Campo para pocos

La conducción del INTA aprobó una reestructuración que implicará reducir funciones y centros del organismo en todo el país. Esto perjudicaría no solo a trabajadores de la institución sino también a los productores que dependen de sus investigaciones, servicios y asesoramiento. Los gremios advierten sobre la falta de pluralidad en la conducción y en la toma de decisiones.

Por Vanina Lombardi  
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Agencia TSS – Quienes trabajan en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesan momentos de tensión, angustia e incertidumbre, ya que su consejo directivo aprobó una reestructuración que implicará una reducción operativa de más del 20% de su estructura, lo que provocará la desaparición de agencias de extensión rural, direcciones nacionales y regionales, estaciones experimentales y centros e institutos de investigación. Esta medida se suma a la eliminación de más de 700 puestos de trabajo durante los dos últimos años, alrededor del 10% de los empleos de la planta del INTA.

“Las medidas de ajuste implican la reducción de los Institutos de Agricultura Familiar (IPAF), de los cuales solo quedarán dos (de los actuales cinco), y el cierre de agencias de extensión que están ubicadas dentro de las Estaciones Experimentales (EEA)”, le dijo a TSS Mario Romero, secretario general de APINTA. Actualmente, el INTA cuenta con 53 estaciones de este tipo distribuidas en todo el país, de las cuales dependen 440 agencias de extensión que emplean cada una a entre cinco y 15 trabajadores, según la densidad demográfica que atiendan.

“Es un ajuste de la estructura que se suma al desfinanciamiento que viene sufriendo el organismo, y que se puede ver en la pérdida de capacidad operativa, tanto para producir conocimiento como alimentos, y en la falta de políticas públicas a implementar”, advirtió Manuel Martín, delegado de ATE en INTA, y agregó que en este organismo no hubo despidos masivos (como en otras instituciones públicas como el Ministerio de Agroindustria y el INTI) pero sí un ajuste en presupuesto y líneas de investigación, lo que tiene una repercusión directa en el INTA e indirecta en la línea programática del instituto. En una nota publicada por el diario La Nación se cita a una fuente del organismo que sostiene que este achique busca ahorro y cumplir con las metas establecidas por el Ministerio de Modernización. TSS se comunicó con el INTA para consultar sobre la situación actual de achicamiento en su estructura pero no fue posible contar con un vocero del organismo.

El INTA fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio del Decreto Ley 21.680, con la finalidad de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”.

¿Y dónde está el presupuesto?

Al igual que en otras áreas de la administración pública, la disminución del presupuesto que el INTA sufrió durante los últimos años, según detalla un documento elaborado por ATE INTA, implica que desde el año 2016 haya áreas de la organización que muestran un saldo negativo, situación que se prevé extendida a diversos sectores de la administración del instituto para este año.

“En el primer trimestre del año le tendrían que haber mandando 213 millones de pesos para gastos de funcionamiento, de acuerdo con lo que aprobó el Congreso Nacional, pero solo le mandaron 93 millones de pesos, es decir, que le sacaron 120 millones de pesos de su presupuesto, lo que implica ahogarlo financieramente y que el INTA no pueda trabajar”, advirtió Romero y recuerdó que la Ley de Presupuesto le había aprobado a este organismo un monto de 854 millones de pesos para gastos de funcionamiento.

Además, el INTA tiene su propia fuente de financiación, proveniente del 0,45% de importaciones del Consejo Federal de Inversiones, que para el 2019 alcanzarían los 13.000 millones de pesos. Sin embargo, “de ellos, solo vamos a tener 8.000 millones de pesos, algo que ocurre porque no hay intención de avanzar y pedir lo que tenemos que pedir, en consonancia con el ajuste a nivel nacional que se está llevando adelante en el resto del organismo, por parte del Gobierno”, dijo Martín y aclaró que, si bien hubo gestiones institucionales y gremiales a través de las cuales se consiguió un incremento de 400 millones de pesos, es menos de lo que  corresponde por ley.

“Es muy preocupantes la situación que se está viviendo en INTA. Las autoridades no solucionan nada y el ministro de Producción y Trabajo no responde a nuestro pedido de audiencia. Nos obligan a salir a hacer el reclamo a la calle”, dijo Romero y adelantó que APINTA está convocando a una movilización nacional frente a la sede central del INTA y al Ministerio de Producción y Trabajo para el próximo 8 de abril. Por su parte, la Lista Verde y Blanca de ATE en este organismo realizó una movilización este jueves 28 de marzo. La decisión también originó un pedido de informes de la Cámara de Diputados de la Nación y un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de Mendoza para que el Ejecutivo provincial revierta esta medida.

la Lista Verde y Blanca de ATE en el INTA realizó una movilización este jueves 28 de marzo. La decisión también originó un pedido de informes de la Cámara de Diputados de la Nación y un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de Mendoza para que el Ejecutivo provincial revierta esta medida.

