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Organismos de inteligencia y seguridad en el marco de las dictaduras militares de Brasil, Argentina y Chile

Organismos de inteligencia y seguridad en el marco de las dictaduras militares de Brasil, Argentina y Chile

Perspectivas de análisis y puntos de comparación

por Francisco Javier Morales11. De nacionalida (…)

Introducción

El impacto y profundidad que las dictaduras militares latinoamericanas dejaron en el seno de la ciudadanía constituyó uno de los hitos más significativos de nuestra reciente historia regional. Y no fue tan solo una huella en materia de violaciones a los Derechos Humanos, sino también con respecto a los cambios y transformaciones estructurales que el segmento militar logró desarrollar y proyectar a lo largo del tiempo. Dichas transformaciones se desarrollaron en el marco de lo que algunos autores han denominado como etapa de autonomía castrense (Crespo y Filgueira, 1993: 303 y ss.). En este sentido, los años más oscuros de la represión cívico-militar de los sesenta y setenta corrieron en paralelo a las modificaciones que crearon un nuevo tipo de Estado y régimen político. Con razón, ciertos autores han definido a esta época como una etapa de gran polarización, en virtud de los procesos de democratización, cambio, radicalización y las respuestas contrarrevolucionarias que tuvieron lugar entonces a lo largo de casi todo el continente (Del Pozo, 2002: 169).

En plena vigencia de la denominada Revolución Argentina (1966-1973) –que no fue sino otro intento de los militares por “refundar” a la nación trasandina–, Guillermo O´Donnell (1982) tuvo la agudeza intelectual para advertir sobre el carácter de este nuevo tipo de regímenes. Sus énfasis, provenientes de la ciencia política, permitieron generar un interesante debate en torno a los problemas sociopolíticos más apremiantes de nuestra región. De alguna forma, las investigaciones de este politólogo argentino se constituyeron en una verdadera hoja de ruta para quienes deseaban adentrarse en temas como la democracia, la dictadura, el autoritarismo y los vínculos entre la sociedad civil y el Estado. Su estudio más representativo a este respecto fue El Estado Burocrático Autoritario (1982), un texto que rápidamente se transformó en un clásico dentro de la literatura especializada. Su publicación, al comenzar los ochenta, logró dinamizar el debate conceptual sobre el carácter de los regímenes militares que asolaban la región por aquel entonces. Sin embargo, como el mismo O´Donnell ha comentado, este libro había sido escrito en la primera mitad de los setenta, pero debido a diversas razones –tanto personales como políticas– su publicación debió postergarse por varios años.

Como suele suceder con la mayoría de los trabajos vinculados a temáticas de alta complejidad política, el estudio de Guillermo O’Donnell es subsidiario de una época y un contexto en particular. Su interés, como señaláramos arriba, apuntaba a reflexionar sobre los alcances y particularidades de los regímenes autoritarios que fueron instaurándose en América Latina entre las décadas de los sesenta y los setenta. Más específicamente, O’Donnell buscaba entender desde una perspectiva amplia los factores que llevaron a la instauración de estos regímenes y, por sobre todo, analizar sus características más esenciales. En este sentido, la argumentación del autor prescinde de aquellos enfoques que únicamente buscaban historiar la trayectoria de estos Gobiernos, pues el suyo es un estudio más complejo que logra complementar la elaboración teórica con el análisis de casos específicos.

Para el politólogo argentino, el surgimiento del Estado Burocrático Autoritario (EBA) fue el resultado de una acción reactiva de la burguesía y sus aliados frente a la crisis –social y económica– que se desarrollaba en el seno de sociedades económicamente dependientes, pero industrializadas (1982: 14). Dicha crisis suponía una amenaza en ciernes para los intereses de esos sectores sociales y también para la continuidad del modelo económico. La respuesta factual de la burguesía, frente a la amenaza de una transformación social, económica y política que demandaban sectores mesocráticos y populares, fue la instauración de un tipo específico de régimen político; un EBA bajo control militar. Materialmente, este tipo de Estado dispuso de una amplia red de funcionarios públicos que ejecutaron la dominación y que poseía, además, un fuerte componente autoritario en virtud de los mecanismos y procedimientos que buscaban controlar y cooptar a la sociedad civil a fin de resguardar la continuidad del régimen (O’Donnell, 1982: 61-62).

En la práctica, dos ejes articulan la estructuración del Estado Burocrático Autoritario según O’Donnell. El primero de ellos se desarrolla sobre la base de los objetivos estratégicos de su clase dirigente; esto es, normalizar la economía y controlar a los segmentos sociales subalternos. El segundo eje se articula en torno a la exclusión del mundo popular, apartándolo de las instancias de decisión política y de los beneficios económicos. A partir de estos objetivos, se materializarán mecanismos como la despolitización, el cierre de los canales democráticos y lo que parece ser uno de los aspectos más importante, a saber, el encogimiento de la nación (1982: 62).

Tanto la alianza con la burguesía capitalista como su carácter cooptativo, excluyente y reactivo frente a la movilización social fueron los elementos que definieron de mejor forma a este tipo de Estado, cuya materialización más representativa se alcanzaría, según O´Donnell, en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile (2004: 98-101). Con respecto a los casos específicos que aborda el politólogo argentino, Paredes (2004: 126) hace una clasificación más pertinente sobre los regímenes militares latinoamericanos, identificando los casos brasileño (1964-1985) y argentino (1966-1970) como dictaduras burocrático-desarrollistas, mientras que Uruguay (1973-1985) y Chile (1973-1990), en conjunto con Bolivia (1971-1978) y nuevamente Argentina (esta vez en la etapa 1976-1983) respondieron a un énfasis más bien terrorista y neoliberal.

Una interpretación similar a la de O’Donnell es posible encontrar en Alfred Stepan cuando se refiere a la irrupción de los militares latinoamericanos en el poder. En su opinión, entre 1964 y comienzos de los setenta hubo diversos “momentos brumarianos” –en alusión al ensayo de Marx sobre Luis Bonaparte– en donde fracciones importantes de la burguesía abdicaron en sus aspiraciones rectoras a cambio de protección coercitiva por parte de los militares (1988: 25).

Más allá de compartir un diagnóstico común con O’Donnell, Stepan profundiza en la relación que existe entre los militares por un lado y la sociedad civil, la sociedad política y el Estado por otro. La sociedad civil, observa Stepan, agrupa a un número amplio y diversos de movimientos y organizaciones sociales, la mayoría de las cuales trata de constituir un conjunto de acuerdos que les posibilite expresarse y promover sus intereses (1988: 19). Sociedad política, en tanto, hace referencia a grupos que se han organizado específicamente para la contienda política, como una forma de obtener control sobre el poder público y el aparato estatal (1988: 20). Considerando la complejidad del término Estado, y su permanente teorización por parte de la politología, Stepan apuesta por una definición breve pero significativa, que vaya más allá de la idea de Gobierno, es decir, como la continuidad administrativa, legal, burocrática y del sistema coercitivo que busca no solo administrar el aparato estatal, sino también estructurar relaciones entre el poder civil y el poder público, así como relaciones cruciales dentro de las sociedades civil y política (1988: 20).

Las definiciones anteriores propuestas por Stepan se sitúan bajo contextos democráticos, es decir, con poderes legalmente constituidos, elecciones periódicas y, en fin, con respeto a la autonomía y libertad de los individuos y sus organizaciones. Sin embargo, dichas relaciones se ven alteradas cuando el autoritarismo militar irrumpe en escena y pasa a controlar el poder político. Por lo general, las autonomías políticas y sociales se ven restringidas, cuando no absorbidas, por grupos dominantes dentro del Estado (Stepan, 1988: 20 y ss.).

