Ciencia fugaz

Los científicos y científicas no son cerebros en fuga, son historias de vida que se cruzan con los vaivenes de la Argentina. La ciencia también es política y así lo demostraron las tres tomas del MINCYT, las marchas multitudinarias y la articulación de agrupaciones en todo el país frente al recorte presupuestario. Los logros y las deudas del pasado en ciencia y tecnología, las luchas del presente y los desafíos que plantea un futuro que exige tener memoria.

Por Nadia Luna  
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No al ajuste que quieren Mauricio y Lino Barañao

Queremo’ ingreso, derecho a aguinaldo y aumento de salario

y va creciendo esta lucha en la calle, va creciendo sin parar

vamos todos compañeros a la toma que la vamos a ganar.

 

La canción y el golpeteo de los tambores retumban en la fachada vidriada que vuelve a exhibir la bandera de “ministerio tomado”. No es la misma que colgaron en diciembre. Aquella tenía letras moradas. Hoy el mensaje está escrito en negro. Quizás hayan tirado la pancarta vieja porque pensaron que no volverían a usarla después de firmar el acta-acuerdo y levantar la primera toma.

Es martes 12 de septiembre y cae la noche sobre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

Los científicos que participaron este mediodía de la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento salieron más frustrados que de la anterior. “No nos ofrecen nada, compañeros”. No hizo falta decir más. Las decenas de científicos que estaban en la explanada del ministerio debatiendo sobre las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri decidieron ocupar el edificio por tercera vez. Estaban angustiados. En diciembre se les termina la prórroga de la beca y podrían quedar en la calle a pesar de haber sido doblemente recomendados para ingresar a la carrera de investigador del CONICET (CIC).

Son casi quinientos. No los mandaron a lavar los platos como en los noventa: los empujaron a dormir en el ministerio para reclamar el derecho a trabajar en el puesto ganado.

Las bolsas de dormir llenan de colores el pálido hall del MINCYT, desparramadas entre enormes cajas con productos de limpieza e higiene, bolsones de alimentos que les acercan las organizaciones que se solidarizan con el reclamo y la yerba que no puede faltar.

Los científicos ya están craneando el festival “LinoDaLaCara” Fest para el fin de semana y los agentes de seguridad del Ministerio los miran con expresión cansina. Se vienen varias noches de vigilia.

Mientras los afectados de otras provincias vienen en camino, una joven investigadora anuncia por megáfono:

-La toma pacífica del Ministerio se mantiene hasta que nos den una solución.

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A Rolando García y Manuel Sadosky, decano y vice de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), les costó convencer a las autoridades del CONICET para que invirtieran dinero en informática, una ciencia incipiente en la década de los sesenta.

Se salieron con la suya y formaron a un puñado de destacados profesionales. Uno de ellos fue Jorge Aguirre, quien tuvo el desafío de trabajar con Clementina, la primera computadora científica que llegó a América Latina. Tenía 50.000 veces el tamaño de una PC actual.

En 1966, con el dictador Juan Carlos Onganía en el poder, sobrevino la Noche de los Bastones Largos y la policía irrumpió en la UBA. Cuando llegó al despacho de García y Sadosky, el primero, sin inmutarse, le espetó a uno de los oficiales: “¿Cómo se atreve a cometer este atropello?”. La respuesta fue un bastonazo en la cabeza.

Muchos científicos tuvieron que exiliarse. Fue la primera gran fuga de cerebros.

La tercera toma del MINCYT terminó luego de ocho días y superó los cinco que duró la primera.

Medio siglo después, Julia Hermida, hija de Jorge, se encuentra en una situación similar. Es una de los 498 científicos excluidos del CONICET.

Tiene 34 años y es doctora en Psicología. Comenzó la licenciatura en el 2001, el año de la crisis. “Creer que se podía vivir de ser científico era una locura”, recuerda Julia, que sin embargo se quedó en la Argentina.

