Científicos contra el ajuste

TSS habló con investigadores de diversas regiones de la Argentina sobre cuáles podrían ser las consecuencias del recorte planteado para el área de ciencia y tecnología en el proyecto de Presupuesto 2017. Las acciones para intentar revertir la medida.

Por Nadia Luna  
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Agencia TSS – A fines de 2003, el biólogo argentino Rolando González-José se encontraba en Barcelona terminando su doctorado. Estaba a punto de rendir su tesis, pero regresar al país no figuraba en sus planes cercanos. La Argentina estaba saliendo de una crisis generalizada y la ciencia no era la excepción. Un día, mientras tomaba datos en el Museo del Hombre, en París, se encontró con un paleontólogo argentino.

-Estoy preparando los papeles para ingresar a la carrera de investigador en el CONICET, le dijo el paleontólogo.

-¡Estás loco! Hace años que no entra nadie.

-Abrieron los ingresos y los que estamos en el exterior tenemos una ventanilla especial porque quieren que volvamos.

González-José quedó sorprendido. Tiempo después decidió solicitar el ingreso al CONICET y volvió a la Argentina en mayo de 2004.

Actualmente, la Argentina tiene 1.299 científicos repatriados gracias al programa RAICES, declarado como política de Estado mediante la Ley Nº 26.421, sancionada en 2008. Un año antes se había creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCYT). En el marco de las políticas de fortalecimiento de un sistema científico-tecnológico que había sido mandado a lavar los platos en los ’90, el CONICET pasó de tener una planta de 5.000 investigadores y becarios en 2003 a una de 20.000 en 2015. Además, aumentaron los ingresos en otros organismos descentralizados.

Sin embargo, los números que en estos días ocupan a muchos científicos son otros. El proyecto de Presupuesto 2017 que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso plantea una reducción que lleva la inversión en ciencia y tecnología al 0,59 por ciento, el mínimo histórico desde la creación del MINCYT. Roberto Salvarezza, quien fue presidente del Conicet desde 2012 y renunció ante el cambio de gobierno nacional por considerar que no estaban garantizadas las políticas científicas, dijo, durante la presentación de la revista Ciencia Propia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que “hoy nos encontramos con que este Gobierno, que sostuvo que iba a darnos el 1,5 % del PBI porque creía que la ciencia y la tecnología eran política de Estado, manda su primer presupuesto con un recorte que en la práctica se traduce en unos 10.000 millones de pesos menos”.

Para indagar un poco más en los números basta con mirar el informe elaborado por el investigador de la UBA Fernando Stefani, que se difundió dentro y fuera de la comunidad científica o explorar la tabla comparativa que hicieron circular el decano de la Facultad de Ciencias Exactas (FCEN) de la UBA, Juan Carlos Reboreda, y el vicedecano, Luis Baraldo, donde se compara el presupuesto otorgado a cada instituto (ver gráfico debajo).

La tabla comparativa que hicieron circular el decano de la Facultad de Ciencias Exactas (FCEN) de la UBA, Juan Carlos Reboreda, y el vicedecano, Luis Baraldo, permite visualizar la reducción presupuestaria, sobre todo si se tiene en cuenta el factor inflacionario.

Allí se observa, por ejemplo, que el presupuesto destinado a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), que financia gran parte de los programas de investigación del país, sufre un recorte del 32,3 %. En tanto, otros institutos tienen un leve aumento en el presupuesto, pero que, al ser mucho menor a la inflación superior al 40 % actual, también implica un recorte en términos reales. Es el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional del Agua (INA). Otros, como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), directamente ven reducido su presupuesto en pesos.

Las historias detrás de los números

“Nosotros hacemos investigación, pero procurando ayudar a modificar la realidad de los productores. Trabajamos con ellos no desde una asistencia técnica vertical, sino desde nuestro conocimiento técnico y, a la vez, nutriéndonos de sus conocimientos ancestrales, surgidos de la praxis”, explica el investigador del INTA Juan Pablo Zamora, que integra el equipo técnico de Agua y Desarrollo Rural del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) Región NOA. De esta manera, los expertos generan conocimiento científico que se plasma en papers pero también en manuales técnicos elaborados junto a los productores que luego ponen a su disposición.

El equipo ha participado en más de 130 proyectos hídricos aplicados en numerosas comunidades dispersas de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Córdoba. El trabajo beneficia a unas 5.000 familias productoras. Además, el IPAF cuenta con sedes en otras regiones del país y sus acciones en territorio se diversifican según las economías regionales principales de cada provincia. Así, además de la problemática del agua, intervienen en actividades productivas como el desarrollo de energías renovables para proveer a comunidades a las que no llega energía eléctrica; innovaciones para mejorar el rendimiento de los cultivos andinos; y maquinaria agrícola orientada a la pequeña agricultura familiar, a través de emprendimientos metalúrgicos locales.