Tanto para O’Donnell como para Stepan, el carácter autoritario de un Estado –impuesto en gran medida gracias a la acción estratégica de la burguesía– impacta profundamente en el seno de una sociedad. O´Donnell, por cierto, enfatiza en los orígenes de estos Estados y en las transformaciones estructurales que se llevan a cabo en su interior. Su interés, como apuntamos arriba, es pesquisar el carácter y orientación general de este tipo de regímenes. Stepan, no obstante su cercanía intelectual con el politólogo argentino y sin desatender la reflexión conceptual, aterriza su análisis, en este caso específico, a perspectivas más concretas, vinculadas al impacto del autoritarismo militar en el seno de la sociedad civil y política.

Patrice Mc Sherry (2009) analiza igualmente el carácter del Estado latinoamericano bajo el contexto de las dictaduras militares de las décadas de los sesenta y los setenta, enfatizando en la acción coordinada que en materia represiva dichos Estados asumieron. Su análisis propone una doble conceptualización a este respecto. Por una parte, definir el carácter dominante y punitivo de las dictaduras como un Estado depredador (cual bestia instintivamente ávida de víctimas) y por otro lado, especificar el accionar concreto de los organismos de inteligencia bajo la expresión de Estado paralelo, que corresponde a los sistemas y organismos represivos que operaron en las sombras. Según Mc Sherry, el Estado paralelo constituía el lado invisible del Estado militar, estrechamente ligado a la cara visible aunque de manera secreta (2009: 54). En otras palabras, la autora visualiza al Estado como una estructura multiforme, que posee diversas fisonomías que se articulan a la hora de concretar sus propósitos más inmediatos. De este modo, las labores de violencia represiva –éticamente reprobables– debe materializarlas ese Estado paralelo que opera, simbólicamente, de manera invisible, en una suerte de acción/negación de las violencias cometidas. Este proceder, observa Mc Sherry, permite garantizar la continuidad del proyecto autoritario del Estado militar.

Algunos de estos énfasis son utilizados también por Naomi Klein (2008) a la hora de explicar la implantación del modelo neoliberal en el contexto de las dictaduras latinoamericanas. Para esta autora, las reformas económicas neoliberales, en virtud de su impopularidad y rechazo dentro de los sectores mesocráticos y populares, debieron imponerse indefectiblemente por medio de la violencia. Es decir, la sociedad civil es vista como una entidad que debe, bajo la óptica militar, necesariamente ser cooptada y violentada a fin de introducir modificaciones que supondrán alteraciones significativas en lo que a relaciones económico-sociales se refiere (2008: 7 y ss.). Se trata de la cara más violenta y represiva del Estado militar que se ha impuesto en buena parte del Cono Sur latinoamericano.

Como se puede apreciar, el grueso de la literatura existente ha enfatizado en el carácter represivo de los estados militares latinoamericanos. Este parece ser el eje central a partir del cual se derivan análisis secundarios. El mérito de O’Donnell a este respecto radicó en haber pensado los regímenes militares –para luego desarrollar conceptualmente esta idea– como tipos específicos de Estado que guardaban diferencias sustantivas con otras formas de autoritarismo, tanto por sus orígenes como por sus características y proyecciones materiales. No obstante, ni O’Donnell ni el resto de los autores más arriba consignados hace una reflexión mayor en torno a los organismos de inteligencia en tanto estructura informativa del Estado autoritario, los cuales, más allá de sus labores represivas, poseyeron un diseño y orgánica específica de funcionamiento. Posiblemente, Klein y Mc Sherry son quienes más se acercan a este fenómeno, no obstante, sus análisis de las estructuras de inteligencia siempre están vinculados al tema represivo.

De todos modos, los énfasis que se centran en la acción represiva de un sistema autoritario no resultan un impedimento, ni metodológico ni conceptual, para analizar las estructuras de inteligencia en su vertiente más orgánica, es decir, como instituciones encargadas de recopilar y sistematizar un conjunto amplio de fuentes informativas. Si el Estado autoritario posee redes y mecanismos encargados de mantener su supervivencia a partir de dispositivos políticos, económicos y sociales, también conviene resaltar en aquellos elementos informativos que apuntan a un objetivo similar. Dentro del burocratismo autoritario de O’Donnell o del Estado paralelo que consigna Mc Sherry, existe un espacio que, en general, ha sido poco estudiado. Allí se desarrollaron las tareas de inteligencia no solo desde una perspectiva represiva, sino también informativa.

A partir de estas coordenadas, en donde se ha instalado factual e ideológicamente un tipo específico de Estado, que en su dimensión más explícita corresponde a uno de carácter militar-autoritario, el presente trabajo busca indagar en uno de los aspectos que materializan la acción dominante en estos regímenes, a saber; los organismos de seguridad encargados de las labores de inteligencia e información. Como señalamos arriba, la mayoría de las investigaciones sobre este tipo de temas ha puesto el acento en el carácter represivo de dichos organismos, indagando en sus métodos, objetivos e inclusive en la coordinación trasnacional que algunos de ellos tuvieron (Mc Sherry, 2009: 33 y ss.). En otras palabras, las labores de inteligencia propiamente tales han sido reconstruidas en función de las violaciones a los DDHH que ellas implicaron, concibiendo, quizás implícitamente, que toda tarea de inteligencia generaba una práctica ilícita de abusos y atropellos en contra de un sector de la sociedad.

Sin embargo, creemos que algunas de estas prácticas tuvieron como objetivo, quizás primigenio, desarrollar amplias redes informativas a fin de posicionar al Estado como una estructura megacognoscente con respecto a la sociedad civil y al funcionamiento de los organismos públicos en general. Es decir, estamos en presencia del brazo informativo del Estado que O’Donnell denominó como Burocrático Autoritario y que Mc Sherry definiría años más tarde como paralelo. No se debe olvidar además que un número no menor de las acciones de inteligencia que se llevaron a cabo, se hicieron en etapas previas a la instalación de las Fuerzas Armadas en el poder, situación que no implicó necesariamente materializar prácticas represivas en contra de la población civil.

En virtud de lo anterior, nos parece apropiado utilizar el concepto de Estado megacognoscente, entendiendo a este como una estructura superior, con una orgánica propia y una amplia red de funcionarios encargada de recolectar, sistematizar y clasificar información pública y privada sobre los actores sociales y políticos del periodo a fin de utilizarse provechosamente en el futuro.

Por lo general, los análisis sociopolíticos que hacen referencia al Estado enfatizan, según vimos, en su carácter hegemónico y detentador del monopolio de las armas, situándose en un plano de evidente superioridad con respecto a la ciudadanía. Basta recordar, a modo de ejemplo, la apreciación que Marx tenía sobre el Estado al enfatizar en su carácter de clase y esencialmente reactivo hacia las clases proletarias (2008 [1848]: 35 y ss.).

La literatura, en tanto, ha sido un campo fértil para representar al Estado como un organismo nocivo y voraz, que a través de diversos mecanismos y dispositivos intenta controlar a una sociedad inquieta y errática que sólo anhela rebelarse en contra de las estructuras de poder. Buena parte de ello es posible apreciarlo en la novela distópica de Orwell, 1984, publicada a fines de los cuarenta (2005 [1949]). También, en aquel Estado que desea acabar con los libros en virtud de sus efectos negativos para los hombres (Bradbury, 1982 [1953]). Inclusive, a comienzos de los años veinte algunos autores como el ruso Zaniatin, en su dramática novela Nosotros, ya daban cuenta de los intentos de control hegemónico por parte de un Estado omnipresente (1970 [1921]). De alguna forma, esta novela es el relato anticipado de lo que sucedería años más tarde en la Unión Soviética de Stalin, cuyos actos y prácticas represivas más crueles han sido reconstruidas notablemente por el historiador Orlando Figes (2009).

