El sector petrolero registró despidos en YPF, Techint, San Antonio, Pecom, Superior y Flug. Los despidos de Atucha suman en el sector energético. El sector autopartes sumó despidos en Albano Cozzuol y Hutchinson, a los que se suman suspensiones en Volkswagen. En el sector químico se produjeron despidos en Carboclor, Clorín, Lanxess y Resimax. Entre los servicios, se ubican el sector comercio con despidos en Carrefour, Disco y Walmart, a los que se sumaron casos en Garbarino, Heladerías Vito y Sederías Dalí.

Además de los despidos, se han extendido otras formas de expulsión de trabajadores. Es el caso de las vacaciones anticipadas, práctica que permite concretar suspensiones pero en el formato de vacaciones, con la incertidumbre para el trabajador de su retorno al puesto. A su vez, los retiros voluntarios son difíciles de cuantificar, pero distintos sindicatos han señalado su creciente expansión.

Tercerización laboral y propuestas de cambios legales para su expansión

El fenómeno de la tercerización laboral implica la introducción de un tercero (empresa contratista) en una relación originariamente dual, lo que permite a grandes empresas la delegación de la responsabilidad de gestión laboral (también de los conflictos y del vínculo con el sindicato) a las empresas contratistas, empleadoras directas. Significa, en muchos casos, una reducción del costo de contratación de personal y una posibilidad de flexibilizar el despido. Este fenómeno se inició en Argentina en los ’70 y se expandió particularmente en la década de los 90 y posconvertibilidad (Basualdo, V. et. al, 2015; AUTORA, 2016; 2017a).

En indumentaria, para 2007 el 92,7% de la producción se realizaba con la modalidad de la tercerización, con cadenas de subcontratación que se conjugaban con la explotación del trabajo infantil y el empleo no registrado. En telefonía fija en el grupo Telefónica, los subcontratados eran en 2007 el 39% de la planta total en Argentina, 46% en Chile, 63% en Perú, 73% en Colombia y 81% en Brasil. En televisión, la firma Telecentro contabilizaba el 76% de sus trabajadores subcontratados. En electricidad, se observaron altos niveles de tercerización en gran parte de las provincias argentinas: en 2014 el 67% de los trabajadores de la planta en Tucumán estaban tercerizados, el 57% en Jujuy, el 53% en La Rioja, el 52% en Salta, el 46% en San Juan, entre los más graves. En gas, los trabajadores tercerizados alcanzaron en 2014 al 54,5% de la planta en la empresa Gas Natural Ban y ascendieron al 45,5% en Metrogas (Etchemendy et. al, 2015; Basualdo, V., 2017).

En el sector siderúrgico, se estimó la tercerización para el caso de la planta más grande del Grupo Acindar ubicada en Villa Constitución, Santa Fe (AUTORA, 2016, 2017a). La cantidad de trabajadores tercerizados ascendieron a 1.377 en 2014, representando en dicho año el 53% del total de ocupados en planta. Hasta el año 2007 se incrementó enormemente el volumen de tercerizados dado el despegue económico de la empresa (entre 2001 y 2007 crecieron a una tasa anual acumulativa del 15%), y a partir del 2008, producto del menor dinamismo en el ciclo económico, ese volumen se mantuvo en el mismo nivel (con crecimiento negativo de 1% entre 2008 y 2013). Al final de todo el período los trabajadores contratistas se encontraban un 150% por encima de los valores del 2001. En 2014, más del 70% de los trabajadores tercerizados desempeñaban tareas centrales en el proceso productivo, es decir, asociadas directamente a la fundición del acero, realización de cortes y trituración de chatarra, provisión de hierro, trabajos con la escoria residual, el mantenimiento industrial de los procesos y la limpieza industrial en sectores nodales de la planta. Esta evidencia contradice fuertemente el enfoque ampliamente difundido del outsourcing, que propone una tercerización de sectores que no son parte del core business de la empresa (AUTORA, 2017a).

Por otro lado, la tercerización laboral se asocia a peores condiciones de trabajo y niveles salariales. Se puede comprobar que en 2014 los trabajadores de las contratistas en telecomunicaciones ganaban un 35% menos que los de planta, y los de la sub-contratista (siguiente eslabón), un 51% menos; en televisión, los trabajadores de las contratistas ganaban un 47,8% menos que los de planta; en electricidad, un 36,7%, en Gas un 45,5%, y en siderurgia, en la rama 17, la más desfavorecida, un 47,6% menos que los directos.