“Una baja en el presupuesto nos dificulta las actividades en el territorio. Este año tuvimos inconvenientes para solventar la provisión de combustibles y el mantenimiento y reparación de vehículos, que están sometidos a mucha exigencia por la geografía en que nos movemos para llegar a cada comunidad. También se complica la adquisición de equipos e insumos para laboratorio”, indica Zamora.

En la región del Litoral, la subejecución del presupuesto destinado a las universidades públicas impactó desde principios de este año en una caída de becas para los estudiantes. Silvina Gibbons, profesora de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), dice que “en el interior se depende muchísimo de este tipo de becas, porque hay chicos que viven en pueblos alejados, que tienen que trasladarse grandes distancias para poder asistir y la falta de recursos los afecta mucho. Doy clases en una materia correspondiente a los últimos años de carrera en Paraná y ahí el número de estudiantes cayó un 20 por ciento”.

Gibbons pertenece al grupo Científicos y Universitarios Autoconvocados (CyUA), conformado en el marco del ballotage en las últimas elecciones presidenciales, no solo en Rosario sino en varios puntos del país, como Buenos Aires, Córdoba y San Luis. En esa fecha, los científicos habían salido a las plazas, estaciones de tren y otros espacios públicos a contarle a la gente el trabajo que realizaban y por qué le decían “No a Macri”. “Imaginamos el recorte en ciencia y tecnología porque el contexto ideológico en el que surge un candidato como Macri es de ajuste del Estado. Sabíamos que se venían tiempos de resistencia. Por eso nos empezamos a agrupar en este tipo de organizaciones. Existían algunos grupos, pero el grueso de los científicos no militaba por este tipo de políticas porque estaban siendo ejecutadas”, sostiene.

Ante la evidencia de los números y las realidades concretas de cada región, los científicos decidieron movilizarse, se contactaron con legisladores, elaboraron comunicados y salieron a la calle a explicar su situación.

La docente traduce el recorte en una consecuencia concreta: “Cuando no hay una política que se sostiene en el tiempo y se reducen los recursos para que los científicos ejerzan sus profesiones, los obliga a buscar trabajo fuera del país. Esto implica que nosotros como Estado estamos formando recursos muy calificados que terminan siendo beneficio para otros países más desarrollados”.

Mirta Iriondo, decana de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dice que el panorama actual le recuerda a otro ya vivido. “No es la primera vez que sucede. En los 90 teníamos laboratorios con equipamiento obsoleto. Poder adquirir instrumentos nuevos llevó mucho tiempo. Entonces, que haya una disminución en el presupuesto es muy duro, porque la tecnología avanza rápidamente y nos vamos a quedar atrás otra vez”, sostiene. Iriondo es especialista en cuestiones de defensa y fue subsecretaria de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en el Ministerio de Defensa de la Nación durante la gestión de Nilda Garré. Actualmente, es miembro del grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA), al igual que el biólogo repatriado Rolando González-José y el expresidente del CONICET Roberto Salvarezza. Este grupo se conformó tras el cambio de Gobierno y por razones similares a las esgrimidas por CyUA.

Iriondo explica que la posible falta de recursos también afectaría la continuidad de proyectos que tiene la FAMAF con otros organismos de ciencia y tecnología, como la CONAE y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Lo mismo va a suceder, considera, en el área de vinculación tecnológica, ya que las pymes de la provincia “se están viendo afectadas por las medidas macroeconómicas que se han tomado este año”. Además, pone un ejemplo de falta de continuidad en las políticas: la suspensión del proyecto SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino).

“Es un proyecto ambicioso, muy importante por los desarrollos tecnológicos que íbamos a lograr con eso y que nos iba a permitir dejar de importar, algo fundamental en un área sensible como el Ministerio de Defensa. La expresidenta Cristina Fernández lo firmó el año pasado pero ahora está frenado. La parte del motor, por ejemplo, la estaba desarrollando una pyme cordobesa dirigida por Oreste Berta. Para la economía de empresas chicas la paralización de un proyecto tan grande se siente mucho”, señala.

González-José, quien fue director del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) del CONICET, en la provincia de Chubut, y que actualmente está a cargo del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas de ese centro, cuenta que un área del trabajo que se perjudicaría por el recorte es la de redes temáticas, que son nodos de trabajo que conectan a los investigadores con el sector productivo, organizaciones sociales y representantes del gobierno. Actualmente, son dos: la Red de Maricultura y la Ecofluvial. “Tenemos un pronóstico muy malo de financiamiento para esas redes. Además, la pérdida de poder adquisitivo que el salario del CONICET ha experimentado es significativa. De hecho, en el CENPAT, ya tenemos un investigador que migró al exterior”, afirma.