Cuando se recibió de psicóloga, en 2006, la historia era otra. Los científicos ya no solo no se iban, sino que volvían. Durante la presidencia de Néstor Kirchner comenzó la reactivación del sistema científico. Además de repatriar cerebros fugados, se reanudó la construcción de la central nuclear Atucha II, paralizada durante 25 años, y fue creada la empresa Arsat, que fabricaría los primeros satélites de telecomunicaciones de América Latina.

El 10 de diciembre de 2007 asumió Cristina Fernández de Kirchner y se creó el MINCYT. Un mayor presupuesto se traducía en nuevos institutos, mejores equipamientos y más ingresos al CONICET.

Animada por la reactivación del sistema, Julia se recibió y mandó e-mails a los directores de laboratorios en los que quería trabajar. Así ingresó a la Unidad de Neurobiología Aplicada del Instituto CEMIC, adonde desarrolla métodos de enseñanza basados en neurociencias para mejorar la capacidad de aprendizaje de niños que viven en barrios pobres.

Como muchos científicos, Julia ingresó al CONICET con una beca doctoral. Estas becas, igual que las posdoctorales, otorgan un sueldo fijo pero no tienen descuentos jubilatorios ni aguinaldo. Estos beneficios se perciben recién cuando ingresan a la CIC, además de un salario más alto y estabilidad laboral. Una vez adentro, el primer peldaño es el de Investigador Asistente. Luego vienen las categorías de adjunto, independiente, principal y superior.

En diciembre de 2016, 498 científicos no llegaron a pisar la escalera y hoy siguen sin poder poner un pie.

Julia participó de la gran movilización que se hizo contra el recorte presupuestario en ciencia el 27 de octubre del año pasado frente al Congreso Nacional. La movida tuvo una convocatoria sin precedentes y se replicó en otras provincias. También estuvo en la primera toma del ministerio, que duró cinco días y terminó con la firma de un acta-acuerdo entre representantes de organizaciones científicas y los funcionarios del área, con el presidente del CONICET, Alejandro Ceccatto, y el ministro Lino Barañao. El acuerdo establecía la prórroga de la beca por un año para los afectados y la promesa de realizar mesas de negociación durante este año para su ingreso definitivo.

Sin embargo, los funcionarios demoraron en convocar a las reuniones y organizaron encuentros de manera unilateral con los rectores de universidades nacionales para reubicar allí a los investigadores. No era lo acordado: a partir de este acuerdo harían docencia en lugar de investigación, con menores salarios y cargos que deben volver a concursarse dentro de dos años. La novedad que dio pie a la última toma es que ni siquiera están garantizados los fondos para esos dos años.

“Al principio argumentaban que no había recursos. Pero en una reunión lo dijeron bien claro: ‘Es una decisión política reducir el área de ciencia y tecnología’”, afirma Julia, quien dice no estar del todo segura sobre su futuro:Yo quiero quedarme acá, con un sueldo magro pero digno, tratando de resolver los problemas que afectan a la sociedad en la que vivo. Pero te digo la verdad: siempre es una opción irme del país”.

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“Mi nombre es Nuria Giniger, soy investigadora adjunta del CONICET y miembro de Científicos y Universitarios Autoconvocados (CYUA). Investigo las estrategias de resistencia de trabajadores y trabajadoras frente a las políticas de empresas multinacionales. El gobierno de Cambiemos no solo quiere importar la ciencia y tecnología que se produce en los países centrales, sino que además pretende cercenar todo pensamiento crítico, que es lo que realizamos los científicos. El pensamiento crítico da herramientas para frenar a un Gobierno que está implementando un ajuste brutal acompañado de una represión escalofriante que ya tiene un desaparecido”.

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El predio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es como una mini-ciudad tecnológica. Tiene edificios laberínticos y una serie de calles internas identificadas con carteles azules en cada esquina. El césped reluce y parece recién cortado. La puerta del sector donde trabaja Andrés Kreiner ostenta un cartel que se pregunta, al igual que muchos argentinos desde el 1° de agosto de 2017, ¿dónde está Santiago Maldonado?