Estos fenómenos que conllevan a la división de los colectivos laborales y atentan contra la organización de base, adquirieron una significación estructural cuya reversión excede la expansión y distribución reflejada en las variables macroeconómicas de la etapa. Muy por el contrario a una postura reguladora, la reforma laboral del ejecutivo enviada para su aprobación en el Congreso en 2018, prevé la desresponsabilización de grandes empresas sobre incumplimiento de las firmas contratistas (en la ley vigente 20.744 tienen responsabilidad solidaria), lo que implica una promoción indirecta de esta práctica.

La expulsión del empleo en la etapa reciente ha afectado también al personal tercerizado, en condiciones más vulnerables para negociar con las empresas. Los casos de mayor resonancia involucraron a Telefónica y la contratista Consulting Group, que tercerizaba el call center de reclamos a través de SAS Consultora. Telefónica indicó en 2016 en todo momento que no era el empleador, por lo que no tenía responsabilidad. También la empresa Chick, tercerizada de Telefónica, registró despidos en 2016. Otro sector donde se registraron reclamos de trabajadores fue el metalúrgico en 2016 y 2017. La firma Forja Norte, tercerizada de Aceros Zapla, y también los trabajadores tercerizados de ATEMYS, Siderca, denunciaron despidos. Otras firmas contratistas con bajas de trabajadores en siderurgia fueron Carraro Argentina, COMAU, Loginter y LS Electromecánic.

Salarios, desocupación y empleo no registrado en las mujeres

La orientación de las políticas públicas hacia una mejora del empleo público y privado, junto con aumentos en el poder adquisitivo promedio e incorporación de trabajadores y trabajadoras bajo convenio, permitió una reducción considerable de la desigualdad salarial promedio entre varones y mujeres en el trabajo formal durante el período 2004-2015. Al analizar la evolución de la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras registradas durante los últimos años (Gráfico Nº 2), es posible observar que la misma se redujo 11 puntos porcentuales (con oscilaciones) entre 2007 y 2015, aunque a partir del año 2010 se podría detectar un cierto estancamiento en dicha reducción. En este sentido, el origen de esta problemática contiene factores relativamente estructurales, como la desigual distribución entre trabajo productivo y reproductivo, que deben ser abordados con políticas específicas e integrales para revertirlas de manera definitiva. Al segundo trimestre del año 2016 la brecha asciende al 25%, si bien se eleva respecto de 2015 se ubica en niveles similares a los 7 años precedentes.

Gráfico N° 2. Evolución de la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras registradas, 2004-2016, segundos trimestres (en porcentajes). Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC

Gráfico N° 2.
Evolución de la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras registradas, 2004-2016, segundos trimestres (en porcentajes). Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC

Cuando se indaga en el origen de la brecha salarial entre varones y mujeres, se constata una desigual distribución en los distintos deciles salariales. Las mujeres se encuentran sobre-representadas en los deciles de más bajos ingresos, siendo mayoría en los deciles 1 y 2; mientras que los varones se encuentran sobre-representados en los deciles de más altos ingresos, siendo mayoría en los deciles 9 y 10. Si se toma el cuarto trimestre de 2016, se observa que las mujeres representan el 14% y 13% respectivamente en el decil de salarios 1 y 2; mientras que los varones representan sólo el 3% y 4% en esos deciles. Por otra parte, considerando los deciles 9 y 10, los varones representan el 12% y 13%, mientras que las mujeres representan sólo el 9% y 7% respectivamente (Gráfico Nº 3).

Gráfico N° 3. Distribución del salario por deciles, según sexo, cuarto trimestre de 2016 (en porcentajes). Fuente:Elaboración propia en base a EPH – INDEC

Gráfico N° 3.
Distribución del salario por deciles, según sexo, cuarto trimestre de 2016 (en porcentajes). Fuente:Elaboración propia en base a EPH – INDEC

Respecto del empleo, durante 2016, las mujeres disminuyeron la cantidad de horas trabajadas en un promedio de 3 horas. Los varones (aun trabajando más cantidad de horas), solamente disminuyeron 1 hora su participación laboral. En épocas de expansión económica, se puede explicar la caída en las horas trabajadas por la retirada de las mujeres del mercado laboral, lo cual se correlaciona con una disminución en la tasa de actividad femenina. Sin embargo, al cuarto trimestre de 2016, la tasa de actividad femenina se incrementó de 35,94% a 37,49%, más de 1,5 puntos porcentuales. Respecto del segundo trimestre de 2015, si tomamos el total de la población cubierta por la Encuesta Permanente de Hogares, se trata de aproximadamente 200.000 mujeres adicionales que se volcaron al mercado laboral argentino en 2016.

