Empresas estatales: El retorno del desguace

Las empresas del Estado nacional sufren un profundo y acelerado ajuste que recuerda al realizado en la década de 1990. Un informe del CEPA da cuenta de algunos aspectos de la reducción financiera y de personal en las principales organizaciones del sector público que el Gobierno ha realizado durante sus primeros años de gestión.

Por Carlos de la Vega  
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Agencia TSS – Durante los años de la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) las empresas estatales fueron sometidas a un traumático proceso de transformación que pasó por la liquidación de muchas de ellas, la reducción a su mínima expresión y la privatización de otras a precio vil y con generosas condiciones de explotación para los nuevos propietarios.

Este proceso se conoció como el “desguace de las empresas públicas” y constituyó uno de los eventos de mayor destrucción de riqueza colectiva acumulada durante generaciones por parte de la sociedad argentina. La excusa para poner en marcha la aceptación masiva de esa política fue la ineficiencia y los problemas de gestión y atraso de las empresas estatales. Aunque en muchos casos era cierto que había serias dificultades en esas organizaciones, la política de privatización y achique del Estado implementada por el Gobierno menemista careció de un proyecto estratégico para el desarrollo y sirvió principalmente para garantizar negocios a grupos locales en asociación con los bancos acreedores de la deuda externa y operadores internacionales. En ocasiones, incluso, el desguace solo estuvo motivado por la pulsión para cumplir con el mandato neoliberal contrario a toda intervención estatal en la economía.

En el Gobierno de Cambiemos, liderado por Mauricio Macri, se está reeditando una versión aggiornada de aquel desguace de hace dos décadas.

Saneamiento mortífero

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe sobre el ajuste financiero y de personal en las principales empresas del sector público nacional que el Gobierno de Macri ha realizado durante sus primeros años de gestión.

Entre las que más desvinculaciones tuvieron, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) encabeza el listado, con una reducción de personal que el CEPA estima en el 64,8%, de 1.558 empleados en 2015 a 549 a fines de 2017. TSS consultó con fuentes de la empresa, quienes extraoficialmente dijeron que las desvinculaciones no habrían superado las 680 personas, teniendo la empresa actualmente una dotación cercana a los 900 empleados.

El informe del CEPA, titulado “El saneamiento de las empresas estatales”, parte del análisis de un documento oficial elaborado por la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) de la Nación en abril de 2017, la “Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento”.

En octubre de 2016, el Gobierno de Cambiemos creó el Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, conformado por los titulares de siete ministerios que tienen en su haber la propiedad, mayoritaria o minoritaria, de 31 empresas estatales; los entonces vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y dos miembros independientes. El mencionado grupo supuestamente se junta periódicamente para seguir el desempeño de estas compañías y discutir sus planes estratégicos. El documento de la JGM es una derivación de la actividad de ese consejo.

En el documento de la JGM analizado por el CEPA se realiza una defensa de las privatizaciones de los años 90 y se acusa al proceso de recuperación de empresas estatales iniciado en el año 2003 con el kirchnerismo de ser el responsable de haber provocado que nuevamente el Gobierno nacional deba incurrir en transferencias de dinero a esas firmas para sostener sus operaciones. Identifica, específicamente, al año 2008, momento en el que se estatizó Aerolíneas Argentinas y ENARSA comenzó la importación de combustible, como la fecha en que dichas transferencias se dispararon.

Entre los datos que brinda el trabajo del CEPA a partir de la información provista por la JEM, se encuentra la reducción de las transferencias realizadas por el Estado nacional a las empresas consideradas en el período 2015-2016. En total, habría habido una reducción de poco más de 30.000 millones de pesos de aportes públicos a las firmas estatales, lo que es presentado por el Gobierno nacional como un signo de la mejora en la eficiencia de la gestión de esas compañías. Sin embargo, no se expone ningún criterio para la implementación de esos recortes ni se explican particularidades del mismo.

El informe de la JGM no especifica en qué consisten los aportes económicos que realiza el Estado nacional a las empresas consideradas. “No dice si las transferencias son pagos de servicios, en cuyo caso no sería una transferencia sino un pago por un servicio prestado”, dice el contador y concejal en el Municipio de San Martín (Provincia de Buenos Aires), Hernán Letcher, director del CEPA. Tampoco se aclara si se trata de inversiones que en un futuro podrían redundar en mayores ingresos.

La compañía receptora de las mayores transferencias del Gobierno nacional, y, por lo tanto, presuntamente la más deficitaria, es ENARSA, cuyo nombre cambió el 20 de marzo de 2018 por el de IEASA (Integración Energética Argentina S.A.), con $ 46.370 millones en 2015 que pasaron a $ 20.947 millones en 2016. Sin embargo, Letcher relativiza esta supuesta ganancia de eficiencia de la compañía estatal durante la gestión Cambiemos.“ENARSA tiene déficit porque es la empresa que importa la energía y, por lo tanto, es muy susceptible al valor internacional del petróleo en sus resultados finales. Podés ser muy eficiente, o no tanto, pero si el petróleo subió va a tener déficit”, señala. Además, “el hecho de pretender reducir el déficit de ENARSA está diciendo ‘no me interesa que el Estado intervenga en la cuestión energética’”, agrega el director del CEPA.

Trenes Argentinos (antes Ferrocarriles Argentinos) es la segunda empresa estatal con mayor nivel de transferencias desde el Gobierno nacional. En este caso, la disminución del gasto entre los dos años de la comparación (2015-2016) ha sido mínimo en relación al total, sólo $ 579 millones.

Reducción ideológica

La segunda parte del informe del CEPA aborda la reducción de personal, o desvinculaciones, en las empresas estatales consideradas. Las cifras se basan en los datos suministrados por el JGM para el período 2015-2016, a las que se le añaden las relevadas por el propio CEPA en 2017.