Diversas agrupaciones de investigadores se movilizaron en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado.

Santiago Maldonado tiene 27 años y fue visto por última vez en Esquel, provincia de Chubut, mientras apoyaba el reclamo de la comunidad mapuche Pu Lof en defensa de sus tierras. Fueron reprimidos por la Gendarmería. Continúa desaparecido.

“Las políticas de ajuste que está implementando el Gobierno tienen similitudes con lo que sucedió en los noventa pero en algunos aspectos son peores. La desaparición forzada de Santiago Maldonado es de una gravedad extrema. La Argentina se volvió tristemente célebre gracias a la palabra ‘desaparecido’ acuñada en la última dictadura. Es algo que no podemos volver a permitir”, dice Kreiner, de 67 años, cabello blanquecino y estatura menuda.

Este doctor en Física e investigador superior del CONICET es miembro del Grupo CYTA (Ciencia y Técnica Argentina), uno de los colectivos de científicos que proliferaron desde la segunda vuelta entre Macri y Daniel Scioli y que salieron a las calles a advertir sobre las políticas de ajuste que se vendrían si ganaba Macri. Algunos hasta sacaron fuentones y detergentes y se pusieron a fregar, parodiando la famosa frase de Domingo Cavallo, ministro de Economía de Carlos Menem, quien en 1994 mandó a la científica Susana Torrado “a lavar los platos”.

Kreiner trabaja desde 1974 en la CNEA, el organismo responsable de que la Argentina sea un país reconocido por fabricar y exportar reactores nucleares. La CNEA sufrió los avatares políticos y tuvo altibajos según el gobierno de turno. “En los noventa fue dividido en tres partes pero siempre fue un lugar donde se pudo mantener un nivel de actividad razonable. Cobró gran impulso en el año 2006, cuando Kirchner tomó la decisión de retomar Atucha II. Hoy esa central funciona a pleno y entrega potencia a la red eléctrica”, indica.

El equipo de Kreiner trabaja en desarrollar tecnología de aceleradores. En particular, para impulsar una terapia contra el cáncer por captura neutrónica de boro, una metodología de última generación que ataca las células tumorales de manera más selectiva. Sin embargo, a fin de año se encontró con una sorpresa. “Todos los proyectos de CNEA, excepto dos, fueron puestos en cero”, asegura. Como había contratos firmados con empresas, las autoridades de la CNEA tuvieron que ingeniárselas para generar nuevos recursos y evitar la paralización de la actividad.

“Tenemos que convencer a nuestros conciudadanos de que este camino nos lleva a una involución inaceptable y de que el único camino posible para lograr una sociedad mejor es apostar a la educación, la ciencia y la tecnología”, enfatiza Kreiner.

““Las políticas de ajuste que está implementando el Gobierno tienen similitudes con lo que sucedió en los noventa pero en algunos aspectos son peores”, dice Kreiner.

Por la tarde, se calzará una pechera blanca que dice “CNEA. Por la soberanía energética y la autonomía tecnológica nacional” y marchará a Plaza de Mayo junto a otras 250.000 personas a reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

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En la Argentina, la producción pública de medicamentos fue declarada de interés nacional en 2011, con la Ley 26.688. La normativa tardó tres años en reglamentarse. Para compensar, se sancionó otra ley (27.113) que reforzó la política con la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). La entidad iba a coordinar los 40 laboratorios públicos del país. Sin embargo, el Gobierno de Cambiemos no ejecutó el financiamiento para la ANLAP y canceló el Programa Remediar, que proveía medicamentos gratis. El resultado: menos personas con acceso a la salud, menos demanda para los laboratorios nacionales y más mercado para las farmacéuticas extranjeras.

