La transformación universitaria ecuatoriana

El Gobierno de Rafael Correa implementó en Ecuador la transformación del sistema de educación superior como condición necesaria para el desarrollo económico y social del país. TSS habló con René Ramírez, exsecretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de ese país, sobre las reformas con las que buscaron democratizar y reorientar la enseñanza universitaria.

Por Carlos de la Vega  
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Agencia TSS —En 2007, Rafael Correa asumió la presidencia de Ecuador, un país devastado por políticas neoliberales que en los 11 años previos había acumulado nueve presidentes y perdido su moneda nacional, reemplazada por el dólar estadounidense. Correa acaba de finalizar su segundo mandato tras 10 años de Gobierno al frente de uno de los países más pequeños de Sudamérica. Entre los cambios que impulsó, se destacan la reforma de la Constitución Nacional en 2008, la transformación de la educación y la inversión en ciencia y tecnología, consideradas condiciones previas para el desarrollo económico y social.

En la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), TSS participó de una mesa redonda con el economista René Ramírez, exsecretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador. Durante el encuentro del que también participaron la decana de la FAMAF, Mirta Iriondo, y su secretario de Ciencia y Técnica, Gustavo Monti—, Ramírez Gallego repasó las políticas de transformación implementadas en su país tanto en lo atinente a educación universitaria y terciaria como a investigación científica y desarrollo tecnológico.

Los pilares del cambio universitario

“Cuando llegamos al Gobierno, la educación superior estaba arancelada. Y el poco o mucho arancelamiento de las universidades estatales llevaba a una elitización brutal del acceso a ellas, por lo que determinamos la gratuidad para la educación”, recordó Ramírez.

Esa decisión fue consagrada en la nueva Constitución Nacional. En simultáneo, se comenzó a incrementar el presupuesto para la educación superior, que pasó del 0,8 al 2% del PBI. Sin embargo, estas medidas por sí mismas no iban a corregir una serie de problemas graves de los que adolecía el sistema universitario ecuatoriano, entre los que se destacaban su baja calidad y la mala formación y el envejecimiento de la planta docente.

Una de las realidades que había contribuido a la degradación de la educación superior ecuatoriana había sido la proliferación de instituciones privadas de baja calidad. Desde la década de los noventa se habían creado 54 universidades y escuelas politécnicas, de las cuales74% eran privadas. Cuando se hizo la reforma constitucional se dio mandato al Gobierno para que evaluara el sistema y se estableció un mecanismo por medio del cual los alumnos fueron examinados sobre conocimientos propios de las disciplinas que estudiaban. Los resultados de gran parte de las instituciones privadas fueron paupérrimos y se procedió a retirarles la licencia a 13 de ellas. Los estudiantes de las instituciones clausuradas fueron reubicados en otros establecimientos y se crearon carreras específicas para que pudieran continuar sus estudios. Cerca del 87% de los alumnos reubicados pudieron seguir estudiando.

Otro problema era el bajo nivel de formación promedio de los docentes universitarios, especialmente en aquellas carreras que se deseaba incentivar, como las ingenierías. Solo un 23% tenía un cuarto nivel de formación (maestría o doctorado) y pocos hacían investigación o publicaban. Para corregir esta situación se creó un programa de becas para enviar a jóvenes a formarse en el exterior y el Gobierno invirtió 1000 millones de dólares para que 20.000 becarios pudieran hacer maestrías o doctorados en diferentes países. Uno de los requisitos para acceder a la beca era que el beneficiario se comprometiera, una vez terminados sus estudios, a retornar al país a trabajar por el doble de tiempo de su estadía en el exterior.

La gestión de Correa impulsó la reforma constitucional del Ecuador en 2008, la transformación de la educación y la inversión en ciencia y tecnología, consideradas condiciones previas para el desarrollo económico y social.

El problema de la alta edad promedio de los profesores también fue abordado: a los docentes que no se habían actualizado ni tenían el hábito de la producción académica o científica se les ofrecieron atractivas jubilaciones y sus cargos fueron reemplazados por jóvenes con maestrías y doctorados realizados en el exterior. Junto con el programa de becas, la política le permitió a Ecuador pasar de aquel 23% de docentes con formación de cuarto nivel al 86% que tiene actualmente.

Para salvar el déficit de docentes universitarios con una adecuada formación mientras se esperaba el retorno de los primeros becarios en el extranjero, Ecuador puso en marcha el programa Prometeo, por el cual cualquier persona que tuviera los antecedentes académicos pertinentes, sin importar de qué país fuera, podía postularse para dar clases e investigar en el país durante dos años. Prometeo les permitía a sus beneficiarios insertarse en una universidad con salarios en torno a los 6000 dólares y el financiamiento estatal del proyecto de investigación presentado.

A su vez, el salario de los docentes universitarios se elevó de 470 dólares mensuales a un mínimo de 1700 dólares y de 6000 en las escalas superiores, y se eliminó la precarización laboral.