Guardando las diferencias del caso, algunos elementos estructurales y orgánicos, reflejados parcial o totalmente en los ejemplos anteriores, son posibles de observar en los dispositivos de inteligencia que actuaron en el marco de las dictaduras militares latinoamericanas. Así como el Estado desarrolló importantes estructuras económicas, políticas y sociales, también procedió a conformar complejos sistemas de información que buscaron entregar una visión panorámica, y al mismo tiempo específica, sobre los actores que intervenían en el escenario público. Dichos sistemas, en el contexto de la irrupción de los militares en el poder y a fin de satisfacer los requerimientos del mundo uniformado, se transformaron en grandes estructuras informativas que buscaban conocer, por medio de diversos dispositivos y mecanismos, al grueso de los actores sociales y políticos de entonces. De allí que a nuestro juicio se conformara un verdadero Estado Megacognoscente que funcionaba como un brazo más del sistema estatal en su conjunto. Hasta ahora, nos parece la conceptualización más adecuada y pertinente, sobre todo por la ausencia de trabajos que indaguen en esta perspectiva y que puedan servir de complemento a nuestro trabajo. Se trata, en fin, de un concepto preliminar que no obstante su carácter tentativo, bien puede ayudarnos a ordenar la discusión y caracterizar mejor las estructuras informativas y cognoscitivas de los regímenes autoritarios que aquí se consignan.

Ahora bien, el problema más complejo en el abordaje de este tipo de temáticas radica en que la mayor parte de las labores de inteligencia desarrolladas por estos organismos, luego de que las Fuerzas Armadas alcanzaran el poder, se ejecutaron en un contexto en donde estas se habían incorporado activamente dentro de la lucha social y política, emergiendo como un actor más en la disputa por el control y el poder del Estado. Así y desde su particular óptica, el mundo militar concibió que su papel consistiría, entre otras cosas, en contrarrestar la insurgencia de los grupos guerrilleros o de aquellos más activamente movilizados y que implicaban una amenaza creciente para la seguridad interna de la nación. No podemos desconocer, entonces, que muchas de las prácticas de inteligencia llevadas a cabo por los organismos uniformados significaron materializar diversas acciones represivas. Conviene apuntar, además, que este largo ciclo de intervención militar coincidió también con una fase compleja de la historia mundial, en donde la violencia, en tanto fenómeno y discurso que podía transformarse en una práctica concreta, nutrió buena parte de los conflictos sociales y políticos de aquel período.

De tal manera entonces, existió una tenue frontera –a veces muy difusa– entre lo que fueron las acciones de inteligencia y aquellas prácticas que implicaron violar sistemáticamente los derechos humanos. No obstante, y a fin de contribuir en el conocimiento de las estructuras internas de los regímenes autoritarios, creemos necesario reconstruir las orgánicas, prácticas y metodologías con que algunos servicios de seguridad desarrollaron sus tareas de inteligencia, fijando la mirada en tres casos específicos; Brasil, Argentina y Chile.

En el primer caso, se trata del país más poblado y económicamente más fuerte del Cono Sur, por lo que resultaba interesante visualizar la forma en cómo se estructuraron sus organismos de inteligencia en un territorio tan vasto y diverso. Además, Brasil de alguna forma inauguró, en 1964, el ciclo de dictaduras militares en la región, pues su impacto y alcance mediático fue mucho mayor que el caso de Paraguay, nación que ya había sufrido la intervención uniformada en la primera mitad de la década de los cincuenta. Argentina, en tanto, constituye un caso especial pues sus organismos de inteligencia debieron enfrentar el impacto de la lucha guerrillera bajo un marco generalizado y permanente de violencia política en las principales ciudades del país, cuestión que no se dio ni en Brasil ni en Chile. Todo ello, como sabemos, ocurrió en un complejo escenario social que se sitúa, característicamente, entre las dos intervenciones militares que Guillermo O’Donnell ha definido como representativas de un Estado Burocrático Autoritario; la de 1966 y la de 1976. El caso de Chile es igualmente importante, pues su principal organismo de inteligencia y represión, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), alcanzó tal poder y autonomía que en ocasiones actuó por sobre las decisiones y criterios de la propia Junta Militar. Dicho organismo, en efecto, respondía, cual guardia pretoriana, a las directrices que fijaban el dictador Augusto Pinochet y el general Manuel Contreras, director supremo de la DINA.

Cabe señalar, en fin, que estos tres casos representan estructuras orgánicas de inteligencia que debieron actuar en contextos esencialmente complejos y disímiles entre sí. De allí que adquieran una importancia decisiva para reconocer y reconstruir algunos episodios, todavía difusos, de la historia contemporánea de América Latina.

A partir de estas indagaciones, surgirán una serie de características y realidades bastante particulares, las cuales, vistas en su conjunto, permitirán explicitar ciertas aproximaciones y diferencias entre los modus operandi con que cada uno de los organismos de seguridad de estos países llevaría adelante sus tareas. Como hemos señalado, el énfasis de este trabajo no está centrado en las prácticas específicas de violencia represiva que se sucedieron en cada uno de estos países. Si bien se enunciarán algunas dinámicas correspondientes a este fenómeno, nuestro análisis busca entender y explicar los complejos sistemas de inteligencia e información en cada uno de estos países, bajo el entendido de que se trata de un Estado –además de autoritario– megacognoscente, es decir, preocupado por extraer, recopilar y sistematizar distintos niveles de información. A modo de ejemplificar este carácter cognoscente del Estado militar, cabría señalar que solo en Paraguay se han contabilizado más de cuatro toneladas de archivos, las que incluyen documentos, fotografías, fichas de detenidos, informes, libros, entre otros instrumentos (Gaudichaud, 2003: 9).

Formalmente, este artículo se divide en tres partes. La primera de ellas, busca indagar en torno al valor que las dictaduras militares aquí consignadas le asignaron al tema de la inteligencia. En una segunda parte, se analizarán las orgánicas, las instituciones y los dispositivos que dieron forma a un sistema nacional de inteligencia en Brasil, Argentina y Chile. Finalmente, las conclusiones desarrollan un análisis en torno a las similitudes y diferencias que se pueden establecer entre los distintos organismos aquí consignados.

Dictaduras militares y el rol de la inteligencia

La puesta en marcha de transformaciones estructurales por parte de los principales regímenes dictatoriales del Cono Sur americano no solo implicó que estos asumieran una cosmovisión particular que permitiera conducir dichos cambios. También se desarrollaron una serie de mecanismos y dispositivos materiales que pasaron a constituir el brazo ejecutor de las medidas que estos Gobiernos impulsaban. Estos instrumentos se cohesionaron en torno a una serie de instituciones sociales, políticas, económicas y culturales que reflejaron la cara más visible del Estado autoritario militar. Dentro de esta lógica, la mayoría de los regímenes autoritarios considerarían de suma importancia la constitución de una serie de organismos de inteligencia y represión encargados de llevar adelante la lucha en contra de un enemigo interno.

Este objetivo, claro está, no respondía a definiciones apriorísticas que sobre la sociedad civil tenían los militares. Más bien, ella se explicaba a partir de diversos factores, algunos de carácter contextual y otros de índole más estructural, alojados estos últimos en las fibras más íntimas del mundo militar. Contextualmente, resulta evidente la influencia que algunas doctrinas anglosajonas jugaron en la conformación, o mejor dicho en la reafirmación, de una mentalidad antisubversiva en las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Generalmente, se pondera como decisiva la influencia norteamericana a propósito de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) que se fue expandiendo, en el transcurso de los sesenta, dentro de la oficialidad castrense del Cono Sur (Mc Sherry, 2009: 320). Con el inicio de la guerra fría a fines de la década de los cuarenta, Estados Unidos consideró que Latinoamérica representaba un espacio geopolítico estratégico dentro de la lucha occidental en contra del comunismo. A partir de este diagnóstico, la forma en cómo los ejércitos latinoamericanos colaborarían en esta verdadera cruzada en “contra del mal” resultaba decisiva para Washington. La DSN, en fin, fue solo un componente más de un vasto plan norteamericano que buscaba alinear a los países de la región hacia “desarrollos políticos acordes a sus intereses como potencia hegemónica en la región” (Corvalán, 2001: 139).

