Gabriela Diker: “Educar es el acto político por excelencia”

La rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento habló con TSS sobre las consecuencias del recorte presupuestario en la comunidad universitaria y en el trabajo de los científicos. También se refirió a la necesidad de incorporar una perspectiva de género transversal a la formación de todos los estudiantes.

Por Nadia Luna  
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Agencia TSS – “La universidad es un derecho, presidente, no un privilegio”, le dijo Gabriela Diker a Mauricio Macri en una carta pública que le dedicó a fines de julio. En la misiva, la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), situada en Polvorines, al noroeste del conurbano bonaerense, respondió así a la afirmación que Macri había realizado el día anterior sobre que quienes estudian en las universidades públicas deberían considerarlo un privilegio. Al mismo tiempo, le recordó que el Gobierno es el responsable de un recorte de 3.000 millones de pesos en el Presupuesto 2018 y de retrasar las transferencias de los fondos correspondientes a gastos de funcionamiento, lo que colocó a muchas universidades al borde de la parálisis.

Tras un mes de paro en casi la totalidad de las 57 universidades públicas del país, esta semana se retomaron algunas actividades pero el conflicto salarial docente y el recorte presupuestario aún están lejos de resolverse, por lo que la comunidad educativa continúa en pie de lucha. A eso se le suma la reciente degradación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCYT), que pasó a ser una Secretaría del Ministerio de Educación, en un hecho que agudiza la crisis que venía atravesando el sistema científico, donde los investigadores que trabajan en las universidades públicas conforman un eslabón fundamental.

TSS habló sobre estos y otros temas con Diker, doctora en Educación, rectora de la UNGS desde el año 2014 y referente en ejercer y estudiar la pedagogía con perspectiva de género.

¿Cuáles son las principales preocupaciones que enfrenta la UNGS en este contexto de recorte al financiamiento de las universidades públicas?

Nuestra principal preocupación es la que concierne a todas las universidades: que la discusión salarial tenga una resolución adecuada, tanto de trabajadores docentes como no docentes. Otra cuestión relacionada con el tema presupuestario que nos está afectando mucho son los retrasos y la cancelación de acciones en el área de ciencia y tecnología, así como el impacto de la devaluación en la implementación de los planes de mejora de la investigación que teníamos en curso. Esto es parte de un proyecto en el que veníamos trabajando junto con el MINCYT (actual Secretaría) desde el año 2012 y que concierne a muchas áreas y diversos esfuerzos institucionales.

El conflicto salarial y el retraso en las transferencias de los fondos correspondientes a gastos de funcionamiento colocaron a muchas universidades al borde de la parálisis.

¿En qué carencias concretas afectan el ajuste presupuestario y la devaluación en el trabajo cotidiano de los científicos?

En cosas como los insumos de laboratorio, que están cotizados en dólares. También repercute en todas las políticas que venía llevando adelante la universidad en relación con el fortalecimiento de la investigación científica, especialmente en las áreas duras, que requieren otro tipo de equipamiento. El proyecto que veníamos trabajando con el MINCYT implicaba la compra de equipamiento de laboratorio que hoy podemos resolver solo en un 40% de lo que estaba previsto porque se basaba en un dólar cotizado a $18,50. Estábamos avanzando en licitaciones para investigación en áreas de Química, Ecología y Física, entre otras, que tenían como principal propósito transferir el conocimiento de la investigación básica en tecnologías para el sector productivo. Todo eso está entre paréntesis y estamos evaluando qué priorizamos, porque el MINCYT ya informó que ellos no van a solventar el desfasaje causado por la devaluación.

¿Tuvieron información adicional sobre qué otros cambios va a haber a partir del descenso de la cartera de Ciencia de ministerio a secretaría?

Por el momento, no.

A fines de 2016, comenzó a haber un embudo en el ingreso de científicos a CONICET. Una parte de los 500 que habían sido recomendados para entrar a carrera pero quedaron afuera por el recorte fueron relocalizados en universidades. ¿¿Cómo se resolvió esa situación en el caso de la UNGS?

Tuvimos algunos casos y finalmente pudieron entrar a la universidad por el programa de reubicación de investigadores que se organizó para resolver el problema que el propio Ministerio de Ciencia había generado. Ingresaron con un cargo de JTP (jefe de trabajos prácticos) con dedicación exclusiva e incorporamos una investigadora más que había quedado afuera. En relación con la convocatoria actual, para las universidades se reservó una cantidad determinada de vacantes para el ingreso a Carrera de Investigador (CIC) del CONICET, según las áreas que las universidades definieran como prioritarias. Hicimos un trabajo arduo para definir esas líneas y ahora hay que esperar a ver cuáles son las postulaciones.

¿Cómo les ha perjudicado la reducción de presupuesto con respecto a las acciones destinadas a la comunidad educativa?

Una gran preocupación aquí en la UNGS es ver si, redistribuyendo y priorizando unas acciones por encima de otras, encontramos la manera de fortalecer el apoyo que la universidad le da a los estudiantes para sostener sus estudios, fundamentalmente en dos terrenos. Por un lado, el de las becas de estudio, que la universidad financia en buena medida con presupuesto propio, ya que las becas nacionales se redujeron a la mitad. Y, por otro lado, en lo que respecta a los subsidios al comedor y el acceso a materiales. Es decir, tratar de fortalecer todo lo que sea sostén material para jóvenes que están en una situación personal y familiar que también está empeorando.