Siguiendo el sentido del análisis, cuando se observa la evolución del empleo no registrado durante los últimos años, se constata que la brecha entre varones y mujeres se redujo durante el período 2004-2015 (Gráfico Nº 4). Mientras que para el segundo trimestre de 2004, el 40% de los varones trabajaba de manera informal, la mujeres lo hacían en un 51% (11 puntos porcentuales de diferencia). Durante el segundo trimestre de 2016, los varones se veían afectados por el empleo no registrado en un 29% mientras que las mujeres lo hacían en un 33% (4 puntos porcentuales de diferencia).

Gráfico N° 4. Evolución de la tasa de empleo no registrado (informalidad laboral) en mujeres y varones, 2004-2016, segundos trimestres (en porcentajes). Fuente: Elaboración propia en base a EPH - INDEC

Gráfico N° 4.
Evolución de la tasa de empleo no registrado (informalidad laboral) en mujeres y varones, 2004-2016, segundos trimestres (en porcentajes). Fuente: Elaboración propia en base a EPH - INDEC

Para el caso del empleo no registrado, la brecha salarial entre varones y mujeres se acrecienta significativamente con respecto al trabajo formal ubicándose en 39% para el segundo cuatrimestre trimestre de 2016. Durante las gestiones kirchneristas, si bien se redujo la brecha salarial por género en el caso del empleo registrado y se produjo una disminución del nivel de informalidad laboral de las mujeres (en general y con respecto a los varones), la brecha salarial de género en el trabajo no registrado se mantuvo en niveles muy altos rondando el 40%. Mientras que en 2007, la brecha se ubicó en 42%, para 2015 sólo se redujo dos puntos porcentuales ubicándose en 40%, con oscilaciones que no bajaron del 35%. Así, en términos de la brecha salarial por género, las mujeres no registradas son las más afectadas (Cuadro Nº 2).

Cuadro N° 2. Salarios y brecha salarial del empleo registrado y no registrado, según sexo, 2007-2016 (en valores absolutos, pesos corrientes, y porcentajes)
Año Salarios registrados Salarios no registrados
Varón Mujer Brecha Varón Mujer Brecha
2007 $ 1.588,3 $ 1.274,9 -20% $ 1.063,6 $ 614,1 -42%
2008 $ 1.965,6 $ 1.656,5 -16% $ 1.393,3 $ 813,8 -42%
2009 $ 2.353,7 $ 2.005,1 -15% $ 1.600,2 $ 975,1 -39%
2010 $ 2.894,0 $ 2.438,0 -16% $ 1.967,0 $ 1.189,0 -40%
2011 $ 3.776,0 $ 3.111,0 -18% $ 2.430,0 $ 1.533,0 -37%
2012 $ 4.756,0 $ 3.947,0 -17% $ 2.868,0 $ 1.862,0 -35%
2013 $ 5.795,0 $ 4.740,0 -18% $ 3.859,0 $ 2.411,0 -38%
2014 $ 7.699,0 $ 6.260,0 -19% $ 4.838,0 $ 2.988,0 -38%
2015 $ 10.420,0 $ 7.748,0 -26% $ 7.635,0 $ 4.573,0 -40%
2016 $ 13.834,0 $ 11.305,7 -18% $ 8.593,8 $ 5.258,8 -39%

Fuente: elaboración propia en base a EPH – INDEC

El pilar de esta serie de inequidades es la doble jornada laboral que llevan adelante las mujeres, quienes cargan con la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado (3 horas diarias más que los varones, de acuerdo a la Encuesta sobre Uso del Tiempo del INDEC, 2013; Rodríguez Enríquez, 2014). Esta división sexual del trabajo posiciona a las mujeres en desventaja al interior del mercado de trabajo, corroborando que en materia de salarios, ingresos, empleo e informalidad laboral, las mujeres son las más afectadas. Estas desigualdades se sustentan en estereotipos de género fuertemente arraigados socialmente. Se ha demostrado que las mujeres se encuentran más calificadas que los varones; sin embargo, son mayoría en los deciles de más bajos ingresos, encuentran dificultades para acceder en igualdad de condiciones a puestos jerárquicos (techo de cristal) y desempeñan mayoritariamente los trabajos precarios y peor remunerados (pisos pegajosos). Además, los trabajos asociados a tareas del cuidado y donde las mujeres son mayoría, se constata la existencia de una doble penalidad por ser trabajos precarios y feminizados. A pesar de haberse incorporado masivamente al mercado de trabajo, ante un contexto de caída del empleo (como en 2016) las mujeres son las primeras en ser expulsadas del mercado de trabajo.