En términos prácticos, esta doctrina visualizaba a ciertos segmentos de la sociedad –sobre todo a aquellos que se encontraban activamente movilizados– como entes contrarios a la nacionalidad, y a los valores que históricamente la definieron, en virtud de los proyectos de transformación social a los cuales adherían. Tales proyectos, al ser subsidiarios, en su gran mayoría, del ideologismo marxista –y por ende acercarlos peligrosamente hacia Moscú– representaban una amenaza para los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos. Así, tanto el programa de cambio social como los sujetos que materialmente sustentaban su desarrollo y proyección futura fueron conceptualizados por la DSN como enemigos internos de la nación. Bajo este criterio, dichos sujetos debían necesariamente ser erradicados, pues constituían una suerte de “mal absoluto” (Corvalán, 2003). Fácticamente esta tarea de limpieza ideológica correspondería a las Fuerzas Armadas de cada nación, las cuales, bajo las directrices metodológicas y operativas emanadas desde Estados Unidos, asimilarían los modus operandi respectivos a fin de cumplir cabalmente con dicha misión.

Sin embargo, la explicación que considera a la DSN como el único determinante ideológico en las tareas que las Fuerzas Armadas del Cono Sur asumieron por entonces resulta incompleta. Desde mediados de la década de los cincuenta, Francia elaboró la Doctrina de la Guerra Revolucionaria (DGR) a partir de su experiencia en Indochina y Argelia. Como sabemos, en ambos territorios el ejército galo debió hacer frente a un combatiente mayoritariamente irregular que lo sorprendía con acciones que no se adecuaban a los parámetros de una guerra tradicional (Smith, 2013: 49-77). A la larga, Francia no pudo mantener ni su dominio en el sudeste asiático ni tampoco la supervivencia de su colonia nor-africana. A partir de tales sucesos, el alto mando francés analizó el comportamiento de un combatiente tipo, que podía responder a diversas orientaciones ideológicas (independentismo, comunismo, nacionalismo, etc.), y la forma en cómo se podía contrarrestar su operatividad. Desde la óptica francesa, dicho combatiente representaba un potencial enemigo al cual se debía necesariamente combatir.

Como bien apunta Maud Chirio, los énfasis de la DGR fueron adoptados por gran parte de la oficialidad del Ejército brasileño y también por oficiales argentinos (2012: 21). El caso de Brasil resulta interesante pues, según Chirio, los términos que definieron conceptualmente a la guerra fría –desde la óptica norteamericana– no resultaban acordes al pensamiento geopolítico de los oficiales de dicho país (2012: 20). Además de ello, los contactos entre estos últimos y la Misión Militar Francesa, presente en territorio carioca hasta fines de los cuarenta, estrechó los lazos de amistad a lo largo del tiempo. De hecho, en las revistas que circularon al interior de los cuarteles brasileros, a fines de la década de los cincuenta, fue posible advertir como se dio un tratamiento especial a la DGR. No resulta equivocado pensar que, en ese contexto, algunos de los lineamientos de esta doctrina hayan sido transmitidos por oficiales brasileños a sus pares del Cono Sur, en particular a miembros de la oficialidad uruguaya y chilena. Conviene recordar a este respecto que a mediados de los setenta se materializó la denominada “Operación Cóndor”, consistente en un violento plan represivo y de alcance regional llevado a cabo por los regímenes militares del Cono Sur (Kornbluh, 2004; Mc Sherry, 2009; Teruel, 2012).

Como señaláramos arriba, los lineamientos de la DSN y de la DGR fueron factores de contexto que, desde una perspectiva de las relaciones internacionales, contribuyeron en cohesionar una parte del pensamiento antisubversivo de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. A nuestro entender, dichos factores deben complementarse con aspectos de carácter estructural presentes en el cuerpo interno de las propias Fuerzas. Nos referimos específicamente al valor que los institutos armados le asignaron a las labores de inteligencia e información. Como sabemos, dichas tareas se desarrollaron tempranamente en los Ejércitos americanos, cumpliendo una labor significativa en contextos de guerra y resguardo de las fronteras nacionales. En esa línea, las Fuerzas Armadas crearon organismos e instituciones específicos que les permitieron cumplir con los propósitos antes señalados. Así, cada rama de las Fuerzas Armadas estableció sus propios organismos y los adecuó a la jerarquía y la disciplina con que tradicionalmente operaban dichas instituciones. El poder de la información y su procesamiento, traducidos en estrategias de control y mantención del orden interno y externo, constituyó, pues, uno de los principales valores con que el mundo militar aquilató las labores de inteligencia.

Bajo la concepción que le asigna preeminencia al poder civil por sobre el poder militar, los organismos de inteligencia castrenses debieron, de algún modo, responder a las orientaciones que la autoridad ejecutiva fijaba con respecto a la seguridad interna y externa de la nación. De todos modos, el poder civil creó, a lo largo del tiempo, sus propias agencias e instituciones encargadas de coordinar las labores de inteligencia. El esquema anterior, como es de suponer, responde a los parámetros generales con los cuales se maneja el tema de la inteligencia al interior de Estados esencialmente democráticos.

En el contexto en que se sitúa el accionar de las Fuerzas Armadas en las décadas de los sesenta y los setenta, las labores de inteligencia fueron perspectivadas rápidamente a la luz de nuevas doctrinas –DSN y DGR–, asignándole a dichas tareas un rol decisivo en la lucha contrasubversiva. Una parte significativa de este esquema puede entenderse, en lo que a recursos materiales se refiere, a la luz del gasto militar observado en las dictaduras militares del Cono Sur. En la mayoría de los casos, se ven alzas sostenidas en el presupuesto militar como porcentaje del PIB. A modo de ejemplo, cabría citar el caso de Argentina, que hasta 1975 tenía un porcentaje de gasto militar de alrededor del 1,4% para luego ascender, en el período 1976-1983, a un 3,2% (Stepan, 1988: 94).

Preliminarmente, las labores de inteligencia tuvieron un carácter exploratorio, pues sus énfasis buscaron básicamente recolectar información, entender las orgánicas de los grupos sindicalistas y de izquierda, clasificar a los sujetos de acuerdo a ciertos perfiles, etc. Como sabemos, varias de estas actividades se llevaron a la práctica en los meses anteriores a los golpes militares, implicando que los organismos militares tuvieron una visión muy completa y general de los movimientos políticos y sociales, sus dirigentes, las orgánicas internas y el grueso de sus cuadros militantes (Silva, 2012). No deja de ser llamativo a este respecto que el otrora jefe supremo de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA), el general Manuel Contreras, publicase un libro, La verdad histórica. El Ejército Guerrillero (2000), en donde recopila, detallada y exhaustivamente, una amplia cronología de hechos de connotación violentista ocurridos en Chile entre 1967 y 1973. Por cierto, se trata de un texto cuyo propósito principal es justificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas después del golpe militar de septiembre de 1973. No obstante, resulta sugerente el caudal de información que logró reunir y sistematizar Contreras a lo largo del tiempo, lo cual revelaría que este comenzó a desarrollar sus labores de inteligencia mucho antes de que se institucionalizara formalmente la DINA, es decir, en los años previos a 1973, cuando se encontraba al mando de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, ubicada en la V región del país.

A decir verdad, el trabajo previo que en materia de inteligencia desarrollaron buena parte de las Fuerzas Armadas latinoamericanas implica preguntarnos tanto por la capacidad de control y mando de las autoridades civiles para con el poder militar, como también por las atribuciones que se les otorgaron a los ejércitos en períodos de normalidad institucional. En última instancia, este problema plantea una discusión de fondo en torno a la forma cómo la sociedad civil ha dimensionado y acatado –pasiva o activamente– la injerencia del mundo militar en su propio campo de acción.

Las labores de inteligencia a través de las orgánicas e instituciones establecidas por las dictaduras militares. Análisis de casos

Brasil

Esta nación representa un caso importante en lo que respecta a las orgánicas de inteligencia establecidas en el contexto de las dictaduras militares del Cono Sur. En buena medida, tanto sus objetivos como sus dispositivos y metodologías de trabajo fueron compartidos con el resto de los regímenes militares de aquel entonces. Junto a ello, Brasil representaba un papel no menor en el concierto regional dado su potencial económico, geográfico y cultural, por lo que sus organismos de inteligencia debían actuar con extrema eficiencia y coordinación al interior de un territorio extenso y densamente poblado en algunas zonas (Joffily, 2014).