Recursos y rendición de cuentas

Las universidades públicas ecuatorianas gozan de autonomía de manera similar a las argentinas. Esta prerrogativa, originalmente concebida para preservar a la academia de las presiones políticas o económicas, en Ecuador fue tergiversada para proteger privilegios ilegítimos e intereses espurios. Al inicio del Gobierno de Correa se descubrió que en algunas universidades públicas los rectores se autoasignaban salarios de hasta 20.000 dólares y que, aprovechando la exención de impuestos para estas instituciones, se adquirían cosas a nombre de ellas, pero para uso particular de sus autoridades.

En ese contexto, el incremento del presupuesto universitario podía terminar aumentando el financiamiento de comportamientos ilegales y antiéticos. Para evitar esto se consagró en la nueva constitución el principio de responsabilidad por parte de las universidades, que implica la necesidad de rendir cuentas sobre el uso de los recursos.

El objetivo último del cambio de paradigma del sistema de educación superior ecuatoriano era que sirviese al desarrollo nacional, política seguida por todos los países que consiguieron esta meta. En esa línea, se buscó incentivar fuertemente las carreras vinculadas con las ciencias duras y la tecnología. Para ello se crearon cuatro nuevas universidades públicas y más de cuarenta institutos técnicos y tecnológicos. Ramírez explica que “lo que más demanda el aparato productivo ecuatoriano [hoy] no son universitarios, sino técnicos”.

Entre las medidas adoptadas para reorientar el sistema universitario sin violentar su autonomía se encuentran la regulación del valor de las matrículas en el orden privado y un esquema de subsidios a la oferta en la parte pública. El 10% de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 11% del Impuesto a la Renta quedaron reservados por ley para el financiamiento de la educación superior. La distribución entre las diferentes universidades e institutos se realiza por medio de una serie de parámetros que contemplan la matrícula de cada una, el porcentaje de estudiantes de sectores carenciados, la investigación que generan y el impacto social de las actividades que realizan, entre otros aspectos.

“En ciencias, como no teníamos nada, les pedimos a las universidades que al menos dedicaran el 6% [del presupuesto] a investigación”, dijo Ramírez.
Otro de los problemas detectados cuando asumió Correa fue el tipo de carreras elegidas por los estudiantes. El 45% de la matrícula universitaria se concentraba en administración de empresas, mientras que las carreras científicas apenas alcanzaban el 5%. Esta distorsión provocaba la paradoja de que un país con un entramado productivo no desarrollado seguía un patrón de elección de carreras más propio de sociedades posindustriales.

Para revertir esta tendencia se empleó, una vez más, el incentivo presupuestario. A una universidad se le otorga varias veces más presupuesto (puede llegar hasta ocho veces más) por cada alumno matriculado en una carrera de ingeniería que por uno de administración de empresas. Sin embargo, a pesar de una política activa para fomentar la elección de carreras más productivas, Ramírez admite que los resultados han sido magros, dado que la matrícula en administración de empresas cayó solo un 14%.

También se le plantearon objetivos a las universidades en lo atinente a investigación científica. “En ciencias, como no teníamos nada, les pedimos a las universidades que al menos dedicaran el 6% [del presupuesto] a investigación, mientras que, cuando empezamos, destinaban el 0,6%”, explica Ramírez. Además, en ciertas áreas estratégicas se llevaron a cabo concursos de proyectos en los que el Estado aporta los fondos para instalar laboratorios y financiar la investigación y la formación de posgrado del personal.

Una de las iniciativas más extraordinarias del Gobierno de Correa ha sido Yachay, una ciudad construida específicamente para hacer desarrollo científico tecnológico. Ubicada en San Miguel de Urcuquí, al norte de Ecuador, Yachay cuenta con 4000 hectáreas en donde se encuentra la Universidad Tecnológica Experimental, con cerca de mil alumnos; sedes de todos los institutos públicos de investigación; y un parque tecnológico con incentivos impositivos para las empresas que se instalen allí. Actualmente, alrededor de siete mil personas trabajan en Yachay y unas sesenta empresas, la mayoría pymes, se han radicado en el lugar. La labor de la Universidad Tecnológica se encuentra enfocada las áreas científico-tecnológicas que se consideran más prometedoras para Ecuador: petroquímica, energía y farmacología.

Según Ramírez, la transformación del sistema de educación superior ecuatoriano no ha sido fácil y la resistencia fue muy dura. “En Ecuador, las universidades tienen una inercia brutal”, resaltó y agregó que, no obstante,“hay un cambio cultural con el cambio generacional”.Y explicó: “Antes, al profesor no le interesaba investigar o actualizarse. Hicimos [cuando llegaron al gobierno] un análisis de las bibliotecas y el retraso era de 40 años. Ni siquiera había bases de datos actualizadas”.

En Ecuador, las universidades públicas tienen cupo y, de acuerdo con la política establecida por el Gobierno, el Estado orienta sus perfiles académicos y científicos a través de la asignación presupuestaria y la rendición de cuentas. Ninguno de estos elementos han sido obstáculos para una profunda democratización del sistema educativo y para un salto de calidad, en el contexto de uno de los gobiernos más progresistas de la última década en América Latina.

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