Humedales: La ley prometida

Frente al descontento que provocó entre organizaciones ambientales y de la sociedad civil la pérdida de estado parlamentario, por tercera vez consecutiva, de un proyecto de Ley de Humedales que había sido debatido y consensuado, el Ministerio de Ambiente anunció que presentará un nuevo proyecto.

Por Vanina Lombardi  
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Agencia TSS – Tras no ser incluido para ser tratado en sesiones extraordinarias en el Congreso, el proyecto de Ley de Humedales que estaba listo para ser tratado perderá estado parlamentario por tercera vez consecutiva. Se trata de un proyecto que las organizaciones ambientales y de la sociedad civil están impulsando desde hace más de diez años, que en esta última oportunidad había sido debatido, unificado y consensuado, en base a al menos diez propuestas diferentes.

En el Día Mundial de los Humedales, el pasado 2 de febrero, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, anunció que se comenzará a trabajar en un nuevo proyecto de ley para la conservación y uso sostenible de humedales “con perspectiva federal y en diálogo con las ONG y los sectores productivo, científico y académico”, que sería presentado en marzo de este año. Lo hizo durante una reunión organizada junto al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), para avanzar en la construcción de inventarios provinciales de humedales.

“Entre los mayores beneficios que nos aportan los procesos que tienen lugar en el interior de los humedales se encuentran su capacidad de retención hídrica, con la consecuente disminución de los impactos de crecidas que reducen los riesgos de inundación; que son reservorios y purificadores de agua dulces; que actúan como los mayores sumideros de carbono, colaborando con la lucha contra el calentamiento global, y que son hogar de la más del 40% de la biodiversidad mundial”, le dijo a TSS María Laura Contín, que es geógrafa e integra la Red Nacional por los Humedales (ReNaHu).

En la Argentina hay más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, un 23% del territorio nacional (que incluyen salinas y otros cuerpos de agua como lagunas, mallines, turberas, bosques fluviales, esteros, bañados y marismas), que son imprescindibles para mantener una buena provisión de agua y mitigar los efectos del cambio climático. Por eso, urge contar con una ley que regule los usos que pueden desarrollarse sobre ellos, que sean sostenibles y aseguren su conservación.

Estos ecosistemas se encuentran en peligro, principalmente debido a las actividades extractivas. “La falta de planificación y ordenamiento territorial, la ausencia de políticas públicas que apunten a su protección y conservación, y la convivencia entre los intereses de los negocios inmobiliarios, mineros, agroindustriales  y políticos hacen que hoy la situación de nuestros humedales sea crítica y requiere de acciones integrales de forma urgente”, detalló Contín, y afirmó que esperaba “más compromiso” por parte de legisladores y referentes políticos, que nuevamente dejaron caer un proyecto que, entre otras cosas, establecía los presupuestos mínimos para la protección de humedales, y que había logrado ser consensuado tras más de una década de trabajo desde las organizaciones de base y territoriales.

En la Argentina hay más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, un 23% del territorio nacional.

“Los humedades son un reservorio de agua dulce, una superficie que ha ido retrocediendo para ampliar la frontera agropecuarias. Por eso es que necesitábamos la ley. Es descorazonador que los representantes de la ciudadanía no hayan comprendido la relevancia que tiene”, agregó Teresa Suarez, del Centro de Protección a la Naturaleza (CeProNat) y el foro Santafesino por la Salud y el Ambiente, que también integra la Campaña “Paren de fumigarnos”, en Santa Fe, y coincidió con que la pérdida de estado parlamentario de este último proyecto consensuado da cuenta de que “hay una falta de voluntad política o que la voluntad política es no aceptar esta ley, porque se prioriza y se defiende un modelo productivo que necesita tierra firme, sin hacerle caso al cambio climático”.

Rubén Quintana, de la Fundación Humedales Argentina, que participó en el encuentro organizado por el ministerio y el COFEMA, destacó que “lo auspicioso del anuncio es que si este proyecto es presentado por el Ejecutivo y apoyado por el COFEMA, tendría más posibilidades de ser aceptado en el Congreso”. Al respecto, y hasta tanto se conozca el nuevo texto propuesto, advirtió que una de las cuestiones que se analizaron en la reunión fue la posibilidad de que haya temas que necesiten volver a ser discutidos, como la definición de humedales y la metodología del inventario.

“Hay una definición científica de humedales, que es la que está adoptada, pero se trata de modificarla por una que permita sacar cosas que son humedales, diciendo que no lo son; es más fácil decir que no es humedal, así queda fuera de la ley y se puede seguir tratando como si fuera un ecosistema terrestre”, le dijo a TSS Quintana, que también es investigador del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (3iA-UNSAM).

La definición a la que se refiere, que fue acordada por la comunidad científica nacional y luego adoptada por el COFEMA en el año 2016, entiende por humedal a un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.