En este contexto, las labores de inteligencia tuvieron desde muy temprano una importancia decisiva para las autoridades civiles y militares. El sistema de informaciones en este país se remonta a la década de los cincuenta, cuando se estableció el Servicio Federal de Informaciones y Contra-Informaciones (SFICI), supeditado al Consejo de Seguridad Nacional. En forma paralela, existían otras organizaciones que actuaban con cierta independencia. La más importante de ellas fue el Departamento de Orden Político y Social (DOPS), encargado de los temas políticos y sociales, logrando acumular con el paso del tiempo información muy precisa sobre actores sindicales y estudiantiles. El problema radicaba en que no existía una superestructura jerárquica que pudiera coordinar a algunas instituciones federales con aquellas, como el DOPS, que respondían a las directrices de algunos ministerios militares. Desde el ámbito estrictamente castrense, cada rama tenía sus propios organismos encargados de las tareas de inteligencia; la Armada, por ejemplo, contaba con el Centro de Informaciones de la Marina (CENIMAR).

A fines de los cincuenta, se creó la Junta Coordinadora de Informaciones (JCI) como organismo suprajerárquico encargado de sistematizar el conjunto de las tareas de inteligencia. La creación de esta entidad coincidió con el inicio de la década de los sesenta y los procesos de movilización social y política que le acompañarían. Para las Fuerzas Armadas, la llegada de Joao Goulart al poder en 1961, en su calidad de Vicepresidente, tras la renuncia de Janio Quadros, representó una amenaza en ciernes para la estabilidad de la nación y la propia seguridad de las Fuerzas. Ello se entendía a la luz de las promesas realizadas por Goulart y la constante movilización social que acompañó sus casi tres años de gobierno (Napolitano, 2014).

Con el golpe militar de marzo de 1964, las Fuerzas Armadas derrocaron al Gobierno de Goulart e instauraron una dictadura que se extendería por casi veinte años. En virtud de ello, las prácticas y dispositivos de inteligencia no actuarían de modo uniforme a lo largo de todo este tiempo. Así por ejemplo, el período de mayor represión política no estuvo concentrado en los meses inmediatamente posteriores al golpe militar, sino al finalizar la década de los sesenta. En este sentido, conviene destacar la existencia de distintas fases a lo largo de la dictadura brasileña en las cuales es posible identificar prácticas y dinámicas diferenciadas entre sí. Cronológicamente, es posible dividir el régimen militar en tres fases: 1964-1968, en donde se asienta una estructura jurídica y legal que legitima al gobierno; 1969-1974 como una etapa en que recrudece la violencia y represión pero que al mismo tempo coincide con los años del esplendor económico, y 1974-1985, en donde se observa un período de apertura y transición hacia la democracia.

Si bien el grueso de las tareas de inteligencia y represión se concentraron en la segunda etapa, no se puede olvidar que existieron importantes labores que buscaron ampliar la recopilación y sistematización de los registros informativos en los años siguientes al golpe militar. Dichas tareas fueron en paralelo a la existencia de detenciones e interrogatorios en diversos espacios, como cuarteles militares, estadios y navíos, junto con casos documentados de personas que buscaron exiliarse en otros países, particularmente en Uruguay y Argentina. En ese marco, fueron creados organismos que se encargaron de llevar adelante estas tareas de represión temprana. El más característico de esta etapa fue el denominado Investigaciones Policiaco-Militares (IPM), encargado de las acciones de inteligencia y represión de la subversión en universidades y otros estamentos, pero también practicando una labor vigilante hacia el interior mismo del Estado Federal.

El conjunto de estas prácticas requería, por parte de las autoridades, de una reorganización de la esfera de inteligencia. El SFICI, creado en los cincuenta, fue reemplazado por una plataforma de mayor alcance, el Servicio Nacional de Informaciones (SIN), que permitió el montaje de una estructura todavía más amplia y cohesionada; el Sistema Nacional de Informaciones (SISNI). Este macro-organismo estuvo integrado por una larga lista de instituciones vinculadas al ámbito de la información e inteligencia, la mayoría de las cuales pertenecía al mundo militar, como los Servicios Secretos de la Aeronáutica (A2), el Centro de Informaciones del Ejército (CIE), o bien a organismos civiles como el Centro de Informaciones del Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (CIEx). De igual forma, existían otros organismos que complementaban la labor del SISNI, sobre todo en lo que respecta a las labores del Gobierno federal. Este fue el caso de la Comisión de Alto Nivel de Seguridad Interna (CANSI), dirigida por el Presidente de la República (Viz Quadrat, 2013: 182).

Un punto nodal dentro de la historia de la Dictadura Militar brasilera fue la dictación del Acto Institucional N° 5 (AI-5) en diciembre de 1968, por medio del cual el nuevo Gobierno, encabezado por el general Costa e Silva, reforzaba el poder del Ejecutivo en virtud de sus atribuciones para suprimir los derechos de la ciudadanía, extinguir el habeas corpus y ordenar el receso del Congreso.

No deja de resultar paradojal que esta etapa en que recrudeció la represión y la violencia en contra de los opositores coincidiera con los años del crecimiento económico del país, de los triunfos deportivos y, en fin, con una sensación generalizada, a nivel de las autoridades, de que Brasil transitaba por el sendero del desarrollo y el bienestar material. Marcos Napolitano (2014: 119) describió acertadamente este período de brillo y oscuridad al definirlo como “os anos de chumbo” (“los años del plomo”).

En este mismo contexto surgió, en 1969, un sistema tendiente a coordinar y materializar las acciones de inteligencia y represión de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en la zona de Sao Paulo, el cual prontamente se extendería al resto del territorio. Tal estructura fue denominada como Operación Bendeirantes (OBAN), cuyo centro de trabajo se ubicó en dependencias de un distrito policial de la ciudad. Conviene señalar además que la OBAN contó con la ayuda económica de diferentes empresas y capitales privados, algunos de ellos de carácter transnacional. A partir de la OBAN, surgirían dos organismos encargados del rastreo de informaciones; el Centro de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Destacamento de Operaciones de Informaciones (DOI), siendo este último el que materializó las prácticas más violentas en lo que a represión se refiere, sobre todo porque estaba integrado por uniformados pertenecientes a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Los hechos anteriores representaron la acción represiva del Estado por un período de casi siete años. A partir de mediados de los setenta, el régimen ya diseñaba algunos lineamientos con respecto al proceso de transición que se avizoraba en el horizonte político. Tanto el CODI como el DOI mantuvieron sus estructuras internas casi intactas, reorientando su accionar en la perspectiva de entorpecer el proceso de transición. Ello se materializaría en acciones de hostigamiento y amenazas hacia miembros de la oposición, atentados, y también, en dejar actuar a grupos de extrema derecha que trasuntaban propósitos similares a los evidenciados por los organismos uniformados. Bajo ese clima social y político, en donde las entidades de inteligencia jugaban sus últimas cartas para resguardar sus propios intereses, se verificaría el proceso de transición política en la primera mitad de los ochenta.

A modo de síntesis, cabría señalar que los organismos y dispositivos de inteligencia y represión brasileños actuaron de acuerdo con distintos enfoques y metodologías, las cuales en muchos casos estuvieron determinadas por la propia coyuntura política. Del mismo modo, la existencia de una amplia y numerosísima red de organismos e instituciones abocados a este tipo de tareas se explica en virtud de la organización administrativa del país, aunque el factor geográfico, es decir, su extensión territorial, también puede ser un elemento que debe considerarse. En esa línea, no resultaba sencillo coordinar diversas instituciones, en distintos puntos del país, bajo una lógica y una metodología específica. Por ello, los servicios de información sufrieron modificaciones constantes a lo largo del tiempo, la mayoría de las veces buscando concentrar en una sola plataforma a los distintos grupos y entidades.