El mercado no derrama igualdad, tampoco igualdad de género. El corrimiento de las autoridades competentes en la regulación laboral (Ministerio de Trabajo) en la sanción a incumplimientos de leyes y convenios, junto con los proyectos de reforma previsional (aprobado) y laboral (en agenda), contribuyen a agravar esta situación. La reducción de haberes jubilatorios afecta particularmente a mujeres, siendo que el 62% de las jubiladas y pensionadas (sin moratoria) son mujeres, el 86% de quienes ingresaron a la moratoria previsional en 2014 fueron mujeres. Luego de la eliminación de la moratoria, aquellas mujeres que trabajaron como amas de casa, empleadas domésticas o precarizadas en otras ramas de actividad solo podrían tener acceso a una pensión equivalente al 80% de la jubilación mínima. La reforma previsional también reduce los cobros por Asignación Universal por Hijo (AUH), siendo que el 99% de las titulares de la AUH son mujeres. También en materia de reducción de haberes de pensiones contributivas las mujeres se han visto afectadas: el 64% de las beneficiarias de pensiones no contributivas son mujeres (por los conceptos de vejez, invalidez o para madres de siete hijos), de acuerdo a un informe de LatFem (2017).

Retroceso de la participación de los trabajadores en el ingreso

Como se observa en el Gráfico Nº 5 a partir de la serie de participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno elaborada por Eduardo Basualdo (2006, 2017), los trabajadores alcanzaron a detentar el 50,8% del PBI en 1954, cifra que se redujo bruscamente al 38% luego del golpe de 1955. En 1974, la cifra retornó a su punto más alto con un 48% de participación de los trabajadores en el ingreso nacional. La disparada inflacionaria que tuvo lugar en el marco del “Rodrigazo” de 1975 llevó ese valor al 30% y luego el golpe de 1976 profundizó la caída a 25%. Amén de la relativa mejora del indicador con la apreciación cambiaria que significó la “tablita” de Martínez de Hoz, la devaluación de 1981 volvió a retrotraer la participación del ingreso, esta vez cayendo a 22%. La etapa del gobierno de Alfonsín mejoró levemente el indicador (35% en 1987), pero la hiperinflación de 1989 llevó, otra vez, al piso a 24%. La década signada por el Régimen de Convertibilidad a partir de 1991 permitió -producto del atraso cambiario-, una parcial mejora que mantuvo una participación de los trabajadores entre 32 y 34%, pero la crisis de 2001 hundió esta cifra a 26%. Lo que se observa en el período denominado Valorización Financiera es que la clase trabajadora difícilmente consiguió superar la barrera del 35% y su nivel de participación en el ingreso se hundió, en distintas crisis, al 25%.

A su vez, se observa que la profunda caída experimentada con el último golpe cívico – militar (1976) inauguró un nuevo nivel, sustancialmente más devaluado, que no logró recomponerse en los 40 años sucesivos.

Gráfico N° 5. Evolución de la participación de los asalariados en el PBI, 1935-2016 (en porcentajes). Fuente: Basualdo (2006 y 2017), en base a INDEC MTEySS y AFIP. Nota Metodológica: La participación fue estimada como el cociente entre 1) la adición de la masa salarial de los trabajadores registrados (sobre la base de SIPA y EPH-INDEC) con sus respectivos aportes patronales y la masa salarial de los trabajadores no registrados (EPH, sin considerar los ingresos imputados), y 2) el PBI en precios corrientes, año base 2004, revisado en 2016.

Gráfico N° 5.
Evolución de la participación de los asalariados en el PBI, 1935-2016 (en porcentajes). Fuente: Basualdo (2006 y 2017), en base a INDEC MTEySS y AFIP. Nota Metodológica: La participación fue estimada como el cociente entre 1) la adición de la masa salarial de los trabajadores registrados (sobre la base de SIPA y EPH-INDEC) con sus respectivos aportes patronales y la masa salarial de los trabajadores no registrados (EPH, sin considerar los ingresos imputados), y 2) el PBI en precios corrientes, año base 2004, revisado en 2016.

En el año 2016 se observa que las trasformaciones anteriormente desarrolladas, en materia de poder adquisitivo y la dinámica del empleo, tuvieron un impacto en la distribución del ingreso: “la participación de los asalariados en el ingreso cayó del 37,4% al 34,3% entre 2015 y 2016, lo que equivale a una apropiación por parte del capital de aproximadamente 16.000 millones de dólares” (Basualdo, E., 2017). En Argentina, la nueva configuración política y social al frente del gobierno nacional apunta a resituar a los trabajadores en un estadio inferior en su participación en el ingreso, modelando un reparto “70-30” que se aleja del histórico “50-50” enarbolado por el peronismo en sus tres gobiernos de la segunda mitad de siglo XX.