Desvinculaciones es un concepto que abarca diversas modalidades de reducción de personal: despidos directos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y no renovación de contratos, entre otras. Cambiemos apeló a todos estos recursos para disminuir la nómina de personal de la mayor parte de las empresas estatales bajo análisis, con excepción de un grupito muy pequeño que incrementó su dotación.

Entre las que más desvinculaciones tuvieron, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) encabeza el listado, con una reducción de personal que el CEPA estima en el 64,8%, de 1.558 empleados en 2015 a 549 a fines de 2017. TSS consultó con fuentes de la empresa, quienes extraoficialmente dijeron que las desvinculaciones no habrían superado las 680 personas, teniendo la empresa actualmente una dotación cercana a los 900 empleados.

A FAdeA le sigue Lotería Nacional, con una disminución de personal del 32,6%; Radio y Televisión Argentina, con el 23%; Yaciretá, con un 19,3%; y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), con un 14% menos. En el volumen total de empleados del conjunto de las 27 empresas estatales relevadas se habrían perdido 763 puestos de trabajos netos, un 3,4% menos en tres años. En contraposición, sólo dos empresas tuvieron un incremento de su planta de personal: Corporación Puerto Madero (10,7%) y VENG (9,1%).

Nuevamente, en el caso de las desvinculaciones, los documentos oficiales no muestran un análisis de la situación de cada empresa para justificar las disminuciones de empleados. “Nosotros planteamos que el recorte de personal es ideológico”, dice Letcher. “Puede haber empresas en donde el déficit no tiene nada que ver con el personal y entonces no movés el amperímetro”, agrega. Incluso, pueden darse casos de empresas sin déficit, como Lotería Nacional, donde la reducción de personal fue muy significativa.

En términos financieros las desvinculaciones tampoco impactan fuertemente en las erogaciones que debe hacer el Gobierno nacional para sostener a las empresas estatales. El CEPA calcula que si los despidos continuasen y llegasen a 10.000 personas, considerando salarios del año 2018, representarían unos $ 3.000 millones. Si, por otro lado, se tomase como referencia las transferencias por $ 91.273 millones efectuadas en 2016 por el Estado nacional en favor de esas empresas, el ajuste en los salarios que provocarían las desvinculaciones no llegaría a un 3% de ahorro.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de ARSAT, cuyas transferencias desde el Gobierno nacional fueron reducidas en $ 4.589 millones, desde $ 4.886 millones en 2015 a $ 297 millones en 2016.

Sin visión estratégica

Tanto analizando la reducción de las transferencias del Estado nacional a las empresas estatales, como las desvinculaciones de personal en ellas, se observa la ausencia de una visión estratégica sobre el rol y los objetivos que deberían tener estas compañías y la carencia de un diagnóstico preciso de sus realidades. Letcher recalca que “no hay una análisis de la funcionalidad de las empresas [estatales], ni del papel de ellas en el mercado. YPF es estratégica por eso, como Aerolíneas Argentinas, porque además permiten regular a los demás actores del sector”. A ello se le añade que “falta el análisis de la eficiencia concreta de cada una de esas empresas”, agrega el director del CEPA. “La discusión [por parte del Gobierno] –advierte Letcher– no está puesta en términos estratégicos, sino exclusivamente en cumplir con la pauta de déficit con el FMI. Lo llamativo es que, en este caso particular, ya lo tenían previsto antes de que el FMI les marcara la cancha con la cuestión del déficit”.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de ARSAT, cuyas transferencias desde el Gobierno nacional fueron reducidas en $ 4.589 millones, desde $ 4.886 millones en 2015 a $ 297 millones en 2016. El detalle oculto es que esa reducción del supuesto déficit se logró cancelando la fabricación del tercer satélite geoestacionario que iba a tener la empresa, el ARSAT 3. Con esta decisión se bloqueó el desarrollo por parte de la Argentina de satélites geoestacionarios de comunicaciones, un negocio del que no más de 15 naciones participan a nivel mundial y que podría haber significado una oportunidad de exportaciones de alto valor agregado en el futuro.

TSS intentó comunicarse con algún representante del Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas para tener su visión del tema, pero desde la JGM respondieron que no estaba claro quién debía responder por dicho consejo.

Lecciones del pasado

En los albores de la era nuclear argentina, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) decidió que en lugar de comprar llave en mano un reactor de experimentación tipo Argonaut, de diseño estadounidense, lo iba a hacer en el país. La segunda opción era más onerosa que la primera pero permitía desarrollar capacidades que no generaría una mera compra. El reactor, denominado RA-1, comenzó a operar en enero de 1958 y las capacidades desarrolladas por el equipo de Jorge Sabato para la fabricación de su combustible fueron al poco tiempo vendidas a la compañía alemana Degussa-Leybold, constituyéndose en la primera exportación nuclear argentina. Sobre ese hito luego se montaría toda un trayectoria que, a partir del crecimiento de la empresa rionegrina INVAP, llevaría a la venta de reactores de experimentación y producción de radiosótopos, así como de plantas de producción de elementos combustibles y otros sistemas nucleares a Australia, Holanda, Argelia, Egipto, India, Perú y Brasil. Nada de eso hubiera existido si en aquellos comienzos hubiera primado la mentalidad contable-neoliberal del presente.

“La cuestión central que no está en el informe, ni en el debate público, es para qué tenemos empresas del sector público”, advierte Letcher. Algo que debería replantearse una sociedad a la que nuevamente se le propone liquidar las herramientas que han demostrado ser las más potentes para perseguir el objetivo del desarrollo.

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