La cancelación de políticas que fomentaban la producción nacional proliferó en este año y medio. Se desmanteló el equipo de ingenieros de Fabricaciones Militares que desarrollaba vagones de carga. Está paralizada la construcción de Atucha III y del Arsat-3, mientras que se autorizó el ingreso de 14 satélites extranjeros. Se recortaron fondos y despidieron trabajadores del programa Conectar Igualdad (hoy Plan Nacional de Educación Digital). Se priorizó un software del FBI para análisis genético en detrimento de otro desarrollado en el país, en el que el MINCYT había invertido 7 millones de pesos. Se canceló el desarrollo de drones para el Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA). La lista sigue.

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“Siempre fui una justiciera básica. De ese tipo de chicas que anda haciendo lío cuando se meten con el más débil”.

Dora Barrancos mantiene desde su niñez la pasión por el conocimiento. Adoraba el olor de los libros que le enviaban a su padre, director de escuela y militante socialista. En 1950, en pleno auge peronista, fue dejado cesante en su cargo y toda la familia debió dejar la casa de Jacinto Aráuz, provincia de La Pampa, para probar suerte en Buenos Aires.

Dora era tan flamígera en la cuestión de la justicia que primero empezó derecho. Le pareció “aburridísimo” y se cambió a sociología. Luego de pasar por el socialismo de vanguardia, se volcó al peronismo, donde militó junto a Rodolfo Puiggrós.

La noche más oscura se le vino en 1976. Aguantó unos meses porque sabía que no iba a poder sacar del país a Virginia y Ondina, sus hijas del primer matrimonio. Pero la cosa se complicó cuando secuestraron a una amiga, la torturaron y le preguntaron por ella.

Se exilió en Brasil con su compañero y la pequeña Laura. Allí hizo la Maestría en Educación y una enorme cantidad de amigos. “A Brasil le debo mi feminismo”.

Barrancos regresó con la vuelta a la democracia. Cuando iba a entrar a la carrera de investigador, a fines de los ochenta, cambió el Gobierno y se frenaron los ingresos. Recién pudo entrar en 1991. “Me acuerdo que pensaba: ‘¿Qué hago acá? Fueron años muy angustiantes, pero decidí quedarme y seguir investigando. Siempre he convocado a la acción en momentos penumbrosos. Resistir es como un parto. No se puede retroceder: solo seguir adelante”.

“La defensa va a tener que correr por el lado de la politización de los científicos. Estamos en peligro de una nueva fuga de cerebros”, sostiene Barrancos.

Actualmente, es miembro del directorio del CONICET por el Área de Ciencias Sociales y Humanidades. Su cargo no le ha impedido criticar las políticas que están implementando las autoridades del organismo y del MINCYT. Integra el Grupo CYTA y tiene asistencia perfecta en las movilizaciones en contra del ajuste. Fue la única integrante del directorio que votó en disidencia la moción de febrero de este año, que abrió solo 450 vacantes para postular a la CIC. La mitad para “temas estratégicos”, en perjuicio de las ciencias sociales y las llamadas “básicas”.

Para ella, el logro más importante en el área de ciencia del período 2003-2015 fue la democratización de las oportunidades de investigación: mayor cantidad de ingresos, diversidad de líneas de investigación y pluralidad de ideología en las comisiones evaluadoras. Cita un ejemplo: “Para 2001, los proyectos de investigación que tenían que ver con género se contaban con una mano. Hoy tenemos casi doscientos. ¿Cuál es su importancia? Aumentar la dignidad humana. No se puede hacer ciencia con exclusión”.

Ella cree el año que viene será muy difícil.

“Soy una optimista de la voluntad y una pesimista de la razón. Estamos atravesando un ciclo muy duro que se avizora peor el próximo año. El CONICET está en un estrecho mar donde ha ido perdiendo su autarquía. Navega entre dos condicionantes: uno es el propio MINCYT, que puede ser cabildeado, y el otro es el Ministerio de Modernización, con suprapoderes en la actual gobernanza: no se hace ni una designación en el área de ciencia sin la aquiescencia de Modernización. La defensa va a tener que correr por el lado de la politización de los científicos. Estamos en peligro de una nueva fuga de cerebros”.