¿Cuál campo?

El INTA fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio del Decreto Ley 21.680, con la finalidad de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”, tal como lo recuerda el sitio web del organismo.

En ese momento, se previó que el organismo tuviese un consejo directivo con una representación de las diferentes entidades agropecuarias de todo el país, aunque hoy la autoridad máxima del instituto, según Martín, “está viciada porque hay mayor representación de AACREA (la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) que del resto de las entidades agropecuarias”.

AACREA es una entidad privada que reúne a 2000 productores capitalizados y son socios de esa entidad varios de los principales directivos del INTA: Juan Balbín (presidente), Mariano Bosch (vicepresidente) y Alejandro Conci (vocal), entre otros.

“El 80% de la producción agropecuaria en la Argentina es manejada por un 20% de los productores. La gran concentración que hay es para unos pocos, que son los que generan los commodities, los cereales y el trigo”, explicó Martín y destacó que “el otro 20% o 25% de la producción lo maneja el 80% restante, que produce los alimentos que consumimos”.

Ese grupo heterogéneo de pequeños productores está compuesto por familias que, en general, alquilan y trabajan la tierra, además de comprar todos los insumos que necesitan a riesgo propio, desde las semillas hasta las herramientas y los materiales para fabricar los invernaderos. Al no ser propietarios, en muchas ocasiones no están autorizados a construir, con lo que corren el riesgo de tener malas cosechas o sufrir las inclemencias del tiempo. Pese a esas condiciones, cumplen un rol relevante, no solo en la provisión de alimentos para el mercado interno, sino también en las economías regionales ya que, por ejemplo, ocupan el 53% de la mano de obra permanente de todo el sector, aunque solo trabajan el 13% de la superficie agropecuaria total, tal como se detalla en el libro Soberanía Alimentaria y Desarrollo, del ingeniero agrónomo Carlos Carballo.

Las dificultades que atraviesan los pequeños productores y la pérdida de apoyo del Gobierno generaron diversas acciones de protesta en los últimos años.

“Estos productores, además de estar afectados por la crisis económica y los problemas de las economías regionales, necesitan que el Estado esté presente porque son de pequeña o mediana escala y no tienen capacidad para sostenerse por vía propia. Aquí, el rol del Estado a través de la Secretaría de Agroindustria, de SENASA y del INTA es fundamental”, sintetizó Martín y agregó que esta es una de las principales razones por las cuales desde hace tiempo reclaman que se revise la representación en el consejo directivo del organismo: “Hay un montón de organizaciones de productores y movimientos que están trabajando, incluso con el INTA, que están vinculadas con la elaboración de la Ley de Agricultura Familiar y que no están teniendo voz ni voto dentro del Consejo Directivo”.

Romero coincidió en que hay una política nacional que está dejando de lado a los pequeños productores y a la agricultura familiar, y adviertió que son estos productores los que más sufren cuando el INTA está paralizado, porque no están en condiciones de contratar asesores privados. “La política de AACREA es avanzar sobre el sistema de extensión del INTA, porque se quieren quedar con ese presupuesto para brindar los servicios ellos, con dinero del Estado”, subraya Romero. “Lo único que les decimos es que el INTA tiene una ley de creación que dice que tenemos que trabajar para todos los productores: los grandes, los medianos, la pequeña agricultura familiar y, además, para la familia rural. A eso lo tienen que hacer cumplir cuando se sientan en el consejo directivo”, concluyó.

Un comentario en “Campo para pocos

  • martín

    (28/03/2019 - 18:38)

    Atractividades del paisajismo y a la vez, ejemplo de creación de empleo genuino de calidad:
    Vengo por DEBER CÍVICO dijo el amigote de Macri y triplicó por la DA N° 1422/16 del JGM Marcos Peña los cargos de funcionarios de nivel gerencial en la Administración de Parques Nacionales.
    Antes, 13 Directores de carrera por Decreto 1375/96;
    a partir 2016, 31 Direcciones (de 90 mil arriba mas Unidades Retributivas liquidadas TODOS los meses), que de inmediato fueron cubiertas SIN CONCURSO con cuadros porteños del PRO.
    … y ahora con la Decisión Administrativa Nº 58/2019, mas cargos todavía de Directores Nacionales y Coordinadores!

    Igual, son aves de paso.

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