Según Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, la irrupción de los recursos no convencionales requiere un nuevo marco jurídico acorde a la necesidad de inversiones.
La inminente presentación de un proyecto de ley por parte del Gobierno, para reformar la legislación nacional sobre los hidrocarburos (Ley 17.319), puso en alerta a los gobiernos de las provincias petroleras. Los puntos más críticos de los borradores, sobre los cuales se sigue trabajando, hacen referencia al dominio sobre los recursos y las rentas provinciales.
Si bien todavía no se dio a conocer el texto del proyecto, desde el Gobierno se busca modernizar la ley dictada en 1967 por la dictadura de Juan Carlos Onganía, en un nuevo escenario que tiene como protagonistas a los recursos no convencionales de petróleo y gas. “Por entonces no se explotaban este tipo de recursos, casi ni se los conocía y no existía tecnología para extraerlos. Las inversiones que hay que hacer para extraerlos son mucho más grandes que en el caso de los convencionales, porque los pozos declinan rápidamente y eso hace que haya que estar perforando permanentemente. Entonces, para favorecer las inversiones en los no convencionales, se necesita ampliar algunos años el plazo de concesión porque de otra forma no se logra amortizar la inversión”, afirma Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad.
El debate con las provincias surgió luego de que fuera presentado un bosquejo de la iniciativa al sector empresarial. El problema de fondo reside en la potestad que hasta ahora las provincias tuvieron de concesionar la explotación directamente con empresas privadas, y que el nuevo proyecto impediría.
La reforma constitucional de 1994 y la ley corta de 2006 (Ley 26.197) transfirieron el dominio del recurso y su administración a las provincias, aunque la jurisdicción siempre quedó en manos del Estado Nacional. Por eso no puede haber leyes provinciales sobre la cuestión hidrocarburífera y sí a nivel nacional, explica Bronstein, quien además agrega: “La política petrolera tiene que ser una cuestión nacional, no provincial. Es justo que las provincias que tienen los recursos reciban parte de la renta petrolera, pero la política la tiene que definir el Estado Nacional”.
Una de las cuestiones más objetadas por las provincias de Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Cruz fue la propuesta de eliminar el sistema de acarreo, que hasta hoy mantienen las empresas provinciales con las privadas y que financia en gran parte a las arcas locales. De sancionarse el proyecto, los gobiernos provinciales no podrían asociarse con las firmas explotadoras y participar de las ganancias, por lo que sólo cobrarían en concepto de regalías. “Las empresas provinciales no tienen sentido. La Argentina es el único país del mundo donde existen empresas provinciales y nacionales. Neuquén, por ejemplo, crea una empresa, no para que investigue o invierta, sino para participar de una manera extra en la renta petrolera, más allá de las regalías. Como diciendo ‘como las regalías no me alcanzan, además creo otro esquema para participar de las ganancias’. De esta forma se alejan las inversiones”, destaca el especialista.
“El problema es conceptual y tiene que haber una política nacional con respecto a esto. La provincia, en general, tiene una actitud comprensiblemente mezquina, poco estratégica y muy táctica, de tratar de obtener la mayor renta posible. Esto está bien, pero la Nación es la que tiene la obligación de garantizar la seguridad energética y para eso se necesita el autoabastecimiento. Yo creo que acá se está discutiendo en dos niveles: en un nivel de la renta petrolera, que es lo que plantean las provincias, y en un nivel más estratégico, que es cómo garantizo la seguridad energética y qué condiciones se crean para poder lograr eso”, concluye Bronstein.
13 ago 2014
Temas: Energía, Hidrocarburos, Industria petrolera, Matriz energética, YPF
