18 y 19 de abril de 2018
Escuela de Política y Gobierno, UNSAM
Jueves 19 de abril
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14:00 a 15:45
AMBIENTE Y POLÍTICA EN EL NIVEL LOCAL
Coordinador: Ricardo A. GUTIÉRREZ (UNSAM-CONICET)
Comentarista: Daniel RYAN (ITBA)
Itatí MORENO (UNSAM-CONICET)
Incidencia de las organizaciones sociales de base en las políticas públicas: el caso de las políticas de residuos en la Región Metropolitana de Buenos Aires (200-2015)
Las organizaciones sociales suelen proponerse la misión de transformar aspectos de la vida social, tales como las políticas públicas o leyes de un país o región determinados. Para ello hacen uso de diversos recursos, y estrategias aunque hay que señalar que no todas las organizaciones son iguales ni hacen uso de los mismos elementos para llevar adelante sus propósitos. Algunas organizaciones sociales, en línea con la teoría de movilización de recursos (McCarthy y Wolfson 1996, Ward 2017), hacen uso de recursos propios y eso muchas veces les basta para incidir en las políticas públicas. Las organizaciones sociales más pequeñas o con menos recursos, como las organizaciones de base, deben recurrir a otras alternativas para lograr incidir en la esfera pública. No obstante, no podemos afirmar que todas las organizaciones de base logren incidir de la misma manera en las políticas públicas. Los resultados en términos de incidencia a los que pueden arribar pueden ser notablemente diferentes y, por ello, es teóricamente relevante preguntarse ¿por qué las organizaciones sociales de base inciden de diferente manera en las políticas públicas? Para responder este interrogante se analizan dos experiencias de organizaciones sociales de base que tratan de incidir en las políticas de residuos domiciliarios de la Región Metropolitana de Buenos Aires: las organizaciones de base que reclaman contra el relleno sanitario de González Catán y el de las que reclaman contra el relleno de Punta Lara. El período analizado va desde los años 2003, momento en que comienzan las primeras denuncias y movilizaciones en estos lugares, hasta el año 2015, cuando se da un cambio de color político en administraciones de nivel local, provincial y nacional. Lo llamativo de las organizaciones estudiadas es que logran distintos tipos de incidencia en las políticas de residuos a pesar de poseer puntos de partida semejantes (reclamar contra los mismos organismos, exigir el cierre de un relleno sanitario y la implementación de políticas de gestión integral de residuos, actuar en torno a una problemática ambiental común y en una escala geográfica y temporalidad semejante, poseer recursos materiales semejantes). El argumento principal de esta ponencia es que las interacciones estratégicas con actores dentro del Estado, y sobre todo con el Poder Judicial, resultan el principal factor explicativo de ese proceso de incidencia. En lo que refiere a las cuestiones metodológicas, se utilizaron técnicas cualitativas de recolección de datos como la entrevista a activistas y funcionarios, la observación participante de reuniones de las organizaciones estudiadas y el análisis de documentos generados por ellas y por organismos estatales involucrados.
Patricio Bruno BESANA (UNSAM-CONICET)
Punteros y provisión de bienes y servicios públicos en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense
Durante los últimos 30 años, la población que reside en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense experimentó un crecimiento de una magnitud nunca antes vista. Factores de distinta índole someten a esta población a condiciones de extrema pobreza y de alta degradación ambiental, dos problemáticas que se refuerzan mutuamente. Entre los factores que agravan las condiciones ambientales de los asentamientos informales se encuentra la falta o inadecuada provisión de bienes y servicios públicos, tales como agua potable, cloacas, barrido, limpieza, recolección de residuos, energía eléctrica, gas, entre otros. Mientras en los barrios más acomodados de la Ciudad de Buenos Aires la provisión de servicios públicos es garantizada íntegramente por el estado – ya sea por sí mismo o a través de empresas privadas-, en los asentamientos del Conurbano el estado delega gran parte de dicha provisión en los propios vecinos. Frente a dicho escenario, este trabajo se pregunta: ¿Cómo acceden a bienes y servicios públicos quienes residen en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense? A partir de un estudio que combina trabajo de campo etnográfico con otras herramientas de recolección de datos, este trabajo se centra en un mecanismo de acceso a bienes y servicios públicos en asentamientos informales que ha sido subestimado por gran parte de la literatura especializada. Concretamente, me refiero a la provisión de bienes y servicios públicos por parte de punteros políticos. La literatura sobre clientelismo suele considerar a los punteros como mediadores que se involucran, exclusivamente, en intercambios discrecionales de favores por apoyo político entre patrones políticos y clientes. Según dicha literatura, para que el intercambio se concrete es necesario que los favores no sean de goce público, sino que beneficien sólo a quienes estén dispuestos a prestar su apoyo político a cambio. No obstante, aquí muestro cómo algunos punteros suelen perseguir bienes y servicios públicos e, incluso, liderar protestas sociales en demanda por ellos. Sugiero que esto se debe a una característica común a la mayoría de los punteros, por ello argumento que casos como los analizados serían más frecuentes de lo que se cree. Adicionalmente, analizo cómo influye la relación que mantienen los punteros con las fuerzas que gobiernan los distintos niveles de gobierno (local, provincial y nacional) tanto en las estrategias que implementan los primeros como en sus posibilidades de éxito a la hora de proveer bienes y servicios públicos en asentamientos informales.
