ARSAT: Cielos abiertos, negocio cerrado

La industria satelital argentina era hasta hace dos años la iniciativa de desarrollo más ambiciosa de América Latina en este sector, pero hoy navega entre la parálisis y los intentos de privatización. Dos ex ARSAT presentaron un libro en el que buscan rescatar esa experiencia y advertir sobre las consecuencias de la desregulación de este mercado.

Por Carlos de la Vega  
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Agencia TSS — De todos los países de América Latina, la Argentina fue el único que durante la década pasada comenzó a transitar el camino para contar con una industria propia de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. El país tenía una importante tradición de diseño y fabricación de satélites propios para la observación de la Tierra, pero introducirse en el terreno de los artefactos geoestacionarios fue un salto cualitativo mayor. Por complejidad, por la misión que realizan, por la distancia a la que operan y por la vida útil que deben tener, el desarrollo de satélites geoestacionarios es una tecnología que dominan no más de una decena de países en el planeta, la Argentina entre ellos.

El pasado jueves 23 de noviembre, Guillermo Rus y Martín Serra presentaron en el Centro Cultural Mariano Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires, su último libro: ARSAT en la encrucijada, una obra que continúa una especie de saga que comenzó con El futuro llegó. El Plan Geoestacionario Argentino 2015-2035, obra anterior sobre la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital Nacional, que Rus escribió junto con Matías Bianchi, presidente de ARSAT hasta diciembre de 2015.

TSS conversó con Serra y Rus tras la presentación de este libro que analiza la regulación argentina del sector satelital de telecomunicaciones, el rol jugado por ARSAT y las perspectivas a futuro que tiene la empresa, especialmente desde que la actual conducción, presidida por Rodrigo de Loredo (yerno del ex ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad), decidiera suspender sin plazo la construcción del tercer satélite geoestacionario argentino, el ARSAT 3.

“Vimos la necesidad de hablar sobre cómo el Estado regula la autorización de satélites en la Argentina y en el mundo, ir un poco más allá del marco jurídico y comenzar a analizar cómo el Estado debería regular”, dijo Martín Serra, ingeniero electrónico y ex miembro del equipo de planeamiento de ARSAT. A Guillermo Rus, ex vicepresidente de la empresa y director de LATAM Satelital, no deja de sorprenderle el modo en que Cambiemos gestionó este tema: “Se invirtieron 600 millones de dólares en 10 años de trabajo exitoso y se aprobó el plan para la empresa por 20 años, es decir, se dejó una política consolidada y con cimientos firmes. Sin embargo, lo que vemos en este año y medio son dos cosas más allá de la interrupción (del ARSAT 3): la autorización de 14 satélites extranjeros que compiten contra ARSAT y el intento de privatización”.

“Uno puede hacer una preventa, pero nunca va a ser beneficiosa, siempre va a dar menos dinero que una venta de un satélite que está en el aire”, dijo Serra.

Abrir los cielos

La autorización para que satélites extranjeros brinden servicios en la Argentina es crucial porque puede transformarse en una competencia imposible de enfrentar y llevar a la quiebra a ARSAT como ya ocurrió con Nahuelsat, su antecesora privada. Nahuelsat fue constituida en 1993 tras una licitación internacional ganada por un consorcio integrado por la alemana Daimler-Benz Aeroespace, la francesa Aeroespatiale y la italiana Alenia Spazio, todas multinacionales de primera línea. Aun así Nahuelsat quebró cuando a principios de la primera década de este siglo se “abrieron los cielos”, eufemismo técnico para una política de desregulación de la oferta de servicios satelitales a favor de operadores extranjeros.

A pesar de la transformación que trajo el kirchnerismo a la política de desarrollo satelital para las telecomunicaciones hubo una pieza central de este engranaje que no fue cambiada y sigue vigente: la Resolución 3.609/1999, que contiene el Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales. Aprobada durante la presidencia de Fernando de la Rúa, esta norma parecía contener un principio de protección para los servicios satelitales argentinos condicionando la autorización de prestadores extranjeros a la situación de reciprocidad con el país de origen, pero lo cierto es que “la letra chica de la regulación igualmente permite autorizar satélites, es una regulación escrita con trampa”, explicó Serra. El problema reside en que el concepto de “reciprocidad” se toma de una manera formal y potencial, no efectiva. De esta manera, es posible autorizar satélites de una empresa proveniente de un país que, aunque no presente limitaciones para que la Argentina le brinde a su vez servicios, en realidad no es posible por no disponer de satélites para hacerlo, o porque las escalas económicas de los operadores locales hacen fácticamente imposible competir contra ellos. Así se han autorizado satélites de Luxemburgo, pertenecientes a la multinacional SES, una de los mayores empresas del sector en el mundo, a pesar de que la Argentina no tiene capacidad para ofrecer servicios en ese país ni para enfrentar comercialmente a esos gigantes de las telecomunicaciones.

Un personaje ubicuo en toda esta trama es Henoch Aguiar, actual vicepresidente de ARSAT, secretario de Comunicaciones en tiempos de De la Rúa y, en el medio, abogado de grandes empresas de telecomunicaciones. Defensor de la política de “cielos abiertos”, Aguiar generó en su anterior paso por el Gobierno nacional las condiciones para que entre los años 2000 y 2002 fueran autorizados 18 satélites extranjeros para la prestación de servicios sobre la Argentina. Con la misma legislación, el kirchnerismo permitió el ingreso de 10 satélites foráneos al mercado nacional a lo largo de 12 años. Ahora, con Aguiar otra vez en una posición relevante, en menos de dos años se autorizó a otros 14 satélites.