Argentina

Las acciones de los organismos de inteligencia argentinos venían actuando con anterioridad al golpe militar de 1976. Como sabemos, el clima de violencia se encontraba arraigado en buena parte de la sociedad trasandina desde al menos la segunda mitad de los sesenta (Carassai, 2013; Sáenz, 2003). Ni el regreso y posterior Gobierno de Perón, considerado por algunos como el líder que podría pacificar al país, pudo controlar esta situación.

En lo que respecta a las orgánicas de inteligencia y represión establecidas en el contexto de la Dictadura Militar, cabría señalar que, a diferencia del caso brasilero, cuyas instituciones acusaron un carácter más descentralizado y en ocasiones con poca coordinación interna, los organismos argentinos se caracterizaron por su cohesión y actuación conjunta en pos de objetivos claramente delimitados. Como lo enunciamos arriba, estas entidades, junto a diversos grupos de civiles, comenzaron a desarrollar sus tareas en los años anteriores al golpe militar sin limitarse a labores meramente informativas o de recolección de datos. Efectuaron una rápida y consistente gestión represiva en contra de los grupos de izquierda más activos, entre los que se encontraban el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, ligado a la Juventud Peronista. De hecho, la denominada Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), digitada desde el corazón mismo del Gobierno peronista, cumplió eficientemente, a través de los denominados Escuadrones de la Muerte, con sus tareas represivas. En este sentido, resulta bastante complejo dimensionar el carácter de las labores de inteligencia en un contexto en donde la represión constituía el factor y énfasis fundamental para todos los organismos encargados de estas tareas. Parece ser que, en el caso argentino, la inteligencia se encontraba completamente supeditada a las tareas represivas.

Formalmente, las labores de investigación e informaciones correspondían al Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), el cual, luego del golpe militar, se apoyaría en los denominados Grupos de Tareas (GT). Los GT estuvieron integrados fundamentalmente por personal militar, aunque también incluyó elementos civiles, sobre todo aquellos provenientes de la Triple A, controlada según Rock, por la derecha peronista (1993: 225). El sistema en su conjunto funcionaría bajo la óptica jerárquica y vertical de las Fuerzas Armadas, las cuales, apartado el peronismo, detentaron un poder sin contrapeso ni cuestionamientos relevantes.

Los GT constituyeron así la cara visible de la represión vivida en Argentina. Estos organismos se dividieron en varias facciones, siguiendo en general la división existente dentro de las propias Fuerzas. De este modo, se llegaron a contabilizar cerca de ocho de estos grupos, entre los que destacaron el GT1, correspondiente a la Policía Federal; GT2, conocido como Batallón de Inteligencia 601; GT3, perteneciente a la Armada; GT4, de la Fuerza Aérea; GT5, integrado por personal del SIDE. En el transcurso de las labores punitivas de la Dictadura Militar, se crearon, en distintos momentos, tres nuevos GT, centrados en el control y represión de los movimientos sociales y en labores efectuadas en el exterior (Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, 1986: 257). De todos los organismos señalados, el Batallón de Inteligencia 601 fue el que más directamente se involucró en la violación de los derechos humanos, coordinado y ejecutando la mayoría de las tareas represivas practicadas entre 1976 y 1983.

Era este organismo el que recogía la información que otras unidades proporcionaban, sistematizándola y determinando en contra de qué sujetos y actores debían actuar los GT. El objetivo de estos últimos era recolectar, a través de los interrogatorios y torturas, la mayor cantidad de información posible a fin de remitirla nuevamente al Batallón de Inteligencia 601, el cual clasificaba los datos, fijando nuevas tareas y cursos de acción.

Dentro del aparataje de inteligencia/represión que se desarrolló en Argentina, los Centros Clandestinos de Detención (CCD) cumplieron un rol fundamental, pues se trataba de los espacios desde donde se extraía, a punta de torturas, la información que permitía darle continuidad al sistema de inteligencia argentino. Al igual que las acciones de los organismos de inteligencia, algunos CCD iniciaron su funcionamiento en los meses previos al golpe militar, destacándose a este respecto, al menos dos lugares, la denominada Escuelita en la provincia de Tucumán y El Campito, ubicado en la zona de Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires. María Seonae (2001: 227) ha contabilizado un total de 610 CCD para 1976, cifra que iría reduciéndose progresivamente a medida que pasaban los años. El último recinto en que funcionó un CCD correspondió a uno de los lugares más emblemáticos de la represión argentina; la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Al ser una base perteneciente a la Marina, el control y ejecución de las políticas represivas estaba a cargo, en última instancia, del propio almirante Eduardo Massera, quien se apoyaba en el GT3, perteneciente, recordemos, a esta rama de las Fuerzas. Como lo han divulgado diversos testimonios, en la ESMA se concentraron algunas de las prácticas más horribles en materia de violaciones a los derechos humanos (Calveiro, 2008). De igual forma, algunos célebres torturadores pasaron por sus cuarteles y oficinas (Camarasa, 2009).

Sobre la base de los elementos más arriba señalados, es posible sostener que en Argentina las labores de inteligencia y recolección de informaciones estuvieron directamente vinculadas a las tareas represivas. Estas últimas, a diferencia del caso brasileño, se instituyeron fácticamente en el período anterior al golpe militar, con la anuencia de autoridades civiles y democráticamente electas. El brazo represivo del Estado fue más explícito y concreto que las tareas de inteligencia, actuando en plena vigencia de un régimen democrático. De este modo, el trabajo de información y contrainsurgencia trasandino se adelantó en varios meses a la fecha oficial en que las Fuerzas Armadas iniciaron su actuación en contra de la subversión. Al mismo tiempo, los organismos creados para tales efectos se mantuvieron, en general, cohesionados y coordinados por instancias superiores, como el Batallón de Inteligencia 601, permitiendo a los GT cursos de acción rápidos y eficientes. Todo ello, en la práctica, permitió una supervisión y retroalimentación constante entre los altos mandos y los oficiales a cargo de las prácticas represivas.

Chile

Las labores de inteligencia en Chile fueron coordinadas a partir de la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en noviembre de 1973, apenas dos meses después del golpe militar del 11 de septiembre. Sin embargo, existen casos documentados en donde algunos elementos de las Fuerzas Armadas, posiblemente con la anuencia de autoridades superiores, lograron infiltrar, antes del golpe militar, a diversas colectividades de izquierda como así también organizaciones sindicales y centros fabriles (Silva, 2012).

La particularidad de la DINA, cuyo símbolo distintivo fue un hierático puño de acero, radicó en que luego de su institucionalización formal, pasó a convertirse en una entidad de carácter supraestructural, que se situaba por encima de otros grupos o instituciones y que poseía, además, una orgánica propia, con departamentos específicos como el de personal, el jurídico o incluso uno económico (Echeverría, 2008: 85). Recientemente, dos periodistas accedieron a una serie de documentos secretos de la DINA en donde quedan manifiestas las incontables operaciones de inteligencia que dicho organismo coordinó, tanto en Chile como en el extranjero, utilizando, para tales efectos, un número no menor de civiles y miembros de la administración pública (Dorat y Weibel, 2012: 77-85). Además, su organización interna daba cuenta de una entidad extremadamente jerarquizada y vertical, conducida con mano de hierro por el general Manuel Contreras Sepúlveda, cuya palabra, para muchos de sus subordinados, constituía una verdad revelada. Formalmente, la DINA dependía de la Junta Militar de Gobierno, aunque en la práctica, se sabía que Contreras definía los cursos de acción y misiones únicamente con Augusto Pinochet (Kornbluh, 2004: 125).

El grueso de los integrantes de la DINA correspondió a miembros del Ejército –algunos de triste memoria como fue el caso de Miguel Krassnoff (Echeverría, 2008)–, quienes se dividían las tareas de inteligencia y represión, a través de la formación de distintos grupos o brigadas como Lautaro, Purén o Mulchén (Escalante et al., 2013). Existió, del mismo modo, una unidad específica para las acciones ejecutadas en la capital; la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM). Se sabe, asimismo, que miembros de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR), entre ellos la temida Ingrid Olderock, participaron activamente en la DINA (Guzmán, 2014). De igual forma, cientos de civiles de las más diversas condiciones profesionales prestaron sus servicios al interior de este organismo. Para Kornbluh, la participación de civiles se habría canalizado a través de una denominada Brigada Ciudadana (2004: 121). Se trató, en fin, de una institución que concentró en sus manos, y de forma omnímoda, un poder incontrarrestable dentro de la estructura dictatorial chilena, actuando secretamente y por encima de la ley y del resto de las instituciones de inteligencia existentes.