Mónica ITURBURÚ (UNICEN-UNSAM)
Creencias, conocimiento y decisión política: la gestión del riesgo de inundaciones en Azul y Olavarría (1980-2015)
Desde fines del siglo XIX existe evidencia científica de que las inundaciones en la provincia de Buenos Aires no responden a fenómenos extraordinarios sino que integran un ciclo recurrente de inundaciones y sequías. En el último medio siglo, fue particularmente traumática la “gran inundación” de 1980, cuyos efectos fueron devastadores en Olavarría y Azul, dos localidades contiguas situadas en la cuenca del Río Salado: hubo muertos y cuantiosas pérdidas materiales, en un entorno de caos y ausencia estatal. Ya reinstaurado el gobierno democrático, la inundación en 1985 marcó un punto de inflexión en la gestión del riesgo de inundaciones que asumió la Municipalidad de Olavarría. La “estrategia proactiva” que desarrolló durante las siguientes tres décadas hizo posible que el casco urbano no volviera a inundarse. En cambio, la “estrategia adaptativa” asumida por la Municipalidad de Azul, si bien amortiguó los efectos, no eximió a la ciudad de sufrir otras doce inundaciones, a pesar de haberse conformado en su territorio un instituto universitario especializado en hidrología de llanuras de alto nivel académico. Las coincidencias entre Azul y Olavarría no se limitan al riesgo de inundaciones. Ambas están reguladas por idéntico régimen municipal. Al momento del retorno a la democracia (1983), sus intendentes pertenecían a la Unión Cívica Radical, el mismo partido político que estaba al frente del gobierno provincial y del nacional; por entonces estaba permitida la reelección indefinida y los intendentes de los dos partidos la buscaron en 1987. Ambas ciudades son de tamaño intermedio, ocupan vastos territorios y sus densidades poblacionales son similares, además de compartir otros indicadores demográficos, sanitarios y educativos. Podría especularse que, sin distinción, sus residentes tenían similares expectativas respecto del rol del Estado en la prevención de futuras inundaciones; ambos gobiernos también compartían la carencia de equipos técnicos especializados en la GRI. De allí la relevancia de explicar la implementación de diferentes estrategias de gestión del riesgo de inundaciones (GRI) en dos gobiernos locales contiguos sometidos a condiciones similares y al mismo riesgo externo. Para su abordaje se utiliza el Marco de las Coaliciones Promotoras, el cual sostiene que las creencias guían los comportamientos de los actores y asume que un cambio en la política pública solo puede provenir de una modificación en las creencias, razón por la cual juegan un rol trascendente la información científica y técnica y sus detentores. Por ello, el origen de una nueva creencia y, por el ende, el cambio de una política pública podría hallarse en la vinculación entre el saber técnico y el saber político. La hipótesis de este trabajo es que el surgimiento de una nueva política pública en áreas demandantes de conocimiento experto, como la GRI, está condicionada a la congruencia/divergencia de las creencias fundamentales de decisores políticos y técnicos innovadores en lo atinente al rol del gobierno local. En lo relativo a la GRI, la congruencia generaría estrategias proactivas con el propósito de modificar el sistema hídrico y prevenir futuras inundaciones (caso Olavarría), en tanto la divergencia conduciría a estrategias adaptativas con la finalidad de evitar la culpa y reducir la queja ciudadana (caso Azul).