Conclusiones

La especificidad de la etapa inaugurada con la llegada de Mauricio Macri al frente del ejecutivo nacional reside en la novedad de la utilización de la vía electoral, por parte del poder económico dominante y sectores conservadores, para el acceso al poder político. Pero esa novedad desaparece al constatar el proyecto político-social restaurador que impulsa el nuevo gobierno.

Las distintas fracciones dominantes concentradas (protagonizadas por grandes agroexportadores, sectores financieros y empresas energéticas) han comulgado en un objetivo común: avanzar sobre los derechos de clase trabajadora. Ello produjo una reversión de las tendencias positivas, como el bajo nivel de desocupación, los incrementos de salario real y el dinamismo en la creación de empleo del sector privado e industrial, y un agravamiento de sus fenómenos más perjudiciales para la clase trabajadora, como el empleo no registrado, la tercerización laboral y las peores condiciones laborales de las mujeres.

La concreción de este avance se compone de distintos niveles. En primer lugar, en el orden socio-económico, el deterioro de las condiciones de vida se evidencia en la pérdida de poder adquisitivo y la expulsión de fuerza de trabajo, siendo la destrucción del entramado industrial una pieza clave dado el peso específico que ostenta la mano de obra industrial y calificada en la masa salarial promedio. A ello se adiciona el empeoramiento de la situación de las mujeres –si bien con datos incipientes, esto se revela en indicadores de empleo, informalidad y brechas salariales- lo que se agudizaría a partir de la implementación de la reforma previsional y eventual aprobación del paquete de reformas laborales. En materia de tercerización laboral, aun no se cuenta con datos sobre el impacto en la etapa reciente, pero los casos de despidos del personal contratista junto con la propuesta de modificación de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) en su artículo sobre responsabilidad solidaria empresarial, agravarían esta situación.

En segundo lugar, en el orden sindical, el gobierno nacional se ha dado una estrategia de cooptación dirigencial que apuntó a desactivar a los principales sindicatos –dada su magnitud en cantidad de afiliados- como núcleos de resistencia.2222. Gramsci defini (…) El disciplinamiento político a partir de la negociación de los fondos de las obras sociales constituye un fenómeno reiterado en la historia argentina, a partir de la incorporación de la administración de las obras sociales en la Ley 18.610 de 1970 firmada por J. C. Onganía. Desde la literatura especializada, en algunos sindicatos este fenómeno ha habilitado prácticas de enriquecimiento patrimonial (Ghigliani et. al, 2012).2323. Es posible ide (…) Siguiendo esta línea, el 3 de agosto de 2016, luego de concretado el veto a la Ley Antidespidos, Mauricio Macri les reintegró el dinero de las obras sociales a los gremios que componen la CGT y reclamaban el manejo de los recursos al Estado.2424. “Macri les rei (…) Esta concesión se dio en paralelo con una cuidada selectividad en los actores convocados al diálogo institucional, que reiteradamente excluyó a los sectores que manifestaron una oposición a las políticas de Cambiemos (siendo el caso de la Central de Trabajadores de la Argentina reunificada a partir de febrero de 2017). A su vez, la firma de la “Emergencia Social” entre el Ministerio de Desarrollo Social y una importante cantidad de organizaciones sociales de inserción territorial (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular –CTEP-, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa –CCC-, entre otras) se tradujo en una transferencia de recursos que tenía por finalidad desactivar la movilización y conflictividad (“paz social hasta 2019”).2525. Verbistky, H. (…)

En tercer lugar, se manifiestan avances que apuntan a modificar pilares de la institucionalidad laboral. Ello se constató en la virtual eliminación de la Paritaria Nacional Docente en un extendido conflicto con los gremios del sector y en el debilitamiento del Consejo del Salario, que de manera inédita en 2017 resolvió el guarismo del aumento del Salario Mínimo por decreto del Poder Ejecutivo. Como hito saliente, la reforma laboral impulsada desde la cartera laboral a partir de octubre de 2017 buscó cristalizar este cambio en la correlación de fuerzas en las relaciones laborales a través de una nueva legislación, que alterara el espíritu de la normativa vigente desde 1976. En noviembre de 2017, el borrador original enviado por el Poder Ejecutivo para su aprobación en el Congreso -y con pre-acuerdo de la cúpula cegetista-, incluyó la modificación de artículos relevantes de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744).