“En el fondo, se cree que esa definición va a dejar como humedal a áreas que algunas provincias o sectores no quieren que queden como tal, con el concepto erróneo de que si todo es humedal no van a poder desarrollar ninguna actividad productiva”, sintetizó Quintana, y agregó que otro problema subyacente es que muchos sectores no quieren que haya ningún tipo de regulación.

“Una ley de humedales no prohíbe sino que pone regulaciones, pero hay quienes no quieren ningún tipo de regulación, por eso la ley de humedales genera tantas resistencias, porque atañe a los principales sectores que hoy en día manejan la economía del país: agroindustria, minería e inmobiliario”, coincidió Patricia Kandus, especialista en ecología y teledetección cuantitativa aplicada al estudio, relevamiento y monitoreo de humedales de la UNSAM, quien también participó de la reunión entre Ambiente y el COFEMA.

“Lo que tienen los humedades por su propia complejidad es que interpelan los paradigmas de conservación y de gestión ambiental actuales, ya que no se pueden hacer cosas fragmentadas, no se puede conservar el objeto humedal aislado de su contexto, no se puede conservar una laguna si alrededor están fumigando con agroquímicos, por las propias vías de drenaje naturales”, explicó Kandus, y destacó el concepto de paisaje, en tanto que no es el objeto lo que hay que proteger sino el paisaje en su conjunto, de manera interdependiente.

Rubén Quintana, de la Fundación Humedales Argentina, que participó en el encuentro organizado por el ministerio y el COFEMA, destacó que “lo auspicioso del anuncio es que si este proyecto es presentado por el Ejecutivo y apoyado por el COFEMA, tendría más posibilidades de ser aceptado en el Congreso”.

Territorios a proteger

Para poder proteger los humedales es imprescindible contar con un registro que los identifique, a lo largo y a lo ancho de todo el país. De ahí la importancia de contar con un inventario detallado, provincia por provincia. Por eso, más allá del anuncio, el objetivo principal de la reunión organizada entre el ministerio y el COFEMA era generar un ámbito de intercambio entre los equipos técnicos que ya están trabajando en su desarrollo (tras la creación del Programa Nacional de Humedales), y debatir sobre el marco técnico e institucional que se implementará en los contextos locales, en las provincias y localidades que ya están trabajando en el inventario: Buenos Aires, Chaco, Mendoza, Río Negro, Santa Fe y Tierra del Fuego. Además, también participaron representantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que también está avanzando en esta iniciativa.

“El inventario de humedales es un insumo para la gestión, para el ordenamiento del territorio. Los humedades son un componente del territorio o del paisaje. Para ordenar el territorio hay que ordenar el humedal con el bosque que tiene un lado, que depende del agua del humedal, o el pastizal donde van a comer las vacas, o la ciudad que tiene al lado, adonde la gente va a recrearse en el agua. Es un tema complejo que requiere de mucha voluntad, decisión y valentía política”, explicó Kandus, que junto a su colega Priscilla Minotti estuvo a cargo de la elaboración del primer nivel del inventario de regiones de humedales a nivel nacional, y de establecer los lineamientos conceptuales y metodológicos a seguir.

“La reunión fue importante para conocer el trabajo que están haciendo estas provincias y ACUMAR, fue interesante ver qué están tomando de la experiencia que ya había para continuar en esa línea. Tal vez todavía falta un poco de coordinación y estandarización, pero se está avanzando”, comentó Quintana, y advirtió que muchas veces falta la capacidad técnica para hacer estos trabajos, pero en el encuentro quedó claro que, de ser necesario, “todos tienen en cuenta que pueden recurrir al sistema científico, ya sean las universidades o al CONICET”.

Al respecto, Kandus adelantó que, ante la necesidad de desarrollar capacitaciones para los cuerpos técnicos de las distintas provincias, se espera que el Ministerio de Ambiente firme un convenio con la UNSAM para el dictado de talleres virtuales y presenciales en las distintas provincias. “La idea es que armemos una capacitación de un trabajo de un año, con módulos temáticos online y prácticas en talleres presenciales”, dijo y afirmó que percibió “mucho entusiasmo y mucha avidez de asistencia”, pero advirtió que es necesaria la decisión política de destinar presupuesto para la concreción de este proyecto.

En este sentido, advirtió que una ley de humedales es necesaria para darle un financiamiento al inventario y al Programa Nacional de Humedales, que ya se está implementando pero necesita ampliarse, de la mano de la Ley Yolanda y del Acuerdo de Escazú. “Para llevar una política de conservación de humedales que tenga éxito es necesario garantizar que la gente entienda qué son los humedales y es necesario que la gestión esté capacitada para trabajar en estos temas”, sugirió Kandus, y agregó que también es necesario un debate abierto y participativo con toda la sociedad. “El tema ambiente involucra problemas complejos y eso implica miradas múltiples de los distintos sectores de la sociedad. No hay una solución tecnológica mágica: la ciencia y la tecnología por sí solas no van a resolver el problema del inventario de humedales”, concluyó.

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