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Pasito a pasito, suave suavecito
Quieren desarmarnos poquito a poquito
No tienen razones ni tienen criterios
No van a dejarnos sin el Ministerio.

“Despaciencia” – Investigadoras de CYUA (Junio 2017)

Rolando “Rolo” González-José estuvo en la oleada de científicos que se fue en los noventa y también en la que volvió a partir de 2003. “Me recibí de biólogo en 1998 y el punto final de la carrera era el aeropuerto de Ezeiza”, dice.

Siempre le gustó el contacto con la naturaleza. De chico, su pasatiempo favorito era buscar fósiles en los alrededores de Trelew y Puerto Madryn, en Chubut. De grande, su pasión pasó a ser la antropología biológica, una disciplina “de frontera” entre las ciencias sociales y exactas.

Volvió a echar “Raíces” en la Argentina en el año 2004, con el programa de repatriación impulsado por Néstor Kirchner. Actualmente, el contador de repatriados marca 1323, aunque Rolo dice que “los científicos jóvenes están volviendo a ponerse el chip de la fuga”.

González-José dirige el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) y antes fue director del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), una unidad ejecutora del CONICET que se convirtió en un Centro Científico Tecnológico (CCT). Por su rol en la gestión de la ciencia, señala un aspecto del ajuste a veces olvidado. “Yo reivindico el rol del personal administrativo. Sin esos actores tras bambalinas, los científicos no tendrían las herramientas para hacer su trabajo. Desde que asumió Macri, no hubo contratos para incorporar administrativos en el CENPAT y lo mismo pasó con la incorporación de técnicos y profesionales de laboratorio”, se lamenta.

En agosto, tras unas horas de toma (la segunda, porque el MINCYT no había convocado a la negociación los meses anteriores), se confirmó el avance de un convenio paralelo con los rectores de universidades.

A principios de año hubo una fuerte inundación en Chubut. Los científicos de todos los institutos del CENPAT realizaron un trabajo interdisciplinario con vecinos y funcionarios, elaboraron un informe sobre el nivel de precipitaciones, causas, recomendaciones y obras necesarias para evitar un impacto similar a futuro. “La popularización de la ciencia no es solo mostrar documentales, sino hacer que el vecino se apropie de la ciencia y la haga parte de su vida cotidiana”, explica.

El director del IPCSH e integrante de CyTA reconoce que al Gobierno anterior le faltó un encastre más fuerte entre la ciencia y la industria y recuerda que, como director del CENPAT, le costó convencer a los empresarios locales para que invirtieran en innovación tecnológica. “Es el Estado el que debe generar un marco de estabilidad que motive la inversión. Pero eso no se resuelve con discursos emprendedoristas donde lo único que se hace es armar una plataforma y postear proyectos como si fuese un Facebook de la ciencia”, sentencia, en clara alusión a MIA, la plataforma de financiamiento colectivo lanzada hace unas semanas por el MINCYT, en la que se apela a “la participación de capital de la comunidad interesada en financiar proyectos de ciencia”.

Sin embargo, se muestra optimista. Sabe que la ciencia argentina llegó alto y espera que se pueda volver a ese camino. “El día que lanzaron el Arsat me acordé de mis seis años afuera. La crisis, la fuga de cerebros, el helicóptero de De la Rúa, los cinco presidentes en diez días… Se me cerró la garganta y largué un lagrimón”.

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“Mucho despilfarro”. Eso era para Macri el satélite Arsat, según un discurso que dio en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) un año antes de ser electo presidente.

El discurso es coherente: en 2006, los diputados del interbloque Propuesta Federal, que respondían a Macri, se habían opuesto a la creación por ley de la empresa estatal Arsat. El argumento fue que era una privatización encubierta y que el Estado la utilizaría para hacer negocios con empresas multinacionales. Hoy, a pesar de tener dos satélites en órbita y la Ley 27.208 que establece la industria satelital como política de Estado, Macri impulsa una política de cielos abiertos y el Gobierno firmó un acuerdo con la empresa estadounidense Hughes para crear una compañía que tendrá a cargo el Arsat-3.