El biólogo señala otra preocupación: el posible cierre del ingreso de nuevos investigadores al CONICET. El grupo CyTA publicó un comunicado en el que explica que en los Artículos 6 y 7 del Presupuesto 2017 se elimina la capacidad del organismo para disponer tanto de nuevas vacantes como de las que se generan por bajas vegetativas en su ámbito. “Esto cambia la política de una década, en la que las leyes de presupuesto otorgaban explícitamente esta atribución al CONICET. En cambio, el proyecto actual la elimina, estableciendo que todas las vacantes que se produzcan pasarán al ámbito del Ministerio de Modernización”, indica el comunicado.

Salir a la calle

Ante la evidencia de los números y las realidades concretas de cada región, los científicos decidieron movilizarse. Se contactaron con legisladores, elaboraron comunicados y salieron a la calle a explicar su situación.

El petitorio “Defendamos la Ciencia Argentina”, lanzado por la FCEN-UBA, ya lleva casi 30.000 firmas, provenientes del sector académico pero también de la sociedad en general. Además, miembros de CyUA, de CyTA y de la FCEN realizaron una conferencia de prensa el pasado 12 de octubre en el Senado para explicarle a los legisladores las posibles consecuencias del recorte y para solicitarles que intervengan para modificar el presupuesto. En tanto, el viernes 14, representantes de CyUA, del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas UBA (CECEN) y de otras agrupaciones realizaron una jornada en Plaza Congreso, para difundir información sobre las implicancias del recorte a la ciencia y la tecnología.

“Este gobierno tiene que entender que los investigadores y docentes estaremos aquí todas las veces que sea necesario para defender los derechos vulnerados”, advirtió el investigador Hernán Palermo, de CyUA. Su colega Verónica Pérez, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), señaló que estas movilizaciones son novedosas. “La comunidad científica tiene una cultura bastante meritocrática. Estamos metidos constantemente en procesos de evaluación que refuerzan la representación individual. Entonces, muchas veces se pierde de vista que todo lo que crecimos en los últimos años tuvo que ver con una política científica”, reflexiona.

Diversas agrupaciones de científicos convocan a una gran movilización a Plaza Congreso para el próximo jueves 27 de octubre.

Alejandro Delorenzi, investigador del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE) de la UBA, dice que “en estos últimos 12 años se plasmó la idea de que hacer ciencia es trabajar por el país. Esa parte es la que estamos perdiendo nuevamente”.  Guadalupe Suárez, becaria doctoral del CONICET, resalta: “El proyecto de ciencia por el que estamos luchando está relacionado con un proyecto de soberanía tecnológica, donde pueda haber un desarrollo industrial propio”.

Las movilizaciones se extendieron a buena parte del país. Durante esta semana, en Rosario, el grupo de CyUA realizó una jornada similar a la de Plaza Congreso. En Córdoba, unos 300 trabajadores del sistema científico-tecnológico realizaron un paro y marcharon junto a las centrales sindicales bajo la consigna “No al ajuste en ciencia y tecnología”. En Jujuy, los trabajadores del INTA se movilizaron a la legislatura de la provincia para hablar con los representantes de diferentes bloques y realizaron actos en localidades del interior donde los productores manifestaron su apoyo al reclamo. En Chubut, los investigadores comenzaron a recolectar firmas con el propósito de solicitar a los legisladores y al gobernador Das Neves que se pronuncien a favor de una mejora presupuestaria.

Para González-José, “todavía hay una cierta resistencia a discutir estas cuestiones que atraviesan la política económica del país. Hay una sensación en algunos sectores de que la ciencia es prístina y no tiene que ensuciarse con este tipo de conversaciones. Sin embargo, hay grandes franjas de la población científica que se están involucrando en esta discusión”.

Diversas agrupaciones de científicos convocan a una gran movilización a Plaza Congreso para el próximo jueves 27 de octubre. “Organizar estrategias de lucha en la calle es la mejor manera para lograr que esto se revierta”, considera Palermo. A su lado, Juan Manuel Sueiro, de ATE-CONICET Capital, le habla a colegas y peatones a través de un megáfono: “Es muy importante que cada ciudadano entienda que esto no es una defensa corporativa. Se trata de inversión a largo plazo que beneficia a toda la sociedad. Y como esta película ya la vimos, lo único que falta es que aparezca un personaje con un detergente y diga: ‘Vuelvan a lavar los platos’”.

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