Estos avances en modificaciones institucionales se ubicaron en línea con el paquete de leyes aprobado en Brasil el 11 de julio de 2017, que entró en vigencia en el mes de noviembre. En ambos países, el eje se colocó en el abaratamiento del costo de contratación y la facilitación de formas de tercerización: en Brasil se habilitó la tercerización tanto de actividades periféricas como centrales del proceso productivo, mientras que en Argentina el proyecto original modificó el artículo 30 de la LCT sobre responsabilidad solidaria de la empresa principal. Se introdujeron cláusulas de flexibilidad: en Brasil se extendió a 12 horas la jornada laboral, mientras que en Argentina el proyecto original apuntó a eliminar las horas extras con la figura del Banco de Horas, cláusula que fue eliminada tras la negociación con la CGT, aunque habilitada para su eventual acuerdo por convenio. A su vez, se constata la aparición de formas de empleo por tiempo determinado: en Brasil se habilitó, entre otras, la figura de empleo intermitente, mientras que en Argentina el proyecto original incluyó prácticas formativas en tanto variante del empleo temporario que constan de un plazo de un año, y tienen como contraprestación una asignación estímulo no remunerativa.

Un elemento central de ambas reformas es la habilitación de la posibilidad de realizar acuerdos con condiciones laborales menores respecto de los convenios colectivos vigentes: en Argentina el proyecto modifica el art. 12 de la LCT sobre el principio protectorio de “irrenunciabilidad”, lo que habilita que las partes mediante acuerdos individuales puedan suprimir o modificar en forma regresiva los mejores derechos acordados por los convenios colectivos de trabajo. Se trata de una violación del principio de irrenunciabilidad como derivación del principio protectorio reconocido en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y del principio de progresividad en materia de derechos laborales y sociales (AAL, 2017). Por su parte, en Brasil se estableció la posibilidad de hacer prevalecer lo negociado por empresa o individualmente sobre lo legislado. Ello alteró radicalmente la estructura de las relaciones laborales en Brasil, que estaba dada por un sistema organizado en la llamada Consolidación de Leyes del Trabajo (CLT), que había sido aprobada en 1943 durante el gobierno de Getúlio Vargas. El presidente Michel Temer declaró: “La aprobación definitiva de la propuesta es una victoria para Brasil en la lucha contra el desempleo y en la construcción de un país más competitivo. Aprobamos una de las reformas más ambiciosas de los últimos 30 años”.2626. Royo, Joan. “M (…) En Argentina, también el objetivo del gobierno apunta a “modernizar” convenios colectivos introduciendo formas de flexibilidad y tomando como punto de partida la adenda al Convenio Petrolero incorporada en 2017 en el marco de la atracción de inversiones para la explotación del yacimiento en de Vaca Muerta.

Los tres niveles se encuentran estrechamente vinculados, dado que la alteración regresiva de la situación socio-económica de la clase trabajadora se cristaliza a través de la modificación institucional del status quo de las leyes laborales vigentes y al mismo tiempo abre un importante debate al interior del movimiento sindical –dividido en al menos dos centrales aglutinantes y atravesado por diferentes corrientes políticas- respecto de las estrategias a adoptar hacia adelante.

Referencias bibliográficas

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Citas de noticias periodísticas

“Qué dice el documento que firmaron las empresas y el Gobierno para frenar la ley antidespidos”, La Nación, 9 de mayo de 2016.

“Plan Productivo: buscan transformar 400.000 empleos”, La Nación, 5 de septiembre de 2017.

“Mauricio Macri criticó a los que “transformaron al Estado en aguantadero”“, Clarín, 28 de abril de 2017.

“En el Día del Trabajador, Macri criticó el ausentismo y exceso de personal”, El cronista Comercial, 2 de mayo de 2016.

“Mauricio Macri pidió que los empleados no pongan “palos en la rueda” a las empresas”, Diario La Nación, 22 de agosto de 2016.

“Mauricio Macri pidió “enfrentar la mafia de los juicios laborales” y apuntó contra el kirchnerista Héctor Recalde”, Infobae, 12 de junio de 2017.

“Macri quiere sueldos más bajos”, Página 12, 16 de noviembre de 2017.

“La CGT denunció “persecución gremial” de parte del Gobierno”, Diario Página 12, 3 de julio de 2017

“La Justicia suspendió la personería de los Metrodelegados”, Página 12, 10 de marzo de 2017

“Fallo a favor de los trabajadores judiciales de Mendoza contra la intervención del Ministerio de Trabajo”, La Izquierda Diario, 14 de julio.

“Sindicatos argentinos denunciarán a Mauricio Macri en la OIT”, Telesur, 13 de julio de 2017.