Dentro de estos últimos organismos, cabe mencionar las distintas ramas de las Fuerzas Armadas con un radio de acción menos extendido que el de la DINA, pero de cierta relevancia. La Aviación contaba con su propio servicio de inteligencia, el cual, después de 1975, pasaría a denominarse como Dirección de Inteligencia de la Fuerza Área (DIFA). El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, CNVR, (1991: 458-459) señala que este organismo se orientó específicamente hacia la detección y eliminación de elementos vinculados al Partido Comunista. Las primeras detenciones llevadas a cabo por la Fuerza Aérea tuvieron como centro de operaciones la Academia de Guerra Aérea (AGA), ubicada a un costado del hospital institucional (Escalante et al., 2013: 161 y ss.). La Marina, por su parte, cumplió labores similares, inteligencia y represión, sobre todo en aquellas zonas en donde su presencia era significativa; el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), explica el Informe CNVR, desarrolló importantes tareas represivas en ciudades como Valparaíso (1991: 460). El Ejército, fuertemente vinculado a la DINA, poseía sin embargo un organismo propio, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Adicionalmente deben consignarse organismos como la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR) y un denominado Servicio de Inteligencia Regional de Concepción (SIRE) integrado por civiles y uniformados del Ejército y la Marina.

A pesar de que la DINA ejerció el grueso de las tareas de inteligencia, siempre existieron instancias de coordinación entre las distintas entidades. De hecho, los directores de cada una de ellas se reunieron en diversas ocasiones a fin de establecer objetivos en común y compartir datos e información relevantes. Ejemplo de lo anterior fue la creación, hacia 1975, de la Comunidad de Inteligencia que reunía, a través de encuentros semanales, a los principales mandos de los organismos más arriba descriptos. Se sabe que el propósito de dichos encuentros era coordinar aspectos administrativos y no necesariamente proyectar acciones represivas en conjunto. Por otro lado, y a instancias de la DIFA, se creó un organismo, a fines del mismo año, denominado el Comando Conjunto (CC), cuyo norte apuntó hacia la coordinación estructural de los organismos de inteligencia como una forma de contrarrestar el poder y autonomía con que actuaba la DINA (Informe CNVR, 1991: 461-462).

En paralelo al accionar de la DINA y del resto de los servicios castrenses, hubo otro organismo de carácter civil, aunque integrado igualmente por uniformados, que también puede adscribirse a una estructura mayor en lo que labores de inteligencia e información se refiere. Se trató de la División de Comunicación Social (DINACOS), dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y estuvo en funcionamiento desde fines de 1973 hasta febrero de 1992. Su principal objetivo fue el control de los contenidos audiovisuales e impresos que se generaran en cualquier medio de difusión del país. Adicionalmente, era el encargado de las comunicaciones oficiales del Régimen Militar. Se trató por ello de un órgano eminentemente burocrático (Skarpelos, 1991: 152-154), comisionado para implementar la política de comunicaciones del régimen, lo cual le permitía, entre otras cosas, acceder a material informativo, publicitario o de entretención proveniente desde diversas instituciones del quehacer nacional (Dorat y Weibel, 2012: 133 y ss.). No está del todo clara la relación que tuvo esta organización con la DINA, aunque todo hace pensar una actuación complementaria bajo el binomio inteligencia/comunicación.

Siguiendo con la trayectoria de los organismos de inteligencia, cabe señalar que hasta 1977, fecha en la cual la DINA fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), dicha organización había ejecutado un extenso plan de represión en contra de los opositores políticos del régimen, llegando a actuar inclusive en el exterior. Como sabemos, la DINA, y en particular Contreras, tuvieron un papel destacado en la coordinación del denominado Plan Cóndor, que supuso una acción conjunta de las dictaduras militares de Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile en contra de los opositores políticos (Carrió, 2005; Mc Sherry, 2009: 33).

Como se puede apreciar, las acciones de la DINA no se limitaron a tareas represivas solo al interior del país. Se trataba de un brazo operativo con amplias atribuciones y capacidades para actuar inclusive en otras naciones. En la ejecución de estos planes, la DINA debió contar con recursos materiales y humanos de consideración. Su presupuesto, proveniente del erario nacional, era de carácter reservado, aunque también logró autofinanciarse a través de diversos medios. En materia de apoyo logístico y administrativo, la DINA logró la colaboración de cientos de civiles que se desempeñaban en el aparato público y privado, proveyendo a esta institución de los recursos necesarios para cumplir eficazmente sus tareas. No deja de resultar significativo que este organismo contara con personal de confianza al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que facilitó los trámites de pasaportes y visas hacia el exterior.

La creación de la CNI, en agosto de 1977, no supuso un cambio significativo en cuanto a las prácticas represivas, aunque sí cierta propensión a desarrollar mayores tareas de inteligencia, sobre todo en lo que respecta a la infiltración en partidos y organismos opositores. Además, el contexto en el cual operaría la CNI difería con respecto a aquel en que actuase la DINA (Kornbluh, 2004: 134). Legalmente, la CNI contó con mayores restricciones que su antecesora, pues hasta 1984 podía detener solo mediante una orden judicial, situación que varió con la Ley N° 18.314 de ese mismo año, en que se tipificaron las conductas terroristas, y se señaló al mismo tiempo que este organismo podía arrestar bajo orden emanada por el Ministro del Interior, los Intendentes, Gobernadores Provinciales o Comandantes de Guarnición sin necesidad de un documento judicial. Esta medida estuvo vigente hasta 1987 (Informe CNVR, 1991: 620).

A partir de la segunda mitad de los ochenta, es posible verificar un recrudecimiento de las labores represivas de la CNI, llegando a su punto máximo, según el Informe CNVR (1991: 618), en el período 1986-1987, etapa que coincide con una mayor actuación operativa de grupos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Adicionalmente, se ha documentado la existencia de otros grupos que realizaron labores complementarias a las que realizaba la CNI y otras entidades. El más reconocible de ellos fue el denominado Comando Antisubversivo (CAS), creado a comienzos de los ochenta e integrado por miembros de la Policía de Investigaciones, Carabineros y de la propia CNI (Informe CNVR, 1991: 624). Parece ser, de acuerdo con las denuncias que el Informe CNVR recogió, que integrantes del CAS constituyeron un subgrupo de tareas represivas denominado Comando Vengadores de Mártires (COVEMA). Otro organismo de cierta relevancia en la década de los ochenta fue la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), sucesora de la DICAR a partir de 1983. Con participación relevante en diversas detenciones y torturas, su participación en el degollamiento de tres profesionales comunistas, en 1985, fue su actuación más reconocida (Escalante et al., 2013: 429).

A modo de síntesis, es posible advertir dos grandes etapas en la actuación de los organismos de inteligencia chilenos. La primera de ellas, materializada inmediatamente después de ocurrido el golpe militar, fue coordinada por la DINA. Dicho período se extendió hasta mediados de 1977 y en él es posible advertir una práctica represiva sistemática que en muchos casos superó a las labores de inteligencia y de recolección de informaciones. Existió una política estatal, permanente y extensiva en lo que a violaciones de derechos humanos se refiere. En la segunda etapa, algunos aspectos de la represión se vieron de algún modo matizados, tanto por la condena y presión internacional como por las propias funciones que jerarquizara la CNI. Si bien las prácticas represivas alcanzaron puntos significativos, por ejemplo en la coyuntura 1985-1987, no es posible suponer una puesta en marcha extensiva y permanente de estas, como sí la hubo en la etapa 1973-1977.