¿Cuál es el rol específico que ocupan las universidades del conurbano bonaerense, como la UNGS, donde todavía hay muchos barrios con necesidades básicas insatisfechas?

Esta universidad está cumpliendo 25 años y siempre hemos tenido una función importante: impactar sobre el desarrollo de la región. Recibimos una población de estudiantes de esta región, segundo cordón del noroeste del conurbano, que ve afectada su situación económica mucho más rápido que otros sectores. La universidad entiende que el derecho a la educación de esos jóvenes requiere no solo de la gratuidad universitaria sino también de la generación de otras condiciones de sostenimiento material de los estudios. Lo que confrontamos en este momento junto con organizaciones sociales, sindicatos e instituciones es una situación de crisis, deterioro y retroceso de derechos. Hay cientos de escuelas cerradas en la provincia de Buenos Aires con las que estamos trabajando, particularmente con la comunidad educativa de Moreno. Por otro lado, trabajamos con las organizaciones en el marco del programa “Violencia en los territorios”, ya que es un problema que se está agudizando.

Más allá de las dificultades económicas que atraviesa el sistema educativo, parece haber un desfasaje histórico entre los conocimientos recibidos en la escuela secundaria y el salto hacia hacia la universidad que no se ha podido resolver. ¿Qué se puede hacer en este sentido?

Hay un primer desfasaje que es constitutivo del pase entre un nivel y otro, vinculado con la socialización en una nueva cultura institucional, que ha sido propio del desarrollo de los sistemas educativos en el mundo. Esto es algo que hasta hace poco las universidades no lo asumíamos como un problema nuestro, porque tradicionalmente llegaba una población seleccionada socialmente que recibía algo de esa socialización en la cultura universitaria en sus propias familias. En la medida en que se amplían las poblaciones que acceden a las universidades esa socialización debe ser objeto de trabajo en las universidades. Por otro lado, la distancia entre lo que traen del secundario y lo que espera la universidad es una distancia que se define en términos políticos: depende de las políticas curriculares. Por supuesto que a todos nos gustaría que la escuela secundaria mejorase las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, sin dudas. Ahora, su mayor o menor distancia con la universidad también depende de cuál sea el punto de partida que ponga la universidad.

“Hacia adentro de las universidades, las relaciones de desigualdad de género son brutales”, dijo Diker.

El año pasado se refirió a la polémica instalada por el caso de Santiago Maldonado sobre “no dejar entrar lo político a las aulas” y señaló que la educación tiene que enseñar “lo común”. ¿Qué implica transmitir lo político y lo común dentro del contexto educativo?

La educación misma es un acto político. Es un oxímoron pretender una educación no política o no politizada. Hace muchos años escribí junto con una colega, Graciela Frigerio, un libro que se llama “Educar: ese acto político”, en el que decíamos que educar es el acto político por excelencia porque implica hacerle lugar a las nuevas generaciones que llegan transmitiéndoles eso que tenemos en común. El asunto es que la construcción de qué es lo común también es una operación política y el gran desafío es que sea una operación política que, por definición, se mantenga abierta a recibir y a integrar la diferencia, las voces que no se encuentran comprendidas en lo común. Ese es un movimiento indefinido y lo peor que podemos hacer es creer que en algún momento puede cerrarse. No hay un momento en que podemos decir esto es lo común y esto contiene toda la pluralidad social, cultural, política existente, sino que me parece que lo propio de esa definición política de lo común, un común que acepte la pluralidad, es que permanezca siempre abierto.

La universidad no es una excepción en lo que respecta a la problemática de género y el techo de cristal. Usted es una de las seis rectoras mujeres que hay en un total de 57 universidades públicas. ¿En la UNGS se aplican políticas para enfrentar la segregación de género?

Sí, el año pasado aprobamos la reforma de nuestro estatuto y establecimos, entre otras cosas, que las listas para ocupar posiciones en los órganos colegiados de gobierno tienen que tener al menos un 50% de mujeres. Al mismo tiempo, sabemos que es un problema cultural que no se resuelve con normativas o regulaciones, así que estamos trabajando en muchas vías. Analizamos el acceso a cargos jerárquicos en el escalafón docente y encontramos que, a medida que se sube en la jerarquía, la carrera se masculiniza. Creamos un programa de políticas de género para atender situaciones vinculadas con desigualdad, acoso sexual y violencia. También creamos la primera materia sobre perspectiva de género para un conjunto de carreras y la idea es extenderlo al resto para llegar a lo que para mí es el horizonte ideal: incorporar la perspectiva de género en la formación de todos nuestros profesionales. Lo que más me preocupa de este tema es que sigamos formando profesionales que reproducen los estereotipos de género y las relaciones de desigualdad. Hay que decirlo: hacia adentro de las universidades, las relaciones de desigualdad de género son brutales.

¿Qué herramientas tiene la comunidad para dar batalla en el contexto de un Gobierno que considera que la universidad pública es un gasto y no un bien social?

En la comunidad universitaria tenemos una herramienta que se ha hecho visible en estos días y que honra la tradición de lucha de las universidades públicas desde 1918: nos movilizamos, salimos a la calle. La otra gran herramienta que tenemos es que producimos el conocimiento crítico que permite poner en discusión no solo la política universitaria, sino el modelo de país que sostiene este Gobierno. Esta es la discusión que tenemos que profundizar en este contexto.

 

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