“Una escalada de represión a la protesta”, Página 12, 18 de diciembre de 2017

“La detención del Pata Medina: ¿saneamiento sindical o un caso aislado de disciplinamiento?”, La Nación, 28 de septiembre de 2017.

“Macri les reintegró el dinero de las obras sociales a los gremios”, La Nación, 3 de agosto de 2016.

Otros documentos

Etchemendy, S. (coord.), Gianibelli, G.; Mangini, M.; O´Farrell, J.; Ottaviano, J. M.; Perelman, L. y Strada, J. (2015). “La Tercerización Laboral en Argentina: Evidencia, Análisis y Propuesta de Regulación”, manuscrito inédito elaborado en el marco de la Subsecretaría de Planificación de Políticas Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Expediente N° 1703213).

Ministerio de Producción y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2016). “Plan Productivo Nacional”, septiembre, Buenos Aires.

AUTORA (2016). “La tercerización laboral en Acindar Villa Constitución (1991-2014)”. Tesis de Maestría –inédita-. Maestría en Economía Política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-, Buenos Aires.

Informe: “Imputaron a las autoridades de la UOM por lavado de activos”, en https://www.fiscales.gob.ar

1.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). [email protected]

2.

W. Ansaldi (1991) plantea que el sistema político argentino es un entramado de mediaciones entre la sociedad civil y el Estado dominado por un doble canal: la mediación partidaria y la mediación corporativa. Entre ambas, la corporativa – representada por la derecha económica - ha primado sobre la partidaria (entre 1880 y a lo largo del siglo XX). En octubre 2015 la novedad fue que los intereses corporativos del capital concentrado alcanzaron la suma del poder político por la vía electoral y recurriendo a su propio partido político.

3.

Al frente de la cartera de Hacienda se colocó al economista Nicolás Dujovne -en reemplazo de Alfonso Prat Gay-, una figura que asumió con el objetivo de concretar una drástica reducción del déficit fiscal.

4.

“Qué dice el documento que firmaron las empresas y el Gobierno para frenar la ley antidespidos”, La Nación, 9 de mayo de 2016.

5.

“Plan Productivo: buscan transformar 400.000 empleos”, La Nación, 5 de septiembre de 2017.

6.

Promedio de las paritarias del año 2017, acordadas por los trabajadores de comercio, construcción, metalúrgicos, gastronómicos, bancarios, gráficos, de sanidad, informáticos, automotrices, aceiteros y trabajadores de las universidades nacionales.

7.

El 27 de junio de 2017 se fijó por decreto (por primera vez desde la re-institucionalización del Consejo del Salario) un aumento de 42% en tres tramos. El sector sindical aglutinado en la CGT había exigido, en contraste, un aumento del 75% (elevando el SMVM a $14.060) acorde a la evolución de la canasta básica para una familia con dos hijos.

8.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (CNEPS) había sido creado con la sanción de la Ley Nacional de Empleo en 1991, pero estuvo inactivo durante varios años, siendo puesto en práctica recién en 2004. Está formado por 16 representantes de empresas y 16 de trabajadores y por un presidente nombrado por el MTEySS.

9.

“Mauricio Macri criticó a los que “transformaron al Estado en aguantadero”“, Clarín, 28 de abril de 2017.

10.

“En el Día del Trabajador, Macri criticó el ausentismo y exceso de personal”, El cronista Comercial, 2 de mayo de 2016.

11.

“Mauricio Macri pidió que los empleados no pongan “palos en la rueda” a las empresas”, Diario La Nación, 22 de agosto de 2016.

12.

“Mauricio Macri pidió “enfrentar la mafia de los juicios laborales” y apuntó contra el kirchnerista Héctor Recalde”, Infobae, 12 de junio de 2017.

13.

“Macri quiere sueldos más bajos”, Página 12, 16 de noviembre de 2017.

14.

“La CGT denunció “persecución gremial” de parte del Gobierno”, Diario Página 12, 3 de julio de 2017; “La Justicia suspendió la personería de los Metrodelegados”, Página 12, 10 de marzo de 2017.; “Fallo a favor de los trabajadores judiciales de Mendoza contra la intervención del Ministerio de Trabajo”, La Izquierda Diario, 14 de julio.

15.

“Sindicatos argentinos denunciarán a Mauricio Macri en la OIT”, Telesur, 13 de julio de 2017.

16.

La denuncia fue acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, Federación Aceitera, ATE, SUTEBA, Metrodelegados, Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) y la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), entre otros organismos.

17.

“Una escalada de represión a la protesta”, Página 12, 18 de diciembre de 2017

18.