A modo de conclusión: diferencias y aproximaciones en la estructura y actuación de los organismos de inteligencia

Cada una de las instituciones y organismos aquí reseñados tuvo una actuación distinta en el contexto de su propia realidad social y política. De todas formas, existieron ciertas dinámicas y metodologías de trabajo similares, lo que inevitablemente plantea una reflexión mayor sobre los contactos regionales de estos organismos, en un contexto en donde, según ha apuntado Mc Sherry, un Estado paralelo actuaba casi sin contrapeso (2009: 54).

Analizar el tema de los organismos de inteligencia y seguridad, trazando algunos elementos que permitan explicar su carácter y acciones, supone considerar tanto aspectos estructurales como coyunturales. En el primer caso, se trató de asociaciones que se encontraban vinculadas a un sistema mayor, es decir, a una red estatal que le había dado forma y atribuciones –a veces omnímodas– en pos de alcanzar ciertos objetivos. Así, los organismos de inteligencia constituyeron una parte del brazo ejecutor de los Estados Autoritarios de los que habla O’Donnell. Si hemos de aceptar la interpretación de Mc Sherry, diríamos que dichos organismos fueron la cara visible/invisible del Estado paralelo que ejecutaba las acciones represivas. A decir verdad, un manto permanente de sombra oscureció las acciones de los sistemas de inteligencia del Cono Sur americano, y se hicieron públicos únicamente sus fatales resultados. A fin de cuentas, se trataba de acciones ilegales que no podían explicitarse a cabalidad, aun cuando existía una construcción discursiva –cimentada gracias a las tareas de inteligencia digitadas por los organismos respectivos– que apuntaba a legitimar cuidadosamente esas acciones.

Coyunturalmente, cabría señalar que dichos organismos adquirieron una relevancia inusitada a partir del momento en que las Fuerzas Armadas alcanzaron el poder. Sin embargo, una parte no menor de sus tareas informativas y de inteligencia fueron realizadas en etapas anteriores a dicha fecha, posiblemente como una forma de “adelantar trabajo” ante un contexto en que la intervención militar se visualizaba, para el mundo castrense, como inevitable. La acción de la Armada de Chile a este respecto resulta significativa. Sus principales organismos de inteligencia se desplegaron ampliamente en los meses previos al golpe militar de septiembre de 1973, ya sea interceptando comunicaciones, ya sea espiando a suboficiales o a la tropa. En junio de ese mismo año, algunos marinos fueron detenidos y apartados de sus funciones al ser acusados de sedición y motín (Magasich, 2008: 420-423, vol. 1). Cabe recordar que fue precisamente la Armada la institución que coordinó y planificó con más ahínco el golpe militar, por lo que una acción represiva, y a la vez preventiva, proveniente desde la oficialidad y dirigida hacia la tropa y elementos subalternos, no resultaría extraña en esta institución.

Entonces, son las actuaciones de la inteligencia militar las que nos permiten acceder a situaciones concretas de su accionar coyuntural y, a la vez, a objetivos transversales y estructurales de mayor profundidad. Así, el Estado Megacognoscente al que hemos hecho referencia debe ser entendido como una entidad capaz de actuar estructural y coyunturalmente al mismo tiempo. Es decir, capacitado para planificar un sistema de inteligencia y proyectarlo hacia en el largo plazo a partir de acciones concretas y específicas.

En lo que respecta a los organismos de inteligencia propiamente tales, ¿hubo divergencias en las actuaciones de estos? En virtud de los contextos y realidades en que debieron operar, por supuesto que existieron énfasis y dinámicas particulares. A nuestro juicio, las más representativas fueron las siguientes.

A diferencia de Argentina y Chile, Brasil vivió la etapa de acción más extensiva de sus organismos de inteligencia y represión, entre fines de los sesenta y mediados de los setenta. Dichas acciones se concentraron en contra del movimiento estudiantil, ciertos elementos vinculados a la guerrilla rural y algunos dirigentes políticos de cierta connotación. Se sabe, además, que las labores de inteligencia propiamente ocuparon gran parte de la agenda programática de estos grupos, desarrollando tareas de infiltración, recolección de datos y manejo de la contingencia mediante acciones efectuadas al interior de algunos medios de comunicación (Kushnir, 2010: 288).

Esta suerte de heterogeneidad de las prácticas represivas complotaría, según algunos autores, en contra de la propia historia del Brasil y su capacidad por reconocer las sombras de su pasado reciente (D’Araujo, 2010). En la etapa postdictatorial de ese país, los hechos ocurridos bajo el régimen militar siempre constituyeron un tema tabú, que incomodaba tanto a las autoridades civiles como uniformadas. Recién en los últimos diez años se han realizados esfuerzos por recuperar ese pasado y reinterpretar, a la luz de nuevos trabajos historiográficos, la oscuridad y complejidad de esos años.

En Argentina y Chile, es posible notar una diferencia con el caso de Brasil. Quizás el factor represivo fue muchísimo más marcado en estas naciones que en aquella otra, por lo que el pasado dictatorial, sus dinámicas y hechos más significativos interroga permanentemente a la sociedad civil en su conjunto. De todas formas, nuevos relatos e investigaciones han ensanchado la reconstrucción y reinterpretación de ese mismo pasado, sobre todo en Argentina (Elías, 2005).

A nivel de estructura y organización, los dispositivos y entidades encargados de ejecutar las labores de inteligencia poseen ciertas similitudes en sus metodologías de trabajo y cursos de acción. En general, los tres casos analizados presentan sistemas complejos de inteligencia, en donde cada rama de las Fuerzas Armadas posee una entidad propia encargada de dichas tareas. A ello se suma un interés de las autoridades por desarrollar un organismo que sea capaz de coordinar el conjunto de las labores de inteligencia. En Brasil, ello fue posible observarlo a través del SISNI y la OBAN, pero casi exclusivamente para el estado de Sao Paulo, mientras que en Argentina uno de los organismos encargados de la represión, el Batallón 601, pasó a cumplir dicha tarea. En Chile, la situación fue algo más compleja debido al poder omnímodo con que contó desde un primer momento la DINA, la que, recordemos, respondía únicamente ante el propio gobierno, y más particularmente ante el propio Pinochet. De hecho, los intentos que buscaron cierta coordinación estructural de los servicios de inteligencia, por ejemplo a través del Comando Conjunto, fueron permanente obviados por la DINA. Se trató, en fin, de estructuras complejas y altamente jerarquizadas que actuaban para dotar al Estado –aquel que definimos como megacognoscente– de la mayor cantidad de información posible.

El caso de Brasil, como lo enunciamos arriba, aporta un elemento igualmente distintivo pues, al tratarse de un país federal, su división administrativa, recursos y atribuciones de los gobiernos estaduales difería en cada caso. Por ello, la represión se concentró en ciertas zonas del país. Chile, dada su estructura administrativa unitaria, logró cohesionar la represión y hacerla extensiva a gran parte del territorio.

El papel de los civiles, a través de actuaciones individuales y colectivas, es posible apreciarlo con mayor intensidad en Argentina y Chile. En Brasil, más que organismos civiles encargados de tareas represivas, fueron sujetos específicos los que colaboraron en los aparatos de seguridad. De igual forma, un número no menor de profesionales no uniformados colaboró permanentemente con dichos organismos, sobre todo en algunos medios de comunicación.

A la luz de los elementos antes descriptos, existió una clara reconfiguración de los servicios de inteligencia de las naciones sudamericanas luego de la llegada al poder de las Fuerzas Armadas. En muchos casos, dichos organismos ya existían previamente, por lo que sus actuaciones posteriores se hicieron sobre la base de una orgánica ya instalada, pero que ahora, bajo la vigencia de la autoridad militar, y condicionada por nuevas concepciones ideológicas, reorientarían sus cursos de acción fundamentalmente hacia el interior de sus fronteras.

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1.

De nacionalidad chileno, es profesor y licenciado en Historia, estudiante del Programa de Magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Especializado en temas de historia social y política del Chile contemporáneo, se desempeña como académico de la Escuela de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Santo Tomás. [email protected]

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