“Todo lo que decíamos que iba a pasar si Macri ganaba, pasó. Aunque reconozco que pensé que los despidos no iban a llegar al plano técnico”, dice Martín Serra, extrabajador de Arsat y uno de los encargados de elaborar el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035. Allí se estipulaba la fabricación de seis satélites más, con un aumento progresivo de componentes nacionales, participación de otros países latinoamericanos y una evolución de la plataforma tecnológica a partir de un trabajo que el MINCYT estaba haciendo con CONAE. “Lo que hacíamos era pensar estratégicamente qué sector de la industria nacional podía aportar algo. Había unas 20 pymes que se dedicaban netamente a temas satelitales, todo un entramado productivo perdido”, señala.

Serra se recibió de ingeniero electrónico en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Haedo, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Empezó a agarrarle “el gustito a los satélites” cuando entró a trabajar en la empresa de telecomunicaciones Level 3. En 2013, cuando la dupla Matías Bianchi-Guillermo Rus asumió la gestión de Arsat, Rus lo convocó para trabajar en el área de planeamiento. El desafío lo entusiasmó. “Pasé de ser un simple técnico a evaluar si eran factibles proyectos de 300 millones de dólares”, recuerda.

Nuria Giniger y Lucía Maffey durante la primera toma del MINCYT. Foto: Valeria Dranovsky.

Arsat también construyó uno de los data center más sofisticados de América Latina, se hizo cargo del despliegue del servicio de Televisión Digital Abierta (TDA) y de 30.000 kilómetros de fibra óptica. “La estrategia era dar un servicio que los privados no ofrecen porque no es rentable”, dice. El Arsat-2 ya tenía un enfoque más comercial y su cobertura alcanza todo el continente americano. Este era otro punto importante del plan a largo plazo: tenía que ser autosustentable para construir el siguiente satélite con lo que se comercializara del anterior.

En ese camino estaban cuando asumió Macri, quien puso al frente de Arsat a Rodrigo de Loredo, yerno del exministro de Comunicaciones Oscar Aguad. Serra recién volvía de sus vacaciones cuando se enteró de su despido y del de más de veinte compañeros. Casualmente, él y varios de esos despedidos habían hecho campaña por Scioli en la segunda vuelta. “No sé qué hubiese sido de mí si seguía porque los proyectos en los que yo trabajaba se cerraron”, se resigna.

A veces, siente nostalgia del imponente predio de Arsat en Benavídez, plagado de antenas inmensas, paneles de control, mucho verde y hasta una canchita de fútbol improvisada por los trabajadores.

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“Soy Lucía Maffey y estoy realizando mi post-doctorado sobre la dinámica poblacional del Aedes aegypti, uno de los mosquitos transmisores de los virus del dengue, chikunguña y zika. Estudiar esto permite enfocar mejor las estrategias de control de una problemática de salud pública que afecta a millones de personas. También soy parte de Jóvenes Científicos Precarizados (JCP). Venimos luchando desde hace más de diez años contra la precarización laboral en ciencia y enfrentando la gestión de Barañao (actual y anterior) que busca poner la ciencia al servicio de las grandes empresas. Pienso que no se puede analizar la crisis del sistema científico en forma aislada. Los ataques que sufrimos forman parte de un ataque global sobre el conjunto de los trabajadores. Esta lucha rompió con esa idea arraigada que mostraba al científico como un ser aislado en su laboratorio y demostró que el científico es un sujeto político, transformador”.

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Isabel llegó a lo de su mamá con la pequeña Malena en brazos. Era un viernes caluroso de diciembre y estaba ansiosa por conocer los resultados. Abrió el correo por enésima vez. Había noticias. La buena era que había sido recomendada por las dos comisiones evaluadoras para ingresar a la CIC. El año anterior ya lo había intentado pero no había salido bien. La mala era que, de cualquier modo, no iba a entrar. Frustrada, solo atinó a desplomarse en el sillón y lloró desconsoladamente.