 

La importancia de una regulación satelital protectora es tan relevante en la Argentina porque, además de contar con un operador estatal, el país posee una industria en el rubro que requiere un mercado local para consolidarse y poder proyectarse internacionalmente. El objetivo a mediano plazo podría ser la exportación de satélites geoestacionarios, como hoy se hace con los reactores nucleares de investigación.

“Las autoridades actuales subestimaron un poco lo que se había hecho, pensaron que se iban a encontrar con otra cosa, con algo más improvisado”, dijo Rus.

Chicanas y mentiras

De Loredo y Aguad —mientras fue ministro de Comunicaciones— repitieron incesantemente que la suspensión de la fabricación del ARSAT 3 se debía a que durante la gestión anterior la capacidad del ARSAT 2, ya en órbita y operativo, no había sido vendida en su totalidad y tampoco se habían gestionado los “derechos de aterrizaje” (landing rights) en los países de América del Norte, a fin de ampliar los mercados potenciales. “La comercialización de ancho de banda satelital se produce cuando se puede demostrar que eso existe” aclara Serra, y agrega: “Uno puede hacer una preventa, pero nunca va a ser beneficiosa, siempre va a dar menos dinero que una venta de un satélite que está en el aire. Así y todo se vendió casi un 30% de la capacidad (por anticipado) del ARSAT 2 a un precio razonablemente bueno”. Las adquirentes en estos casos fueron Claro, Red Intercable Satelital y Telefónica, que ya tenían servicios sobre otros satélites que alquilaba ARSAT.

“Con respecto a los landing rights, —continua Serra—primero hay que tener el satélite en su lugar para luego avisar que vas a querer vender”. Una vez que el satélite está en posición y operativo, los trámites para obtener estos derechos son relativamente rápidos, ya que la prerrogativa para transmitir viene con la asignación de la posición orbital, lo que se denomina “recurso órbita espectro”.

Durante este año, De Loredo salió a anunciar que ya se habían conseguido los derechos de aterrizaje para los Estados Unidos. Lo que omitió es que la Federal Communications Commission (FCC), órgano rector del sector en el país del norte, emitió la autorización el 21 de julio de 2016 como conclusión de un trámite que se había iniciado en 2015, cuando ARSAT todavía era conducida por la gestión anterior.

Certificado emitido por la FCC de Estados Unidos otorgando los derechos de aterrizaje (landing rights) para el ARSAT 2, en el que figura como referente Carlos del Valle, gerente de Legales de ARSAT durante la presidencia de la empresa de Matias Bianchi, e iniciador del trámite durante 2015.

Los megahertz de oro

Tanto el ARSAT 1 como el 2 poseen una capacidad de transmisión de 1 GHz (gigahertz). La medida de comercialización de los servicios de telecomunicaciones satelitales es el MHz/m (megahertz por mes) cuyo valor de referencia en el año 2015 era de 3.500 dólares en los contratos firmados por ARSAT con sus clientes. Desde entonces, esta cifra ha descendido, pero se puede estimar que dos satélites como los ARSAT están facturando anualmente entre 50 y 70 millones de dólares, con una vida estimada cada uno de 15 años de operación. La ganancia operativa de los servicios satelitales es elevadísima, en torno al 70%. Al final de la vida útil de un artefacto debe invertirse una cuantiosa suma para fabricar y poner en órbita otro, pero mientras tanto los márgenes de rentabilidad son muy altos.

La empresa ARSAT cuenta con tres productos básicos: los servicios de conectividad por fibra óptica, la televisión digital terrestre y las telecomunicaciones satelitales. Los primeros requieren una fuerte inversión durante mucho tiempo y no serán rentables hasta que no hayan sumado una masa crítica de clientes. Los segundos son un negocio intraestatal, dado que el principal comprador de este servicio es Radio Televisión Argentina (RTA). Aun así, la empresa que en 2015 facturaba cerca de 1.000 millones de pesos anuales obtenía una ganancia de entre el 5% y el 10% sobre las ventas gracias al extraordinario margen del tercer componente de su ecuación comercial, los servicios satelitales.

“Las autoridades actuales subestimaron un poco lo que se había hecho, pensaron que se iban a encontrar con otra cosa, con algo más improvisado. Cuestionaron todo, no se supo adónde ir, y luego quisieron pasar por encima del marco normativo. Ahí se estancaron”, reflexionó Rus.

América Latina, por su relativamente elevada cantidad de población, un territorio vasto y un mercado poco explotado, es la región del planeta de mayor crecimiento estimado para los servicios de telecomunicaciones satelitales. Mientras esto ocurre, el Gobierno del  “mejor equipo de los últimos 50 años”, como supo calificar el presidente a su gabinete, parece haberse quedado estancado en el fundamentalismo del libre mercado.

Serra concluyó: “Lo importante es que ARSAT se mantenga como operador nacional, que haya servicios satelitales que puedan competir contra los de otros países, por lo menos en la Argentina, y que pueda expandirse el producto ahora que está probado y es fácil de mantener. Se podría buscar una asociación privada en caso de que no quieran ayudar desde el Estado. Quizás a través de un privado se podría seguir fabricando con INVAP, o incluso comprarlos afuera [a los satélites] si se decide no continuar fabricándolos. Hay diferentes posibilidades, la verdad es que no se está siguiendo ninguna. Ni la continuidad de la fabricación, que sería lo ideal, ni la asociación con un privado, de modo que no se perjudique a ARSAT. No veo un futuro auspicioso”.

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