La estimación se basa en el índice de salarios (IS-INDEC) deflactado por IPC-INDEC hasta el año 2007 y luego IPC de la Consultora Bein y Asociados.

19.

Respecto de la tasa de desocupación al II trimestre 2017, han surgido dudas sobre la precisión del dato publicado por el INDEC. La aparente reducción de la desocupación en dicho período, se produce con una caída paralela en la tasa de actividad: 45,4% en el segundo trimestre de 2017, 45,5% en el primer trimestre de 2017 y 46% en el segundo de 2016. La caída en la tasa de actividad expresa que una parte de la población que se encontraba inserta en el mercado laboral, deja de estarlo. En teoría, esto sucedería porque esas personas ya estaban desempleadas y dejaron de buscar trabajo, o bien tenían empleo y no solo dejan de tenerlo, sino que no hacen intentos para insertarse nuevamente. Una caída en la tasa de actividad interanual de 0,6 puntos porcentuales implica una disminución de 95.622 personas que salieron del mercado de trabajo en un año, referida a la población cubierta por los grandes aglomerados urbanos que cubre la Encuesta Permanente de Hogares. Si este total se proyecta a la población de todo el país, la cantidad de personas que salieron del mercado laboral asciende a 164.300. Al analizar la cantidad de desocupados, se observa que efectivamente la cantidad de desempleados disminuyó de 1.169.812 a 1.086.021. Sin embargo, esto deja de parecer alentador si al valor para el segundo trimestre de 2017 se le suman los nuevos inactivos presumiéndolos desocupados: el valor alcanza los 1.181.643 casos. Si la población que pasó a la inactividad se hubiera mantenido en el mercado laboral buscando un empleo, la tasa de desocupación para el segundo trimestre de 2017 hubiera ascendido al 9,4%. Este guarismo se encuentra 0,1 puntos porcentuales por encima del valor del segundo trimestre de 2016, la más alta desde el año 2007.

20.

Según Rapoport (2011), en base a datos de INDEC, en 1990 el IPC acumuló un incremento de 2.314% y en 1991 de 84%. Con la implementación del Plan de Convertibilidad en abril de 1991, la inflación mostró un importante descenso, siendo de 17,5% en 1992, 7,4% en 1993 y 3,9% en 1994.

21.

Según el INDEC, en el sector automotriz, en los primeros siete meses de 2015 las importaciones ascendieron a 1.874 millones de dólares (incidiendo en el 5% del total). En igual período de 2017, las importaciones escalaron a 3.518 millones de dólares (crecimiento de 87,7% en moneda extranjera), mientras que la participación sobre el total de las importaciones alcanzo prácticamente el 10% (específicamente, 9,6%). En contraste, los insumos para la industria, enmarcados en el rubro bienes intermedios, se redujeron 14,4% en valores en el año 2016 (de 18 mil millones de dólares en 2015 a 15.500 millones en 2016), y en los primeros siete meses de 2017, el avance fue sólo de 0,4% en cantidades y 8,1% en valores, que se explica por el alza de los precios de 7,6%.

22.

Gramsci definió al transformismo como “la capacidad que las clases dominantes poseen para decapitar a las direcciones de clase subalternas y para integrarlas a un proceso de revolución-restauración” Portantiero, Los usos de Gramsci (1983:115).

23.

Es posible identificar, adicionalmente, una política de amenazas con causas judiciales proveniente del Gobierno Nacional. El 13 de septiembre de 2016 fue detenido el secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) por “extorsión a empresarios y entorpecimiento del tránsito marítimo” y el 24 de octubre de 2017 se detuvo al ex secretario general adjunto Mario Morato (La Nación, 13 de septiembre de 2016). Otra causa involucra a integrantes del Secretariado Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica por administración fraudulenta de los fondos del seguro de vida (sobre la imputación a Antonio Caló, consultar: “Imputaron a las autoridades de la UOM por lavado de activos”, en https://www.fiscales.gob.ar). Como tercer hito, la detención del dirigente de UOCRA La Plata Juan Pablo “Pata Medina” fue interpretado desde distintos sectores como un mensaje de disciplinamiento. “La detención del Pata Medina: ¿saneamiento sindical o un caso aislado de disciplinamiento?”, La Nación, 28 de septiembre de 2017.

24.

“Macri les reintegró el dinero de las obras sociales a los gremios”, La Nación, 3 de agosto de 2016.

25.

Verbistky, H. “Garrote y chequera”, Pagina 12, 27 de noviembre de 2016; y Verbistky, H. “Conciliación y manoteo”, Página 12, 28 de noviembre de 2016.

26.

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TEI – Métopes

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