“Comenzamos a evaluar la posibilidad de irnos y no es grato tomar esta decisión”, dice Vanesa Sánchez, doctora en biotecnología e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín.

Isabel es tucumana, doctora en Letras y docente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Le brillan los ojos cuando cuenta que tuvo la suerte de “caer” en la universidad pública. Investiga y pone en valor el patrimonio literario de la provincia a través del estudio de la producción de escritores tucumanos como Hugo Foguet y Sara Rosemberg.

No se quedó llorando. El lunes siguiente, al mismo tiempo que Julia Hermida y los colegas de Buenos Aires ocupaban el MINCYT, Isabel y unos 40 colegas que habían solicitado el ingreso se dirigieron al CCT de Tucumán. Los directores los recibieron en el salón principal. “Daba la impresión de que para ellos también era algo inesperado”, comenta. De ahí en más, ese salón sería sede de las asambleas del nodo tucumano de la Red Federal de Afectados. Hicieron una toma simbólica para acompañar la del MINCYT. Todo lo que Isabel pensaba por esos fatídicos días era cómo podía hacerse una escapada a Buenos Aires con su beba de meses para ponerle el cuerpo a la toma. Finalmente, no pudo ir pero su espíritu inquieto y ansioso la llevó a ser delegada de los Afectados del NOA.

Las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento no siguieron lo prometido en el acta-acuerdo. En agosto, tras unas horas de toma (la segunda, porque el MINCYT no había convocado a la negociación los meses anteriores), se confirmó el avance de un convenio paralelo con los rectores de universidades. Ese día tuvo un plus inédito: el ingreso de policías al MINCYT.

La tercera toma terminó luego de ocho días y batió el record de los cinco que duró la primera. Culminó luego de la firma de un acuerdo que marca la reapertura del diálogo y la promesa de que atenderán los reclamos de los científicos. Barañao, el ministro al que tal vez se recuerde por frases como “tenemos que fomentar que la gente se vaya” (17/10/2016) y “si los fondos no llegan, va a ser muy difícil que yo continúe” (28/10/2016), estos días sumó nuevos hits en declaraciones a diversos medios: “No hay evidencia concreta de ajuste”; “no pertenecen al CONICET” y mientras siga la toma “no hay diálogo posible”. El sábado pasado, mientras los científicos amanecían en el hall del ministerio, el ministro participaba de los timbreos de la campaña electoral de Cambiemos.

“No sé cómo voy a desarrollar mi proyecto de investigación si lo que me ofrecen es una ampliación de mi cargo docente. La cátedra tiene sus necesidades, que no tienen relación con mi área de estudio”, se lamenta Isabel. Y cuenta que a dos compañeros tucumanos les llegaron e-mails de una universidad para que radiquen sus proyectos en Río Negro. Una acaba de ser mamá y, de aceptar, deberá trasladar su familia a otra provincia. El modus operandi de las propuestas por e-mail se repitió en varios casos, como una manera de buscar desarticular el movimiento.

Como si no fuera el movimiento de científicos más grande y poderoso que la Argentina haya tenido jamás.

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“Me llamo Vanesa Sánchez, soy doctora en Biotecnología y trabajo en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Investigo el desarrollo de vacunas y estrategias terapéuticas contra la toxoplasmosis, una enfermedad que afecta al 51% de los argentinos. Soy una de los 500 afectados. Nos decían que nos iban a reubicar con las mismas garantías de estabilidad y salarios equivalentes pero nos mintieron. Mi pareja es un biotecnólogo que está en la misma situación que yo. Cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes. Nuestros planes de agrandar la familia quedaron truncos. Comenzamos a evaluar la posibilidad de irnos y no es grato tomar esta decisión. Creemos que podemos generar soluciones que nuestro país necesita porque para eso nos formamos. Por eso, estamos dejando nuestra última energía en esta lucha. Sabemos que si decidimos irnos va a ser difícil que volvamos”.

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